Luego de conocidos nuevos detalles sobre la posible relación de una supuesta red de prostitución dentro de la Policía Nacional con personas cercanas al Congreso, continúa la incertidumbre sobre qué tanto ha salpicado a congresistas dicho escándalo.
Las dudas continúan creciendo cuando este jueves el expresidente del Congreso en 2008 Hernán Andrade, admitió la denuncia por parte del general Óscar Naranjo, director de la Policía en su momento, en la que le informaba el retiro de los escoltas de un congresista porque al parecer eran acosados.
Andrade aseguró que “con sus abogados espera decidir si pone en conocimiento dicha información ante las autoridades, debido a que las denuncias se recibieron hace casi ocho años, además en su momento no tenía las pruebas suficientes para denunciar”.
Para el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Deluque, “la existencia de la Comunidad del Anillo y su posible relación con congresistas en algún momento, debe aclararse frente a las autoridades específicas y luego ante la opinión pública. Los hechos sucedieron cerca del 2008, entonces es muy difícil tener claridad sobre acosos o alguna sospecha, sin embargo luego de la debida investigación se debe aclarar para mejorar la reputación de la Policía”.
A su vez, el senador de Cambio Radical, Germán Varón, aseguró que “las informaciones que están saliendo no solo toman por sorpresa a muchos congresistas como es mi caso, sino que además me parece muy grave. Sin embargo, las personas que tienen conocimiento tienen la obligación de poner ante los entes de control a los que les compete las investigaciones”.
El senador Iván Cépeda opinó que “cualquier tipo de acusación y declaración frente al tema es muy grave, si alguna persona tiene información sobre la llamada “comunidad del anillo” debe aclarar las investigaciones de las entidades respectivas, con el fin de brindar las garantías a las personas que están acusadas de relacionarse con este escándalo”.
Para la senadora Liberal Sofía Gaviria, “cualquier funcionario público tiene la obligación de denunciar cuando se entera de cualquier hecho delictivo. Sin embargo, a mi no me compete hacer el ejercicio de los entes de control, quienes son los que deben determinar la verdad y los implicados en estos hechos tan dramáticos”.
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