El exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, y la funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) María Yaneth Rúa estarán en la cárcel mientras se desarrolla el proceso penal que se lleva en su contra por las presuntas irregularidades cometidas en la ejecución de seis contratos entre las dos entidades mencionadas, por un valor cercano a los $18.000 millones. En cambio, el exjefe de la misma entidad de socorro mencionada, Elkin González, también capturado por este caso, podrá permanecer mientras tanto en libertad.
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La juez Séptima Penal de Medellín con función de control de garantías tomó esa decisión este miércoles, 15 de octubre tras escuchar a las distintas partes.
Cadavid, González y Rúa habían sido aprehendidos el pasado 6 de octubre y al día siguiente comenzó la audiencia en la cual legalizaron sus capturas y se avaló la imputación de cargos que les hizo el fiscal del caso por los presuntos delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.
La Fiscalía mostró grabaciones que demostrarían cómo funcionaba un supuesto entramado de corrupción en el AMVA en la pasada administración, encabezado por Miguel Quintero -hermano del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero- así como por el ex subdirector financiero Álvaro Villada. De este también habrían hecho parte otros funcionarios, por lo cual la Fiscalía no descartó que se presenten nuevas capturas próximamente.
A través de argucias para maquillar sobrecostos, lo mismo que productos y servicios no entregados, también según los investigadores, particulares se habrían apropiado de $2.481 millones entre los años 2020 y 2021. Y parte de ese dinero habría ido a la campaña política de Cadavid en su intento fallido por llegar a la Cámara de Representantes, en el año 2022.
En grabaciones halladas en un allanamiento al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí se escuchan por ejemplo conversaciones en las cuales Rúa les habría dado a los bomberos “cátedra” sobre cómo presentar las facturas por precios superiores a los que realmente habían pagado por los kits de bioseguridad y los insumos para las labores de capacitación y fortalecimiento de los bomberos del Valle de Aburrá que habían contratado con el Área.
Además, hay documentos y chats que serían comprometedores. Igualmente, existen interceptaciones telefónicas que denotarían el intento por ocultar lo sucedido cuando las autoridades comenzaron a ponerles el ojo a las presuntas irregularidades y los directivos de la agrupación de socorro habrían reunido a los proveedores para indicarles qué debían decirle a la Fiscalía si los llamaba.
Con esos elementos, la petición del fiscal anticorrupción que encabeza el caso, y que fue apoyada por el abogado que representa al AMVA, era que los tres indiciados permanecieran bajo medida de aseguramiento intramural en tanto se produce un fallo de un juez de conocimiento.
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Después de que el martes los abogados de Cadavid y González hicieron su alegato para oponerse a esta solicitud, este miércoles el turno fue para el defensor de Rúa, quien igual que los anteriores hizo lo posible por desvirtuar la argumentación en contra, en una larga exposición que duró desde las 8:15 a.m. hasta poco antes de las once de la mañana.
De ahí en adelante, la juez Séptima Penal declaró un receso hasta las 12:30 p.m. con el fin de analizar las argumentaciones presentadas por los abogados de las distintas partes y anunciar su decisión.
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