El Auto conocido por EL COLOMBIANO en primicia explica que la Comisión de Investigación y Acusación abrió investigación previa por una denuncia en la que Abelardo de la Espriella acusa al presidente Gustavo Petro de haber incurrido en el presunto delito de ‘abuso de función pública en calidad de determinador’, señalándolo de intervenir indebidamente en actuaciones relacionadas con el caso de los pasaportes. La denuncia fue radicada el 8 de julio de 2025 y ampliada el 2 de octubre de este año.
Hay que tener en cuenta que el documento enfatiza que las diligencias ordenadas se enmarcan en “el carácter estrictamente verificatorio y preparatorio” y no implican “violación de derechos fundamentales” ni una “imputación formal alguna”. Es decir, el Auto menciona que solo busca “establecer si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal”.
En el escrito y en su ampliación, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella solicitó verificaciones sobre actuaciones en el denominado “caso pasaportes”, relacionadas con el trámite contractual, intervenciones en Cancillería, documentos de la Imprenta Nacional, registros de la Procuraduría y publicaciones en redes sociales de Alfredo Saade sobre el tema. La Comisión determinó que estos elementos habilitan la apertura de una investigación previa con fines estrictamente verificatorios.
Los representantes a cargo del proceso son los representantes a la Cámara Carlos Alberto Cuenca Chaux (Cambio Radical) —quien firma el Auto de Trámite como coordinador—, Jorge Rodrigo Tovar Vélez (Paz es Vida) y Daniel Restrepo Carmona (Partido Conservador).
El documento señala a Alfredo Saade como eje de varias de las pruebas decretadas, debido a que su nombre aparece en actuaciones disciplinarias y en material que la Comisión busca verificar. Además, Saade figura en expedientes de la Procuraduría y la Fiscalía relacionados con el modelo de contratación del servicio de pasaportes, así como en registros audiovisuales y publicaciones que la Comisión ordenó autenticar.
Además, el Auto dispone que el CTI adscrito a la Comisión realice, en un plazo de veinte días, una inspección administrativa en la Procuraduría para ubicar el expediente disciplinario del caso de los pasaportes, levantar actas, individualizar piezas procesales, tomar copias y documentar cadena de custodia. Esa documentación debe incluir las decisiones de suspensión y revocatoria relacionadas con Saade, así como los fundamentos de cada actuación.
La Comisión ordena además la autenticación técnica de publicaciones de la cuenta verificada de Saade en la red social X, el registro audiovisual del 29 de julio de 2025 y la entrevista del 20 de agosto en DNEWS. Al medio se le solicitará copia íntegra y certificada de la entrevista, y a la Presidencia de la República se le pide indicar si existe alguna directriz o instrucción formal que involucre al ciudadano en gestiones sobre el contrato de pasaportes.
También se oficia a la Fiscalía General para que informe el estado del proceso penal que vincula a Saade con el convenio de pasaportes entre la Imprenta Nacional de Colombia y el Gobierno de Portugal. De igual forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional deberán aclarar si existe un convenio o contrato vigente para expedición de pasaportes con ese país y remitir copia del documento y sus antecedentes administrativos.
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