La Corte Suprema de Justicia puso la lupa sobre el avance, o la falta de este, en las investigaciones que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara por la presunta violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente 2022.
En ese contexto, este martes el despacho de la magistrada Cristina Lombana ordenó una inspección a las instalaciones de la Comisión de Acusación, con el fin de verificar de primera mano el estado de los procesos y las actuaciones adelantadas por los funcionarios encargados.
La diligencia busca establecer si ha habido demoras injustificadas o incluso posibles obstrucciones en el trámite de las investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de 2022. La Corte quiere determinar si los expedientes avanzan conforme a la ley o si han quedado rezagados sin justificación.
La decisión se da luego de que en noviembre pasado el Consejo Nacional Electoral (CNE) impusiera una sanción sin precedentes contra la campaña Petro Presidente 2022. El organismo concluyó que se superaron de manera significativa los topes de financiación en ambas vueltas y que se incurrió en irregularidades como financiación prohibida, omisión de reportes y presunta manipulación contable.
De acuerdo con el fallo, la campaña excedió los límites establecidos por la Resolución 0694 de 2022. En la primera vuelta, la vulneración al tope de ingresos y gastos alcanzó $2.459 millones, mientras que la omisión total de reportes ascendió a $2.611 millones, razón por la cual se ordenó la devolución de $2.447 millones al Estado.
En la segunda vuelta, el exceso fue de $583 millones y la omisión de gastos llegó a $1.087 millones. Es decir, más de 3.500 millones de pesos.
Entre los desembolsos no reportados que llevaron a la superación de los topes figuran pagos a testigos electorales, donaciones de personas jurídicas y gastos de transporte aéreo. El CNE concluyó además que parte de la financiación provino de fuentes prohibidas y que se ocultaron aportes que debían ser declarados.
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