Yesid Martínez Rodríguez y Juan Sebastián Virgüez Triana, presuntos asesinos del empresario Alberto Ortega García a las afueras de un gimnasio en Bogotá el pasado 24 de julio, fueron enviados a prisión por un juez de control de garantías de Bogotá.
Los hombres, capturados el pasado 3 de agosto cuando transitaban por los barrios Tres Reyes y El Ensueño de la localidad de Ciudad Bolívar, fueron señalados de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, ambos agravados, cargos que no aceptaron.
Esto, sumado a “la contundencia de los elementos presentados por la Fiscalía en las audiencias concertadas”, fueron suficientes para que el juez les impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los hombres, presuntamente, ultimaron Ortega García mientras salía de un gimnasio en un exclusivo sector de la ciudad. El 24 de julio, el hombre salió de la sede del Bodytech del barrio La Cabrera, en Chapinero, cuando dos hombres, que estaban a las afueras del lugar en una moto, le propinaron tres impactos de bala que acabaron con su vida al instante.
“Análisis de videos de cámaras de seguridad del sector, testimonios, seguimientos, inspección a procesos e interceptaciones de líneas telefónicas, entre otras labores de Policía Judicial, fueron fundamentales para dar con su captura”, indicó la Fiscalía en un comunicado.
¿Quién era la víctima?
Ortega era un reconocido empresario de 56 años que se dedicaba a la venta de vehículos de alta gama. Además, era socio de un negocio de helados que tenía sedes en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué y Cartagena, así como en Panamá.
Pese a ser un reconocido empresario, Alberto Ortega no tenía ningún bien a su nombre en el país, algo que despertó sospecha entre las autoridades, que también están tratando de establecer el vínculo que tenía con una empresa dedicada al comercio de computadores, programas de informática y equipos de telecomunicaciones.
Por estos negocios, al parecer, el hombre vivía entre Bogotá y Medellín, ciudad donde tenía varias multas de tránsito a su nombre.
La víctima, así mismo, tenía líos con la justicia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó en sus redes sociales que el empresario tenía anotaciones judiciales que fueron registradas en 2017 por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión.
“(...) Si tenía asuntos penales pendientes, debía ser sometido a la justicia, ¡no a sicarios!” (sic), se lee en parte de un mensaje publicado por López en su cuenta de Twitter en ese momento.
