En medio del ruido por las recientes decisiones judiciales que han frenado algunas de las apuestas del Gobierno, se conoció un nuevo fallo. Un juez de Putumayo ordenó este viernes suspender el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio, apenas 24 horas después de que se ordenara ponerlo en marcha.
Con esta decisión, ya son por lo menos cuatro las medidas del gobierno De la Espriella que los jueces han frenado o cuyo rumbo han cambiado en apenas un mes de mandato.
Los fallos tienen al rojo vivo la discusión sobre si la justicia se está convirtiendo en una talanquera para el Ejecutivo o si, como ya lo califican algunos sectores, se trata de un supuesto “saboteo judicial”.
Incluso hay quienes en redes empiezan a hablar de un “gobierno alterno o de los jueces”.
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La discusión tiene dos posiciones muy marcadas y casi sin punto medio. De un lado están quienes defienden la autonomía de la Rama Judicial y el derecho de los ciudadanos a acudir a ella. Del otro, quienes creen que los jueces están dejando de ser árbitros para empezar a tomar partido y meterse de lleno en decisiones que corresponden al Ejecutivo.
“Esta situación es preocupante y por eso insisto en que las tutelas contra el Presidente de la República deberían ser tramitadas por el Consejo de Estado. De esta forma habrá garantías jurídicas para la ejecución de tareas importantes, como las relacionadas con la Seguridad Nacional”, consideró el exministro de Justicia Wilson Ruiz.
Fue el fallo de una tutela sobre los bombarbeos lo que desató la discusión.
En una misma semana, tres decisiones judiciales ordenaron al Gobierno suspender estas acciones hasta tener la certeza de que en la zona no hubiera menores de edad. La primera decisión en ese sentido llegó de un juzgado de San José del Guaviare, una zona donde esos grupos criminales se pasean ‘como Pedro por su casa’.
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“Una juez en una zona de control de grupos ilegales no es libre. Ella puede argumentar lo que quiera, pero no debería tener la potestad de frenar una acción militar de rango superior, como la seguridad nacional”, dijo la exsenadora María Fernanda Cabal.
Hay matices en el debate. Los jueces, en efecto, están en la obligación de responder a los recursos que presentan los ciudadanos, como las tutelas. De ahí que Colombia sea un país democrático y con separación de poderes.
Y eso es justamente lo que defienden quienes consideran que estos fallos no significan que los jueces estén gobernando. “Lo que esas decisiones judiciales han hecho es garantizar que se respeten los derechos fundamentales de los menores. Eso no es el gobierno de los jueces, sino el control constitucional que ellos deben hacer en una democracia. El poder del Presidente no puede ser absoluto y está sujeto a control judicial”, analizó el abogado Ramiro Bejarano.
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Los otros dos choques con la justicia
El primero se dio casi al mismo tiempo de la posesión presidencial. Un juzgado le ordenó a De la Espriella ofrecer disculpas por incluir un acto religioso durante su posesión. El juez consideró que se había vulnerado el principio de neutralidad religiosa del Estado. El Gobierno impugnó la decisión.
Y esta misma semana, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá ordenó al Dapre ocultar las publicaciones hechas en la cuenta oficial de Instagram de la Presidencia que muestran a Abelardo caminando entre los cadáveres de criminales abatidos por la Fuerza Pública.
Son decisiones que, de una u otra manera, le ponen freno a la forma en que De la Espriella quiere mostrar que su Gobierno tiene mano dura contra el crimen y sin contemplaciones frente a los grupos armados ilegales, de ahí que desde ya se esté hablando de un supuesto saboteo judicial.
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“Estos jueces deben responder disciplinaria y penalmente por interferir de forma aberrante contra la soberanía y la seguridad nacional. El Gobierno Nacional no se va a dejar amedrentar por este saboteo judicial ¡A los terroristas y reclutadores de niños se les combate con la fuerza del Estado y de las instituciones”, aseguró el senador Enrique Gómez.
Lo que llama la atención es que ahora las tutelas contra las actuaciones del Gobierno estén apareciendo por montones, cuando durante el mandato de Gustavo Petro al menos 65 menores de edad murieron en bombardeos y otras operaciones militares contra grupos armados, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal. Por ahora, el Gobierno ha acudido a la misma justicia para intentar revertir los fallos que le han sido adversos, mientras avanza por las vías legales para defender sus decisiones y evitar que estas medidas terminen frenando su agenda.
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Preguntas y respuestas
- ¿Cuántas decisiones judiciales han frenado medidas del Gobierno de De la Espriella?
- En el primer mes de mandato, por lo menos cuatro decisiones judiciales han frenado o modificado el rumbo de medidas impulsadas por el Gobierno, según la información de la noticia.
- ¿Qué medida del Gobierno suspendió el juez de Putumayo?
- Un juez de Putumayo ordenó suspender temporalmente el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio, apenas 24 horas después de que el Gobierno ordenara ponerlo en marcha.
- ¿Qué originó la discusión sobre un supuesto “gobierno de los jueces” en Colombia?
- La discusión se intensificó después de varias decisiones judiciales que ordenaron suspender bombardeos y restringir otras medidas del Gobierno. Para algunos sectores, estos fallos interfieren con funciones del Ejecutivo; para otros, representan el ejercicio normal del control judicial y la protección de derechos fundamentales.
- ¿Por qué los jueces pueden suspender decisiones del Gobierno mediante tutelas?
- Los jueces pueden estudiar acciones de tutela presentadas por ciudadanos cuando consideran que pueden estar en riesgo derechos fundamentales. En el caso de los bombardeos, las decisiones citadas en la noticia estuvieron relacionadas con la protección de menores de edad.
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