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Gobierno Petro estaría buscando tumbar la adjudicación del contrato de pasaportes a Thomas Greg

Presidencia estaría buscando dejar sin efectos la decisión del secretario general de la Cancillería, que Petro calificó como “traición”. Salazar se defendió y explicó por qué actuó conforme a la Ley.

  • El contrato para la impresión de pasaportes y sellos de visa quedó en manos de la multinacional Thomas Greg. FOTO: Colprensa
    El contrato para la impresión de pasaportes y sellos de visa quedó en manos de la multinacional Thomas Greg. FOTO: Colprensa
26 de febrero de 2024
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El contrato para la impresión de pasaportes y sellos de visa lo adjudicaron a espaldas del presidente Gustavo Petro y contra su voluntad, pues terminó en manos de la polémica multinacional Thomas Greg and Sons que él tanto ha criticado y que, además, tiene una demanda activa contra la nación por 117.000 millones de pesos.

En efecto, EL COLOMBIANO pudo corroborar en diálogo con el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, que ni él ni ninguno de sus subalternos le consultó al canciller (e), Luis Gilberto Murillo, sobre la decisión que le dio un giro total a ese millonario contrato que está en la lupa desde hace más de medio año.

En contexto: Cancillería suspende nuevamente apertura de licitación de pasaportes

La respuesta de Salazar, que fue quien terminó por firmar la adjudicación a TGS, fue sencilla: que “la Constitución y la Ley están por encima del presidente” y que en las condiciones actuales no estaba obligado a consultarle a nadie porque, según los papeles, él era el ordenador de gasto en ese contrato puntual.

Y es cierto. Si de verdad el Gobierno terminó “traicionado” como dijo el presidente a través de X, fueron ellos mismos quienes “se clavaron el puñal” apenas hace tres días.

Quienes le han hecho un seguimiento juicioso a este contrato recordarán que justo el viernes pasado, el recién nombrado canciller (e) firmó una resolución con el que suspendió la nueva licitación y nombró como encargado de todo ese proceso al secretario general, Antonio Salazar.

“Reasignar la competencia para dirigir el proceso licitatorio sobre pasaportes, así como los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y en general, todos los actos relacionados con el mismo, a la Secretaría General”, ordenó ese documento que firmó Murillo.

Así las cosas, Salazar estaba en plena competencia para cerrar la otra licitación, anular la decisión de declarar desierta la licitación pasada y adjudicarla a Thomas en vista de que fue la única empresa que llegó hasta el final y obtuvo la mayoría de los puntos.

La enemistad con TGS

Eso, sin embargo, no lo habían hecho ni el entonces canciller Álvaro Leyva –quien estuvo al frente de la licitación y fue suspendido por presuntas irregularidades en ese proceso– ni el canciller (e) Luis Gilberto Murillo porque existe una genuina creencia de Petro y sus alfiles cercanos de que TGS no debía llevarse la jugosa licitación por 599.000 millones de pesos.

Para empezar, los líos con Thomas Greg se empezaron a hacer cada vez más visibles cuando todas las otras compañías que estaban compitiendo en la primera licitación comenzaron a denunciar presuntos favorecimientos que le dejaron a TGS una “licitación de bolsillo” en la que era el único que podía ganar con dichas condiciones.

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Pese a que Leyva escuchó de primera mano esas críticas desde principios de 2023, tal como supo este diario en ese momento, solo decidió tomar decisiones hasta el 13 de septiembre de ese año, fecha en que declaró la licitación “desierta” y emitió una emergencia manifiesta bajo la que contrató a Thomas un año más para evitar el desabastecimiento de pasaportes mientras se surtía la nueva licitación.

Esas demoras que terminaron afectando a Thomas y todos los demás competidores no solo le costaron el cargo a Leyva, quien fue suspendido durante tres meses por la Procuraduría General de la Nación, sino que generaron una millonaria demanda de 117.000 millones de pesos de TGS contra la Nación.

Con eso en mente, Leyva se atrevió a decir que no le importaban esos procesos administrativos porque demandas de ese tipo solían tardarse unos 10 años en Colombia y que él, que tiene 81 años de edad, seguramente ya no estaría vivo para ver las consecuencias.

Fue así como, con esa frescura de Leyva y del Gobierno, la demanda siguió prosperando mientras la Cancillería abrió el pasado 29 de enero la nueva licitación en la que publicó un pliego de condiciones casi idéntico al primero, que concluyeron en la cartera por presuntos líos de corrupción.

“No tiene sentido, entonces, que la Cancillería declare un proceso desierto por amaños a favor de Thomas y que luego publique otro pliego que los sigue beneficiando a ellos”, había dicho una fuente cercana al proceso.

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Ese nuevo trámite, entonces, se suspendió este viernes con unas intenciones que reveló este diario el pasado domingo. Según altas fuentes de la Cancillería y de la licitación, el Gobierno estaba buscando los argumentos para asignarle ese contrato a la Imprenta Nacional, una entidad muy inexperta en ese tema que, a su vez, subcontrataría a la compañía mexicana Accesos Holográficos para que ejecutara la labor.

Lo cierto es que, con estos movimientos de Salazar, la Presidencia se quedó “maniatada” y sin muchas vías jurídicas para volverle a quitar a Thomas el contrato. Tal como aseguró el exsecretario general sobre si la determinación tenía reversa o no, “esas decisiones son de cumplimiento inmediato, desde el momento mismo que fueron expedidas y están vigentes. No hay forma de revocarlas porque se generan unos derechos que no pueden ser conculcados”.

Y, aunque decida tumbar esa adjudicación, el Gobierno le estaría dando un argumento más a Thomas Greg para ganar la millonaria demanda contra el Estado, pues no solo tendría un “daño y perjuicio” más para reportar, sino que alegaría que el funcionario les adjudicó el contrato porque hizo lo que exige la Ley.

Por ahora, y en una medida desesperada del Ejecutivo, el canciller (e) Luis Gilberto Murillo nombró en la noche de este lunes a su alfil Paola Andrea Vásquez como nueva secretaria general, un movimiento con el que Petro y sus ministros buscan blindar la Cancillería de nuevas “traiciones” que vayan en contra de sus intereses.

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