El proyecto “100.000 viviendas gratis” del Gobierno ha sido cuestionado por dejar de lado aspectos como el medio ambiente, la educación, la salud y el transporte en el lugar donde se construyen viviendas de interés social. Un diagnóstico sobre estos aspectos fue lo que le encomendó el Ministerio de Vivienda, a través de Fiduciaria Bogotá, a la firma Springer von Schwarzenberg Consulting en 2013.
La revista Semana reveló el contrato que firmó la politóloga Natalia Springer con la Fiduciaria de Bogotá con el siguiente objeto: elaborar un diagnóstico e implementar “estrategias que viabilicen el adecuado desarrollo y la sostenibilidad de los proyectos de vivienda ejecutados en ocho municipios a nivel nacional”. Para ejecutar este contrato la firma de Springer recibió 1.339 millones de pesos. Su empresa, reconocida por el trabajo en el área de paz y conflicto armado, se reconoció en ese entonces como “especialista en Vivienda de Interés Social, Arquitectura y Urbanismo”.
La firma de Natalia Springer fue la ganadora del contrato, pese a que también fueron invitadas Asocajas y Camacol. Para cumplir con los objetivos del milenio en los ochos municipios, la firma de la politóloga creó el “Proyecto Fénix: de la trampa de la pobreza a la plena autonomía. Consultoría para la promoción del tránsito hacia la prosperidad”. En tres meses la firma debió, según el contrato, presentar los indicadores de vulnerabilidad en los ocho municipios que estaban pendientes de selección. Es más, se encargó de identificar la oferta de servicios sociales y de trabajar de la mano con entidades como el Departamento para la Prosperidad Social para ayudar a superar las condiciones de vulnerabilidad.
Los compromisos
La contratista se comprometió a entregar el diagnóstico social y a crear una plataforma digital para monitorear el “Proyecto Fénix” en máximo nueve meses. Pese a que para este tipo de contratos piden una experiencia mínima de 10 años, la firma de Springer fue contratada teniendo una experiencia de dos años. Vale la pena recordar que esta empresa obtuvo tres contratos directos con la Fiscalía que sumaron 4.265 millones de pesos. El objetivo de los contratos era elaborar análisis relacionados con conflicto armado.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, argumentó que “se invitaron institucionesomo Camacol y Asocajas, pero solo se presentó la firma de Natalia Springer. Como ministro no intervine en el proceso, pero supe del contrato y empezamos a trabajar con esa firma porque además de entregar las casas, trabajamos en conocer la situación de las familias y en ayudarlas a mejorar”.
Pese a que el contrato fue ejecutado, hasta el momento no se conocen los resultados ni el diagnóstico final. Según el ministro, los resultados sí existen: “Son informes muy voluminosos que se presentaron incluso en audiencias públicas. Ella (Springer) los presentó en Medellín y Cartagena. Determinó las condiciones de las familias desde lo social. Los técnicos dicen que se cumplió con el contrato, pero ante lo que ha pasado ordené una revisión”.
Sobre el cuestionamiento de la experiencia de la firma, señaló el Ministro que no tiene fundamento: “La sociedad tenía menos de 10 años de experiencia. Sin embargo en el equipo técnico que presentó había profesionales con más de 10 años de experiencia, un equipo técnico muy preparado”.
Para María Mercedes Maldonado, urbanista y exsecretaria de Hábitat de Bogotá, “la necesidad del diagnóstico no está clara. Usualmente los municipios han realizado estos diagnósticos. Lo importante en estos proyectos es hacer un acompañamiento social para que no se presenten conflictos entre las familias”
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