La captura de Walter Francisco Martínez Martínez destapó uno de los expedientes más delicados de los últimos años en materia de contrabando y lavado de activos en Colombia, y que involucra a la marca de ropa interior y otros productos LiliPink.
La Fiscalía lo señala como pieza clave de una estructura que, presuntamente, utilizó empresas fachada, testaferros y complejas maniobras financieras para mover mercancía desde China y Panamá hacia Colombia, mientras ocultaba a los verdaderos beneficiarios del dinero.
Según lo expuesto por la Fiscalía durante las audiencias de legalización e imputación de cargos contra Martínez, la organización habría operado durante más de 13 años y estaría relacionada con las tiendas Lili Pink - Fast Moda S.A.S., cuya expansión comercial —más de 400 tiendas desde 2014— es considerada por los investigadores “como parte de una estructura diseñada para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito”.
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La Fiscalía sostiene que Martínez Martínez figuraba como representante legal de al menos siete empresas consideradas “de papel”, creadas presuntamente para importar mercancía, mover dinero y asumir riesgos jurídicos dentro del esquema. Una de las sociedades mencionadas durante las audiencias fue Modamundo.
De acuerdo con la investigación, estas compañías servían para ingresar mercancía al país mediante operaciones sospechosas de subfacturación y movimientos aduaneros irregulares.
Posteriormente, los productos terminaban siendo comercializados en canales formales, principalmente en tiendas asociadas a la marca Lili Pink.
La hipótesis del ente acusador es que la comercialización masiva permitía convertir dinero de origen ilícito en ingresos aparentemente legales.
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Cómo operaría el modelo
La estructura, según la Fiscalía, funcionaba en varias etapas. La primera de ellas era la creación de supuestas sociedades fachada. “Las empresas eran constituidas con accionistas de bajo perfil o presuntos testaferros”, ha dicho el ente acusador en las audiencias.
En algunos casos, las autoridades detectaron personas sin capacidad económica visible figurando como socios mayoritarios. Semana reveló, por ejemplo, que incluso un conductor aparecía como socio de compañías vinculadas al caso.
Las sociedades realizaban operaciones de comercio exterior desde China y Panamá. La Fiscalía habla de cerca de 1.900 declaraciones de importación y exportación bajo revisión.
Según la Fiscalía, la organización habría utilizado una red de importadoras, comercializadoras y sociedades ficticias para ingresar: prendas de vestir, juguetes, cosméticos, y otros productos de consumo masivo.
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Movimiento internacional del dinero
Las utilidades obtenidas eran transferidas al exterior mediante movimientos financieros complejos, pagos entre compañías y operaciones internacionales que, según la investigación, buscaban ocultar el origen real de los recursos.
Uno de los mecanismos más relevantes detectados por las autoridades fue la constante creación y liquidación de sociedades. La Fiscalía asegura que las empresas eran cerradas dejando atrás obligaciones tributarias y aduaneras, mientras nuevas sociedades continuaban la operación comercial. Los activos y cuentas por cobrar sobrevivían, pero las deudas quedaban en compañías que desaparecían jurídicamente.
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730.000 millones bajo sospecha
Entre los hallazgos revelados por la Fiscalía, el ente investigador aseguró que la estructura habría permitido: un supuesto lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones de pesos, posible contrabando por más de 75.000 millones de pesos, y decomisos de mercancía avaluados en más de 54.000 millones de pesos.
Además, las autoridades informaron que fueron afectados: 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos, y una sociedad, como parte de las medidas cautelares adelantadas en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos.
Durante las audiencias, la fiscal del caso aseguró que los verdaderos beneficiarios del dinero no aparecían formalmente dentro de las estructuras empresariales.
“Los verdaderos dueños se habrían ocultado”, afirmó la funcionaria judicial. La investigación apunta a que presuntamente se utilizaron “chivos expiatorios” para figurar como representantes legales, socios o accionistas, mientras el control real del negocio permanecía oculto.
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Alertas de la DIAN desde 2017
La DIAN habría detectado desde 2017 supuestas operaciones financieras atípicas relacionadas con empresas vinculadas al caso, entre ellas: movimientos internacionales inusuales, estructuras empresariales sin respaldo económico claro, y patrones repetitivos de creación y cierre de sociedades.
En las audiencias también se mencionaron posibles nombres de funcionarios públicos relacionados con devoluciones de dinero, aunque hasta ahora la Fiscalía no ha confirmado procesos formales en su contra.
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La defensa de Lili Pink
Tras los operativos y allanamientos realizados por la Fiscalía, Lili Pink-Fast Moda S.A.S. emitió un nuevo comunicado rechazando las acusaciones y asegurando que no existe una decisión judicial definitiva que confirme los señalamientos del ente investigador.
La empresa sostuvo que: “No existe una declaratoria judicial que lo confirme”. Asimismo, señaló que actualmente ejerce su derecho a la defensa y que los hallazgos presentados por la Fiscalía corresponden a: “una controversia jurídica en curso”.
La compañía también afirmó que todas las mercancías comercializadas cuentan con: declaraciones de importación, pagos debidamente soportados, y documentación legal.
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En el comunicado, Lili Pink aseguró además que existen inconsistencias entre las cifras difundidas públicamente y los valores reales de las actuaciones administrativas.
“Lili Pink advierte, además, inconsistencias entre las cifras difundidas públicamente y los valores reales de las actuaciones administrativas, lo cual deberá ser esclarecido en sede judicial”, indicó la empresa.
La defensa de la compañía quedó en manos del abogado Iván Cancino, quien confirmó que actualmente existen procesos en etapa de investigación tanto en materia penal como de extinción de dominio, pero aclaró que todavía no existe una decisión judicial en firme que establezca responsabilidades.
La captura de Walter Francisco Martínez Martínez se produjo el 26 de abril en Barranquilla, tras varios allanamientos. El ente acusador solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad argumentando: riesgo de fuga, posible obstrucción a la justicia, y el papel central del capturado dentro del supuesto entramado financiero.
La Fiscalía aseguró que supuestamente algunos presuntos responsables ya habrían salido del país y advirtió que Martínez tendría capacidad para alterar pruebas, influir sobre testigos o intervenir registros societarios si recupera la libertad.
El procesado enfrenta cargos por: concierto para delinquir, lavado de activos, contrabando, y enriquecimiento ilícito. No aceptó los cargos imputados.
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La audiencia de medida de aseguramiento continuará el próximo 11 de mayo, mientras avanzan las investigaciones y los procesos de extinción de dominio sobre bienes vinculados al caso.
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