La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para el municipio de El Litoral del San Juan, en Chocó, ante el riesgo de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) contra la población.
Según la entidad, la advertencia se fundamenta en la alta probabilidad de enfrentamientos entre el Frente de Guerra Occidental Che Guevara, del Ejército de Liberación Nacional, y el Frente Jaime Martínez, perteneciente al Bloque Occidental Jacobo Arenas, adscrito al denominado Estado Mayor Central.
¿Qué está pasando en el Chocó?
El principal foco de tensión está en el control de la quebrada Munguidó, un afluente estratégico que conecta la cuenca del río Calima con el río San Juan.
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La Defensoría señaló que este territorio funciona como una “llave” para el dominio de rutas del narcotráfico hacia el Pacífico, así como para economías ilegales como la minería y la extracción de madera.
“La Defensoría advierte sobre una reconfiguración armada que se viene dando desde el 2025, pues el Frente Jaime Martínez ha avanzado sobre áreas históricamente controladas por el ELN, posiblemente bajo una alianza o acuerdo de relevo con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC (antes AGC)”, explicó la entidad.
La situación de seguridad se ha deteriorado en las primeras semanas de 2026. La Defensoría reportó el homicidio de un joven afrocolombiano y la desaparición de otras dos personas en el afluente Munguidó.
“Estos hechos derivaron en el confinamiento de 1.367 personas, pertenecientes a 465 familias de comunidades negras e indígenas, quienes tienen restringida la movilidad por los ríos”, señaló la Defensoría.
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Esta limitación ha impedido el desarrollo de actividades básicas como la pesca, la caza y la agricultura. Habitantes de la zona han manifestado que están “aguantando hambre” debido al bloqueo impuesto por los grupos armados.
¿Qué municipios del Chocó están en riesgo por el conflicto armado?
El riesgo se concentra en varias veredas del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) y del resguardo indígena Chagpien Tordó, entre ellas Pangalita, Los Perea, Munguidó, Las Delicias, Barrios Unidos, Palestina, Taparal, Jerusalén y Pueblo Nuevo, entre otras.
La Defensoría también advirtió sobre el fortalecimiento de formas de control territorial por parte de los grupos ilegales. Estas estructuras han distribuido panfletos —como el del 31 de enero— en los que el Bloque Occidental Jacobo Arenas amenaza con declarar “objetivo militar” a quienes no se vinculen a sus filas o sean señalados de colaborar con el grupo contrario.
Esta situación ha afectado la autonomía de organizaciones étnicas como Acadesan y Woundeko, cuyos integrantes, en algunos casos, deben pedir “permiso” a los actores armados para movilizarse dentro de sus propios territorios.
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A esto se suma el uso de drones con explosivos, una práctica atribuida al Bloque Occidental Jacobo Arenas que ya ha dejado víctimas en la zona, así como el riesgo de instalación de minas antipersonal en caminos rurales.
En materia de salud, la entidad alertó que la situación es crítica. Se han reportado casos de mujeres con crisis hipertensivas severas que no han podido ser trasladadas ni recibir atención médica por las restricciones de movilidad.
El impacto también recae sobre la población menor de edad. Durante 2025 se registraron siete casos de reclutamiento forzado, y actualmente 324 estudiantes no están recibiendo clases debido al temor de los docentes y a las limitaciones para desplazarse.
Las condiciones de las escuelas, especialmente en zonas como Munguidó, agravan la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes frente a la influencia de los grupos armados.
“Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo emitió 17 recomendaciones dirigidas a entidades del orden nacional y territorial, entre ellas el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación del Chocó”, finalizó la entidad en el comunicado.
Las recomendaciones buscan una respuesta “rápida” para contener la violencia.
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