De Iván Cepeda, candidato presidencial, el país ha estado atento a sus posturas frente a lo que ocurre en el gobierno de Gustavo Petro, y con justa razón, es el aspirante que, de llegar a la Casa de Nariño, daría continuidad a las políticas actuales, con todas sus formas.
Sin embargo, en medio de ese panorama, distintos hechos de corrupción, unos más graves que otros, han marcado el desarrollo del primer gobierno de izquierda en Colombia, y la postura de Cepeda ha sido, en general, más de silencio que de rechazo.
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De hecho, el candidato ha evitado participar en algunos debates presidenciales, en parte para no tener que responder directamente por cuestionamientos relacionados con hechos irregulares que han salpicado a esta administración.
En ese contexto, Cepeda finalmente se refirió al tema en un acto público organizado por su campaña, únicos a los que asiste. Allí, reconoció que sí han ocurrido hechos de corrupción.
“También hay que reconocerlo, se han presentado hechos de corrupción en este gobierno que vamos a erradicar en nuestro segundo gobierno”, dijo.
Admitió la existencia de irregularidades, pero al mismo tiempo mantuvo la defensa del modelo de gobierno impulsado por el presidente Gustavo Petro.
“En estas elecciones presidenciales, el pueblo colombiano está ante dos caminos que conducen a lugares y situaciones muy distintos cada uno. El primer camino es el de la extrema derecha que dirige Álvaro Uribe y que representa un pasado de pobreza, violencia y corrupción para Colombia. El otro camino que no ha sido perfecto, representa el pacto histórico, la alianza por la vida y mi candidatura presidencial; es el camino que conduce al cambio social, a la igualdad, a la prosperidad, a la democracia y al futuro que se merece el pueblo colombiano”, añadió.
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Los escándalos que han marcado el gobierno Petro
Las declaraciones del candidato se producen en un momento en el que el gobierno enfrenta varias controversias que han salpicado a diferentes niveles de la administración pública.
Algunos duraron semanas; otros, años. Unos arrancaron como chisme de pasillo y terminaron en estrados; otros nacieron directamente de la Fiscalía, Contraloría o Procuraduría. Eso sí, todos se volvieron parte de la conversación pública.
Uno de los casos más graves es el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que organismos de control investigan un presunto entramado de corrupción relacionado con la compra de carrotanques para La Guajira y el manejo de contratos. Plata usada para aceitar apoyos en el Congreso de la República. Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, entonces ministros, hoy están en la cárcel por estos hechos. Agua no hubo; poder, sí.
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Otro escándalo es el de las presuntas ‘chuzadas’ de Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete presidencial. Comenzaron con un maletín extraviado y terminaron con policías condenados por interceptaciones ilegales, dejando claro que en Palacio los asuntos privados podían escalar rápido a problema institucional. La escena del polígrafo a la niñera —presentada como voluntaria— terminó de cruzar la línea entre intimidad y Estado, y quedó conectada, inevitablemente, con el escándalo de las interceptaciones.
Otro frente de cuestionamientos ha sido el proceso de contratación de pasaportes, donde se han presentado tensiones institucionales y dudas sobre la capacidad del Estado para garantizar la continuidad del servicio.
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A esto se suman las denuncias por presuntas filtraciones de información de inteligencia relacionadas con las disidencias de las Farc. Investigaciones revelaron chats y archivos incautados a alias ‘Calarcá’, que apuntaron a contactos con el general Juan Miguel Huertas, alto mando del Ejército, y con Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección de Inteligencia.
En los mensajes se habla de reuniones, favores e información reservada. Ese material llevaba meses en poder de la Fiscalía sin que se hiciera mucho. El presidente lo negó todo.
En el ámbito político también hay investigaciones por la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. El Consejo Nacional Electoral emitió un fallo sin precedentes: la campaña de Petro hizo trampa para ganar.
Según el CNE, el equipo de “Petro Presidente” se pasó de los topes de gasto, ocultó miles de millones en cuentas y recibió dinero de fuentes prohibidas como sindicatos. El mensaje es incómodo, pero contundente: el primer gobierno de izquierda también rompió las reglas, el primer gobierno de izquierda no jugó limpio.
En ese contexto, aunque el senador insiste en la necesidad de “erradicar” estas prácticas en un eventual segundo gobierno, su intervención evita señalar responsables concretos dentro de la actual administración.
En desarrollo...
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