El abogado penalista Didier Blanco será el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante la presidencia de Abelardo De la Espriella. Blanco fue candidato a la Cámara de Representantes por el Tolima en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.
Allí compitió bajo la bandera del partido Salvación Nacional (identificado con el número 105 en el tarjetón) mediante una coalición establecida con el Partido de la U.
“Agente secreto, hombre de protección. Didier Fabián Blanco Rodríguez es calificado como el mejor poligrafista de Colombia”, dieron a conocer desde el equipo de gobierno del mandatario electo.
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Desde la oficina de prensa del presidente electo presentaron a Blanco como un “ibaguereño y orgulloso de su barrio San Diego” que asume la dirección de la UNP con la misión de “recuperar la confiabilidad y la credibilidad de una institución golpeada por la corrupción y el clientelismo, reivindicar el oficio del hombre de protección y restablecer, de manera estricta, los protocolos institucionales”.
En la presentación del anuncio, el equipo de De la Espriella informó que “bajo su liderazgo la protección de la vida se ejercerá con imparcialidad, sin activismo, sin distinciones y con una política de cero tolerancia frente a la corrupción”.
En una declaración de Blanco, citada en el comunicado, se lee: “Firmaré un mandato y no me voy a detener a preguntar si una vida vale más que otra. Mi única prioridad será proteger vidas, del político y del líder social con igual importancia y urgencia”.
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En su hoja de vida dice que es psicólogo de la Universidad Antonio Nariño, graduado en el 2009; especialista en Gerencia, Talento Humano y Desarrollo Organizacional de la Universidad del Tolima (2013); abogado de la misma institución (2016) y especialista en Derecho Penal de la Universidad de Ibagué (2019).
Cuenta con experiencia en los sectores público y privado, desempeñándose como asesor externo de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (2016–2017), asesor de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Tolima (2016–2018), asesor de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Lérida (2016), asesor de la empresa IBAL S.A. E.S.P. (2013–2014) y asesor en Alta Gerencia de la Constructora Plinco S.A. (2021–2022).
En el ámbito directivo, ha sido gerente de Detektar S.A.S. (2018–2020 y desde 2022 hasta la actualidad) y gerente de Gestora Urbana de Ibagué (2020–2021), consolidando una trayectoria en liderazgo, gestión organizacional, asesoría jurídica y administración estratégica.
La ‘herencia’ que le deja la UNP de Petro
La UNP, bajo la dirección de Augusto Rodríguez durante el gobierno de Petro, se convirtió en uno de los focos de mayores escándalos de la administración.
De la Espriella hereda una entidad sumida en investigaciones penales, mafias internas y fallas operativas graves.
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El caso más notorio involucró al exsubdirector Ronald Rodríguez Rozo, cuya camioneta asignada fue incautada transportando cientos de kilos de cocaína y, en otra ocasión, una tonelada de marihuana.
Además, se registraron múltiples capturas en vías nacionales (como en Sevilla, Valle) de vehículos oficiales de la UNP transportando droga y armamento de grupos como el Clan del Golfo.
Además, el país presenció cómo vehículos de la UNP, pagados con recursos públicos, transportaban a líderes de las disidencias de las FARC (Estado Mayor Central) que tenían órdenes de captura vigentes.
Ese fue el caso de alias Calarcá, disidente de las Farc. En julio de 2024, Alexander Díaz Mendoza fue detenido en un retén militar en Antioquia mientras viajaba en una caravana de la Unidad Nacional de Protección.
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Durante el operativo, las autoridades incautaron armamento, computadores, dinero en efectivo, equipos de comunicación y rescataron a un menor de edad reclutado. En la misma caravana se capturaron a otras personas que tenían órdenes de captura vigentes.
A pesar de los hallazgos en flagrancia, ‘Calarcá’, su compañera sentimental y demás personas fueron dejados en libertad y se les mantuvo su estatus como gestores de paz bajo la política de “Paz total” del presidente Petro, la cual ha dicho De la Espriella no mantendrá en su gobierno.
Esto generó un fuerte choque institucional por los millones destinados a escoltar a miembros de grupos armados ilegales bajo el paraguas de conversaciones de paz.
