Más del 93 % de las denuncias penales en Colombia no supera la primera fase de investigación, según un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia. El estudio, con corte al 4 de febrero de 2025, analiza el desempeño del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) durante el último año y muestra que la mayoría de los casos se quedan en la etapa de indagación, sin llegar a imputación o juicio.
El documento, elaborado con datos de la Fiscalía General de la Nación y otras entidades del sector justicia, evidencia que nueve de cada diez procesos abiertos en 2024 no tuvieron avances sustanciales y que el inventario de casos activos sigue creciendo. En la práctica, la indagación se ha convertido en un punto de retención donde los expedientes se acumulan durante meses o años, sin resolución judicial.
El informe señala que esta etapa concentra también el 97,9 % de los casos inactivos, es decir, los archivados, suspendidos o sin movimiento procesal. Esto indica que la mayoría de las investigaciones se cierran sin definir responsabilidades penales ni ofrecer una respuesta efectiva a las víctimas.
Durante 2024 se registraron 1.871.244 nuevas noticias criminales bajo la Ley 906 de 2004, de las cuales el 50,8 % seguía activa al cierre del año y el 49,2 % restante ya se encontraba inactiva. Al comenzar 2025, el Sistema Penal Oral Acusatorio acumulaba 3.419.076 casos activos, lo que representa un aumento del 12,9 % frente al año anterior.
Los casos que entran y salen del sistema
Para 2024, el SPOA recibió 1.871.244 nuevas denuncias, lo que representó un incremento de apenas 0,4 % frente a 2023. Aunque leve, esta variación refleja un comportamiento mixto en los tipos de procesos. Los delitos querellables —aquellos que requieren denuncia formal de la víctima— aumentaron 8,4 %, mientras que las denuncias directas disminuyeron 3 % y los casos iniciados de oficio por la Fiscalía bajaron 2,2 %.
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El informe también evidencia un descenso en la capacidad de evacuación de los casos. En 2024, la Fiscalía cerró o finalizó 1.455.495 noticias criminales, lo que representa una reducción del 23,7 % frente al año anterior. Es decir, por cada caso que sale del sistema, más de uno nuevo ingresa, lo que alimenta la congestión y aumenta el inventario general.
De acuerdo al informe: “El panorama es desalentador: el sistema no está resolviendo los delitos, sino gestionando su propia congestión mediante la renuncia a investigarlos”.
El archivo de diligencias fue el principal mecanismo de cierre, concentrando más del 80 % de las salidas. Este grupo incluye los procesos sin pruebas suficientes, las denuncias retiradas y los casos detenidos por inasistencia del denunciante. Por último, aunque no resaltan tanto, también se registraron cierres por inactivación debido a acumulación o conexidad procesal, cuando varias investigaciones se unifican.
Un sistema que no resuelve
Aunque en los últimos años se han adoptado mecanismos para acelerar los procesos, los resultados muestran que la justicia penal en Colombia sigue sin avanzar al ritmo esperado.
El 69,1 % de las denuncias ingresadas en 2024 se tramitó mediante el procedimiento penal abreviado, creado por la Ley 1826 de 2017 para reducir la duración de los procesos. Este modelo, que limita el trámite a dos audiencias —la concentrada y el juicio oral—, se aplica principalmente a delitos menores o querellables.
Sin embargo, el informe concluye que su adopción no ha logrado descongestionar el sistema: la mayoría de los casos permanece estancada en la indagación, lo que evidencia que la simplificación procesal no ha compensado los retrasos derivados de la falta de personal y la alta carga de trabajo.
En 2024, la planta promedio de la Fiscalía fue de 4.685 cargos, lo que equivale a 8,9 fiscales por cada 100.000 habitantes. De ellos, el 79,9 % tenía nombramiento en provisionalidad.
El informe subraya que los cargos en propiedad fomentan el mérito, la estabilidad laboral y la calidad en las decisiones judiciales, pero la alta rotación de personal y los nombramientos temporales dificultan que los casos avancen más allá de las primeras etapas.
Es así que el informe deja ver una tendencia estructural: el sistema penal colombiano logra abrir investigaciones, pero no cerrarlas de forma eficiente, con resultados judiciales concretos. Este panorama plantea un desafío para la Fiscalía y para la política judicial del Estado, que deberá fortalecer su capacidad de investigación, gestión de audiencias y control del volumen de denuncias.
Si nueve de cada diez denuncias no avanzan más allá de la primera etapa, el sistema deja de cumplir su función central: garantizar que los delitos sean investigados y sancionados. El reto, advierte el informe, está en resolver más, con fiscales estables, procedimientos efectivos y decisiones que reduzcan la brecha entre investigar y hacer justicia.
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