En una reciente investigación por parte de la revista Semana, se señaló que el gobierno del presidente Gustavo Petro entregó la Unidad para las Víctimas al clan político del senador Gustavo Moreno Hurtado, como retribución a su apoyo en el Congreso. Según el medio, esa estructura estaría controlando la entidad y habría puesto en riesgo la ejecución de uno de los presupuestos más altos del país: 4,5 billones de pesos en 2025.
Semana aseguró que la Unidad, dirigida desde junio por Adith Romero Polanco, contrató en solo dos meses a 530 personas por más de 19.000 millones de pesos, un volumen inusual para ese periodo del año. De ellos, 404 contratos se tramitaron por la propia Unidad (14.287 millones) y 126 por el Fondo de Reparación a las Víctimas (4.921 millones).
El medio reportó honorarios que alcanzan los 15, 13, 11 y 10 millones de pesos mensuales, y denunció que varios directivos y contratistas estarían ligados políticamente al senador Moreno y a su círculo en Barrancabermeja. Incluso, citó testimonios de funcionarios que describen presiones internas para favorecer campañas políticas de cara a las elecciones de 2026.
En paralelo, Semana presentó documentos sobre presuntos sobrecostos en actividades con comunidades, como ollas comunitarias por 19 millones de pesos, kits de armonización por un millón y uniformes deportivos con cantidades superiores a los asistentes. La Contraloría General estaría revisando dichos contratos.
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La respuesta desde la Unidad para las Víctimas
Frente a estas denuncias, la Unidad para las Víctimas emitió un comunicado en el que rechazó los señalamientos y defendió su gestión. Sin embargo, evitó referirse directamente a la revista.
Según la entidad, al corte del 21 de septiembre de 2025 la ejecución presupuestal alcanzaba el 37%, lo que —según sostuvo— contrasta con las versiones sobre bajo desempeño.
El balance incluyó cifras de alcance nacional: en el presente año se han ordenado indemnizaciones por 4,6 billones de pesos, beneficiando a cerca de 600.000 víctimas. Solo en 2025 se tramitaron 29.042 indemnizaciones, de las cuales 25.970 (87%) se realizaron en los últimos tres meses.
La Unidad también informó que se cumplieron 3.025 pagos derivados de sentencias judiciales y que más de 20.325 hogares recibieron ayudas humanitarias en especie y en dinero.
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El pronunciamiento de Adith Romero
En entrevista con el medio Río Grande, de Barrancabermeja, el director de la Unidad, Adith Romero Polanco, aseguró que las denuncias carecen de sustento. Según dijo, recibió la entidad con apenas 16% de ejecución presupuestal en seis meses y, en poco más de 100 días, la elevó al 37%.
“Encontramos la plata, no se les daba la gana de entregarla y nosotros sí la estamos entregando”, afirmó. Romero también negó haber suscrito contratos de sudaderas o elementos ancestrales durante su administración y explicó que los salarios se fijan mediante resoluciones con base en la experiencia y formación académica.
El director atribuyó parte de los cuestionamientos a un trasfondo social y político: “La alta oligarquía de este país no permite que lleguemos los que le hemos hecho el quite a la pobreza y a la violencia”, dijo.
Hasta el momento, los únicos pronunciamientos oficiales sobre el tema han sido el comunicado de la Unidad y la entrevista de su director, Adith Romero Polanco. Ni el presidente Gustavo Petro ni el senador Gustavo Moreno Hurtado se han referido públicamente a las denuncias.
De acuerdo con Semana, sindicatos de la entidad ya estarían solicitando la renuncia de Romero por las dudas e irregularidades que rodean su gestión.
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