El magnicidio de Miguel Uribe
La crisis operativa de la entidad quedó en evidencia con el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Investigaciones posteriores, por parte de la defensa de la familia del exsenador, revelaron que se elevaron al menos 25 solicitudes previas de protección a la UNP que fueron minimizadas o procesadas con lentitud burocrática, exponiendo una falla estructural en la protección de figuras de alto riesgo.
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La decisión de la Fiscalía de retirar la imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en el caso Uribe, lejos de cerrar el episodio, desató una controversia dentro del Gobierno de Gustavo Petro.
El propio Rodríguez explicó por qué apunta directamente al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, como el responsable de la imputación que estuvo a punto de llevarlo a los tribunales.
Para Rodríguez, la raíz del señalamiento está en la manera como se dio la imputación y en lo que considera un uso irregular del aparato judicial.
Sostiene que la UNP entregó a tiempo toda la información solicitada por la Fiscalía sobre los esquemas de seguridad del entonces senador Miguel Uribe Turbay, lo que, en su opinión, dejaba sin sustento la formulación de cargos.
“Nosotros entregamos todas las carpetas de la protección, de los esquemas, del doctor Miguel Uribe. Todo se lo llevaron, pero nos quedamos pendientes, guardando como cierta prudencia (...) Pero ahora nos encontramos con esa sorpresa, fue una sorpresa realmente”, relató.
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Además, De la Espriella recibe una entidad con serios cuestionamientos en su contratación (como el caso de lotes de camionetas blindadas inoperativas o irregularidades con contratistas) y mafias que lograron vulnerar a la entidad desde adentro, incluyendo el hurto de 16 camionetas blindadas recién compradas en Bogotá.
La gestión de la UNP se vio salpicada cuando su director, Augusto Rodríguez, tuvo que rendir indagatoria ante la Fiscalía en el marco de la investigación por el presunto intento de infiltración de Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido como el zar del contrabando, en la campaña presidencial de Gustavo Petro.
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Sobre este episodio, el propio mandatario ha sostenido que, aunque existió un intento de acercamiento, este no se concretó ni se materializó en apoyo alguno a su campaña.
Un pasado oscuro con el DAS
Hay que recordar que la UNP fue creada en 2011 para reemplazar y asumir las labores de protección del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
El DAS fue liquidado por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo espionaje ilegal y filtración de información de líderes, periodistas y defensores de DD. HH., poniéndolos en grave peligro.
Durante el escándalo conocido como las “Chuzadas del DAS”, la entidad creó un grupo ilegal de inteligencia llamado G-3.
Su objetivo era interceptar, seguir, desprestigiar y acosar a los considerados “opositores” del gobierno. Esta persecución sistemática generó víctimas de tortura psicológica, amenazas de muerte y forzó al exilio a decenas de familias.
Los procesos judiciales acreditaron a más de 300 víctimas directas de manera formal, aunque los registros de inteligencia indican que miles de comunicaciones fueron vulneradas.
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Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas independientes, políticos de oposición y organizaciones de derechos humanos (como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CAJAR), entre las principales víctimas.
Preguntas y respuestas
- ¿Quién es Didier Blanco, el nuevo director de la Unidad Nacional de Protección?
- Didier Blanco es abogado, psicólogo y especialista en derecho penal, con experiencia en los sectores público y privado. Fue designado por el presidente electo Abelardo De la Espriella para dirigir la Unidad Nacional de Protección (UNP).
- ¿Qué hace la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a quién protege?
- La UNP es la entidad encargada de evaluar riesgos y coordinar medidas de protección para personas amenazadas, como líderes sociales, periodistas, funcionarios públicos, defensores de derechos humanos y otras personas que cumplan los requisitos legales.
- ¿Por qué la UNP ha estado involucrada en investigaciones y controversias?
- La entidad ha enfrentado investigaciones por presuntas irregularidades administrativas, hechos de corrupción y fallas en algunos esquemas de protección. Varios de esos casos continúan bajo revisión de las autoridades competentes y no todos han concluido judicialmente.
- ¿Cuáles serán los principales retos del nuevo director de la UNP?
- Entre los principales desafíos están fortalecer la transparencia institucional, mejorar la respuesta a las solicitudes de protección, recuperar la confianza en la entidad y reforzar los controles internos para prevenir nuevas irregularidades.
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