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Muy agitada judicial y políticamente estuvo la semana que termina por las noticias de la liberación y posterior recaptura del exguerrillero Jesús Santrich y la renuncia del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, como una consecuencia directa de la decisión de la JEP que impidió su extradición.
Después de la tormenta desatada en la mañana del miércoles por la decisión de la JEP, desde diferentes sectores surgieron todo tipo de voces ofreciendo alternativas para solucionar una crisis que para otros no existe y que sólo responde a una clara reacción política para mantener viva la polémica entre los amigos y los enemigos del proceso de paz.
Desde las filas del Centro Democrático se impulsó la idea de que la salida era convocar una asamblea nacional constituyente que de entrada cerrara la puerta a que narcotraficantes se favorezcan con los beneficios del proceso de paz para frenar su extradición. Según esta tesis, esta era la forma para lograr los cambios que requiere toda la justicia en el país.
En el menú de soluciones igualmente aparecieron la reforma constitucional a la justicia, un decreto de conmoción interior, una ley aclaratoria sobre el alcance de la extradición en la JEP y el acuerdo político, que lo planteó el propio presidente Iván Duque Márquez.
Todas estas opciones tienen puntos a favor y en contra, y aunque varias de ellas fueron rechazadas por el propio gobierno nacional, sus promotores persisten en impulsarlas.
La primera que se rechazó casi de tajo fue la asamblea nacional constituyente. Fue la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien descartó la convocatoria de la misma. “El Gobierno no ha pensado en el escenario de la constituyente. Tenemos suficiente institucionalidad e instrumentos que permiten salir adelante de este momento difícil pero no es la crisis que se está planteando. Aquí las institucionales tienen solidez. Tenemos salidas dentro de la institucionalidad”.
Para los expertos, una constituyente en estos momentos no sería viable políticamente y su propósito no sería claro.
“Cuando el entonces presidente César Gaviria Trujillo tramitó y convocó la constituyente del 91 el país vivía una situación peor y las condiciones lo ameritaban. Hoy el caso de la extradición de Jesús Santrich no es una situación tan extrema que se debe llevar a pensar en convocar la misma”, afirma el analista Fernando Sanín.
El analista y columnista John Mario González, por su parte, coincide en que pensar en una constituyente es “casi demencial, es buscar la fiebre bajo las sabanas. Las fuerzas políticas están divididas y fragmentadas”. Para González es claro que el uribismo movió esta idea para mantener su figuración política. Advierte además que se pide la misma sin tener claro su propósito y alcance.
Otra propuesta que aparentemente no pasó de ser un rumor fue que el presidente de la República decretara la conmoción interior, una figura constitucional que se puede plantear en momentos de grave perturbación del orden público, en los que esté en riesgo la estabilidad institucional, entre otras razones.
En tal sentido, el artículo 213 de la Carta Política dice: En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República”.
Esta declaración, según la misma Constitución, le da al Gobierno facultades extraordinarias para enfrentar la situación, una de las cuales, según las versiones que corrían, sería decretar por vía administrativa la extradición de Santrich.
El analista González sostiene que el presidente Duque actuó bien en no usar la figura, porque eso llevaría a un desborde jurídico, y más si se hubieran utilizado para extraditar a Santrich, lo cual había impedido expresamente la decisión de la JEP.
La vicepresidente Marta Lucía Ramírez, también salió al paso de esos rumores y descartó el uso de la conmoción. “Una de las cosas impactantes de este momento crítico de Colombia, es la irresponsabilidad de quienes salen a hacer afirmaciones sin fundamento. Gobierno Duque descarta conmoción interior con ocasión de renuncia del fiscal, ni mucho menos que esa propuesta venga de la Vicepresidencia de la República”.
Incluso Ramírez es de la idea que “la crisis de hoy es la consecuencia del entramado que en 2012- 2018 nos montaron por cuenta del acuerdo con Farc. Hoy es el momento de unir a Colombia contra narcotráfico y por el desarrollo, porque somos más colombianos que nunca”.
Tramitar una enmienda constitucional con la reforma a la justicia o para hacer cambios al acuerdo de paz, podría ser una salida, pero en concepto de los analistas González y Sanín, no es fácil con el actual Congreso de la República tramitar una reforma a la arquitectura con la cual se blindaron los acuerdos a los que se llegó para que las Farc se desmovilizaran.
De presentarse un acto legislativo en ese sentido, el mismo deberá llevar al menos un año de discusión en el Congreso, en donde se tendría que votar en ocho oportunidades. Los acuerdos de paz, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se logró tramitarlos bajo la figura del fast trac o trámite legislativo especial, que recortó los términos de tiempo en el estudio y votación de los cambios constitucionales.
La ley interpretativa o complementaria, como se ha propuesto desde las filas del liberalismo para aclarar en la ley estatutaria de la JEP para cerrar de forma concreta el paso a los colados o narcotraficantes en los listados de desmovilizados, por ahora no tiene mucha acogida. El expresidente César Gaviria, jefe del liberalismo le insistió esta semana al presidente Iván Duque que esta ley sería la salida para este tema de los colados del narcotráfico.
Pero en todo este maremágnum de versiones, la única propuesta concreta es la del jefe del Estado que habló en su declaración luego de conocerse la decisión de la JEP, de un gran acuerdo nacional entre los partidos. Por ahora, lo único claro de esta iniciativa es que Duque quiere una normatividad clara para la extradición de los narcos, pero por ahora no se sabe cuál opción propondrá. Incluso en su primer contacto con los conservadores en ese partido le plantearon un referendo en ese sentido.
Pero como lo decía el exministro del Interior, Sabas Pretel de la Vega, la política es dinámica, y, después de una semana tan agitada, la recaptura de Santrich parecería poner algo de calma en la aparente crisis política e institucional que vivió el país en la última semana.