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CIDH insiste en que se autorice ingreso de sus delegados de verificación a Colombia
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La actuación de la fuerza pública durante las protestas es uno de los principales focos de preocupación de la CIDH según lo expresó en su comunicado. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
26 de mayo de 2021
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Aunque el Gobierno colombiano se ha negado a permitir que delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, realicen una visita al país para observar el respeto a los derechos humanos en el marco de las protestas, este organismo internacional insistió en que se permita la llegada de sus enviados como una forma de honrar la tradición de este país con los compromisos internacionales en materia de DH.
En este sentido, rechazó la respuesta negativa de la Canciller, Marta Lucía Ramírez, quien se encuentra de gira por Estados Unidos buscando difundir la versión del gobierno de Iván Duque sobre lo acontecido en las actuales marchas de protesta, que iniciaron el pasado 28 de abril y se mantienen hasta este miércoles 26 en todo el país sin interrupción.
La Vicepresidenta y Canciller Ramírez pidió que el ingreso de la misión se posponga hasta el próximo 29 de junio.
El organismo internacional defensor de los derechos humanos no solo pidió que Colombia reconsidere su posición de impedir el ingreso de sus enviados, sino que emitió un extenso comunicado en el cual hace una reseña de los hechos que conoce dicha organización sobre lo acontecido en el país durante el paro y las protestas y condena las que considera violaciones a los derechos humanos en el contexto nacional.
“La Comisión resalta que en al menos 1.038 manifestaciones se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza. Estos hechos se han registrado, especialmente, en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo, y han tenido afectaciones a particulares en los pueblos indígenas, las mujeres y las personas afrodescendientes”, expuso la CIDH.
También expresó su extrema preocupación porque de las 41 víctimas mortales que se han dado durante el paro, según la Fiscalía General de la Nación, 17 se produjeron en medio de las protestas; al tiempo que destaca que las organizaciones sociales han documentado 51 casos, diez más que la misma Fiscalía colombiana. La CIDH llama la atención sobre casos como los de Lucas Villa, joven asesinado en Pereira; Sebastián Quintero, en Popayán; y John Erik Larrahondo, en Cali.
Sobre las personas reportadas como desaparecidas, la Comisión señala como “extremadamente grave” haber recibido 132 denuncias sobre este tema y resaltó que la Fiscalía General de la Nación mantiene activado el mecanismo de búsqueda urgente.
“Resulta alarmante que con el correr de los días estas personas continúan desaparecidas, máxime cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres, el 14 de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño”, indicó la CIDH.
La Comisión reporta que hay al menos 87 denuncias de violencia sexual “ocurridas presuntamente por miembros de la fuerza pública” y resalta el caso de la menor que habría sido agredida por seis agentes policiales en la ciudad de Popayán y quien posteriormente se suicidó.
“Igualmente, la CIDH condena el hecho de violencia sexual que habría sufrido una agente de la fuerza pública dentro de una estación de policía vandalizada en la ciudad de Cali el 29 de abril”.
Sobre el reporte de 939 personas lesionadas durante las manifestaciones, indicó que 33 sufren lesiones oculares y “de acuerdo a lo informado, se estarían utilizando armamentos antidisturbios por parte de la Policía que generan impactos indiscriminados en contra de las protestas mayoritariamente pacíficas, como es el caso del lanzacohetes Venom”.
También calificó de “extremadamente grave” la participación de civiles armados en contra de las protestas, los cuales protagonizaron disparos con armas de fuego contra de la Minga Indígena el 9 de mayo.
Pero también expresó rechazo a la muerte de dos policías en medio del Paro Nacional, así como a los 966 uniformados heridos y el lanzamiento de una bomba incendiaria contra dos agentes por parte de manifestantes.
La CIDH fue clara también en su apreciación sobre la estigmatización de la protesta social: “La Comisión Interamericana recuerda que el derecho de reunión reviste gran importancia para el funcionamiento de la democracia y resalta que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones indiscriminadas”, aclaró.
En este sentido, expuso que la dispersión de concentraciones de protesta debe hacerse en casos excepcionales, con autorización expresa, y solo cuando haya un riesgo grave para la vida o la integridad de las personas.
“Por último, la CIDH reitera la importancia de realizar una visita de trabajo para contar con todos los elementos que le permitan valorar la situación de derechos humanos de manera objetiva con el fin de formular recomendaciones al Estado”, dijo.
La CIDH también condenó que en el marco de las protestas se presenten ataques a ambulancias, misiones médicas y se impida el traslado de pacientes.
“La CIDH deplora el fallecimiento de una bebé intubada como consecuencia de que no pudo ser trasladada el 23 de mayo en Buenaventura. En ese sentido, la Comisión llama al Estado a concertar con los manifestantes la creación de corredores que garanticen el ejercicio simultáneo de derechos involucrados. Particularmente, el acceso a alimentos, las garantías del derecho a la salud, así como el aprovisionamiento y despliegue de personal e insumos médicos”.
Y pidió que ante cualquier denuncia de posible desaparición “se debe activar una investigación inmediata, seria, y sin dilaciones”.
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