Se sigue alargando la lista de funcionarios públicos investigados por presunta participación en política en medio de la actual contienda electoral. Esta vez, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, por supuestamente haber intervenido en actividades políticas durante la campaña presidencial de 2026.
El Ministerio Público advierte que Amaya, al parecer, habría usado la investidura de su cargo, recursos públicos, actividades institucionales y hasta los canales oficiales de comunicación de la Gobernación de Boyacá para influir, directa o indirectamente, en el desarrollo de la campaña.
Con la apertura formal del proceso, el órgano de control ordenó notificar al mandatario departamental y avanzar en la práctica de pruebas para establecer si hubo faltas disciplinarias.
Además, la Procuraduría ordenó incorporar los antecedentes disciplinarios del gobernador y pidió revisar si existen actuaciones por los mismos hechos o, de ser así, suspenderlas y remitirlas al ente de control.
La apertura de la investigación se dio con base en una queja presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas, que advirtió una posible intervención indebida del gobernador de Boyacá.
Pablo Bustos, de esa veeduría ciudadana, celebró la decisión y aseguró que el caso podría convertirse en un precedente clave en medio del actual proceso.
“Se trata de un hecho sin precedentes para la depuración del certamen electoral en Boyacá, donde se recogerán abundantes evidencias que darían cuenta de esa presunta falta disciplinaria gravísima, que podría dar con la destitución o, cuando menos, con la suspensión del gobernador Carlos Amaya”, manifestó Bustos a través de su cuenta de X.
Por esos mismos hechos, esta misma semana la Procuraduría dio a conocer la apertura de investigación disciplinaria contra siete embajadores y representantes diplomáticos nombrados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
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“Procede este Despacho a ordenar la apertura de investigación disciplinaria por presunta participación indebida en política”, señala el documento conocido por este medio.
Los investigados son Luis Ernesto Vargas Silva, embajador y representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA); Milton Rengifo Hernández, embajador en Venezuela; José Roberto Acosta Ramos, embajador en Argentina; Luis Fernando Medina, representante ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Jhenifer Mojica, embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); Daniel Prado Albarracín, embajador en Bélgica, y Elizabeth García Carrillo, embajadora en Bolivia.
Todos fueron designados por la administración de Petro y varios de ellos han mantenido cercanía política con el proyecto político del actual Gobierno.
A ese grupo de investigados se suman otros ocho funcionarios del Gobierno investigados o suspendidos por participar en política. Se trata de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez; el embajador en Brasil, Alfredo Saade; el exdirector de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo y los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino; del Interior, Armando Benedetti, y de Transporte, María Fernanda Rojas.
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