Sus nombres son desconocidos, pero su historia no. En las últimas horas, el relato de una familia en Caquetá ha conmocionado al país entero: a inicios de marzo, las disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a una madre y un padre quienes, antes de quedar en manos de los criminales, decidieron esconder a sus hijos en la selva. ¿La razón? No querían que los reclutaran. Son cinco hermanos, el menor tiene 3 años, el mayor tiene 16.
El problema es que, tras 11 días de cautiverio —bajo la mirada de alias Urias Perdomo y su hermana, alias La Morocha— y una peligrosa fuga, los padres lograron refugiarse en un campamento militar en Peñas Coloradas, pero cuando preguntaron por sus hijos la respuesta fue que nadie los había visto, nadie sabe dónde están.
Los padres siguen escondidos y protegidos, porque, tal y como dijo el Gobernador de Caquetá, Luis Fernando Ruiz, las disidencias de ‘Calarcá’ tienen “ubicados” a todos los miembros de los núcleos familiares de ciertos municipios. Además, según lo que les dijeron los criminales mientras mantenían secuestradas a las víctimas, planeaban matarlos este domingo, 29 de marzo.
El peligro es inminente, y con casos similares el reporte es el mismo, recurrente: los ciudadanos son amenazados con volver al cautiverio, o si no —dicen los delincuentes— “irán tras sus hijos”.
El reloj corre, y las fuerzas de seguridad deben llegar primero a los menores. Es por eso que la Gobernación de Caquetá, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y el Ejército Nacional han iniciado labores de búsqueda.
Así, mientras en las selvas caminan decenas buscando al resto de la familia, al escritorio del presidente, en la capital del país, dentro de un elegante edificio y tras varias barreras de seguridad, llegó una carta por parte de Ruiz en el que el mensaje es claro: “Necesitamos ayuda”. Por el momento no han tenido respuesta.
No es un caso aislado: estas son las violaciones de alias Calarcá a las mesas de diálogo de la Paz Total
Las disidencias de ‘Calarcá’ son uno de los grupos que tienen un espacio en la mesa de la Paz Total. A pesar de eso, la Gobernación de Caquetá ha recibido reportes de al menos 100 casos de violaciones a los acuerdos de las mesas de diálogo. Los hechos son tan preocupantes que incluso la Fiscalía General de la Nación estudia reactivar orden de captura contra ‘Calarcá’, el líder del grupo.
El Gobernador Ruiz aseguró que, por lo menos en Caquetá, alias La Morocha tendría azotadas a las comunidades. Sería la encargada de los secuestros y las extorsiones. Pero ella no actúa sola, ni solo en ese departamento.
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Mientras transitaban el tiempo establecido para un supuesto alto al fuego que pactaron con el Gobierno Nacional, las disidencias de ‘Calarcá’ cometieron distintos crímenes.
Por ejemplo, el 6 de enero de 2024, una foto del líder social Juan Gabriel Hurtado Betancour en donde aparecía amarrado y aterrado circuló por redes sociales. Días después apareció muerto, lo habían asesinado. Según chats encontrados en un dispositivo de ‘Calarcá’, él sería el responsable de dar la orden de ejecutar aquel atroz crimen.
Los chats mismos son un escándalo. Fueron encontrados en las pertenencias del líder criminal durante un retén en Anori, Antioquia. En la camioneta en donde se transportaba el hombre —que pertenecía al Estado y era custodiada por la Unidad Nacional de Protección— había un menor de edad que había sido reclutado forzosamente.
No es solo eso. Según documentos del dispositivo, ‘Calarcá’ habría recibido información de inteligencia que le permitieron omitir retenes, huir a tiempo de sitios y transportar armas en camionetas del Gobierno. Todos esos hechos están consignados en un folio de la Fiscalía General de la Nación bajo el nombre: “Archivos de ‘Calarcá’”.
La fiscal Luz Adriana Camargo aseguró que las pruebas y peritajes indican que la información recogida de aquel dispositivo es totalmente verídica, lo que pone en problemas a dos generales de confianza del Gobierno Petro: Wilmer Mejía y Juan Miguel Huertas Herrera.
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Por fuera de los archivos de ‘Calarcá’ las cosas no mejoran. El 2 de marzo de este año, Empresas Públicas de Medellín (EPM) denunció que lleva meses siendo extorsionada por disidencias de ‘Calarcá’ y alias Primo Gay (quien ya fue capturado).
Lo más crítico de aquella denuncia fue un video enviado desde la casa de máquinas de la hidroeléctrica Hidroituango, en el que un presunto integrante de esta estructura criminal habría dicho “estamos dentro”, mientras registraba la operación del personal.
Otro hecho relacionado con el grupo criminal ocurrió el 15 de marzo (en la madrugada), cuando dos policías fueron asesinados en un peaje de Cundinamarca, en el municipio de Guataquí.
Según conoció EL COLOMBIANO en primicia, los asesinos eran integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, los cuales delinquen a órdenes de Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, en el departamento de Antioquia.
Las víctimas fueron Diana Carolina García Rubio, de 36 años, y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, de 42, adscritos a la Policía de Tránsito y Transporte. Todo ocurrió por hacerle un pare de rutina a un campero Mitsubishi verde que pasaba por el lugar. Los ocupantes del vehículo les arrebataron la pistola a los uniformados y abrieron fuego contra ellos, luego escaparon a toda velocidad.
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Los sospechosos capturados fueron cuatro adultos y un menor de edad de apenas 13 años. Otro menor de edad en manos de criminales de ‘Calarcá’, ¿sorpresa o delito constante?
El reclutamiento forzado en Colombia
El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes sigue siendo una de las infracciones más graves al derecho internacional humanitario en Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y diciembre de 2025 se reportaron 257 casos de este delito contra menores de edad en el país.
”Cada menor de edad que se aleja de su entorno para ir a la guerra es un proyecto de vida truncado que la sociedad no debe normalizar”, dijo la Defensoría en su momento.
Según el reporte de la entidad, 9 de los casos ocurrieron en Caquetá, y 26 de los casos fueron a manos de “disidencias sin identificar”. El departamento más golpeado por este delito fue Cauca, con 390 casos.
Según el informe, el 62 % de las víctimas son niños y adolescentes, mientras que el 38 % corresponde a niñas y adolescentes, una proporción similar a la tendencia registrada en 2024.
Las cifras de por sí son preocupantes, pero aún existe una gran posibilidad de subregistro: casos de nunca se denuncian, sea por miedo o desconocimiento.
En el caso de Norte de Santander, la organización Tejedores de Paz aseguró que durante 2025 se habrían presentado al menos 120 casos de reclutamiento forzado, muy por encima de los 10 casos reportados por la Defensoría.
“Es imposible que en un año marcado por desplazamientos masivos en el Catatumbo solo se hayan presentado 10 casos”, afirmó Diana Vargas, representante de la organización.
Detrás de tantas cifras quedan las historias. Por el momento, el gobernador de Caquetá pide que las autoridades miren hacia las que ocurren en su departamento. Aún hay cinco menores desaparecidos. Mientras tanto, de 118 operaciones contra grupos armados durante el Gobierno de Gustavo Petro, 12 han sido en contra del grupo liderado por alias Iván Mordisco. Pero, ¿y ‘Calarcá’?
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