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¿Quién responde por los $15.000 millones fantasma que según Benedetti entraron a la campaña de Petro en la Costa?
Fiscalía, CNE y Comisión de Acusaciones indagan de dónde salió esa plata que, según Armando Benedetti, sirvió para la victoria de Petro en las elecciones de 2022, además de los votos de la Costa Caribe. El presidente responde que no hubo irregularidades y habla de un “golpe blando”.
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Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, fue el gerente de la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia en la que el exembajador, Armando Benedetti, dice que hubo $15.000 millones que consiguió para la financiación. FOTOS: Archivo EL COLOMBIANO
05 de junio de 2023
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La campaña presidencial que culminó el 19 de junio del año pasado con la victoria en segunda vuelta para Gustavo Petro tiene un halo de ilicitud que tiene autoridades administrativas, políticas y judiciales rastreando el posible ingreso irregular de al menos 15.000 millones de pesos a las arcas de quien se convirtió en el primer presidente de izquierda en Colombia. Y el puente, según se deriva de lo revelado en el escándalo más duro que enfrenta hasta ahora el gobierno en 10 meses de gestión, está entre Armando Benedetti y Ricardo Roa.
El primero, quien fue hasta el viernes pasado embajador en Venezuela, explotó tras varios desplantes y terminó siendo protagonista de las filtraciones con las que Semana destapó que habría movimientos ilegales de plata desde la Costa; Benedetti es, a propósito, oriundo de Barranquilla. Y el segundo, quien fue gerente de la campaña y ahora lidera Ecopretrol, no habría reportado esos ingresos en las contabilidades oficiales que quedaron consignadas ante el Consejo Nacional Electoral.
El caso de los audios de Benedetti es tan complejo que las investigaciones le competen a varias entidades. El CNE tendrá que revisar las cuentas que hizo la campaña para determinar si esas corresponden con el dinero que gastó el mandatario en 2022. Por otro lado, Petro podría ser llamado a rendir cuentas por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y no se descarta la posibilidad de que la Fiscalía indague los presuntos delitos en los que habrían incurrido funcionarios que no tienen fuero, como el presidente de Ecopetrol, Roa.
Incluso al cóctel de posibles pesquisas se sumó una denuncia penal que presentó el excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, contra Petro, a lo que el mandatario respondió que se trata de un intento de “golpe blando” de sus rivales políticos.
Tras la caída de Benedetti por el niñeragate –que lo involucra a él y a la exjefa de gabinete Laura Sarabia– se filtraron los audios en los que amenazó con contar todo lo que sabía. Y ese “todo” es la maquinaria que aceitó para conseguir votos en la región Caribe, donde se mueve políticamente.
“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé qué es esa mondá. Tú, que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa (proceso) 8.000 (...) ¿Qué tal que uno diga, mamando gallo, quién fue el que puso la plata aquí en la Costa?”, amenazó Benedetti en uno de esos archivos.
Pero las filtraciones de 26 minutos –reveladas por Semana– no son la primera pista para rastrear la plata que llevó a Petro al poder. Desde antes del escándalo de Benedetti, los números no le estaban cuadrando a la campaña porque una auditoría de contabilidad mostró que Roa había anulado una factura de pago del esquema de seguridad, aunque el monto de ese recibo ($77 millones) es irrisorio cuando se compara con los $15.000 millones de los que habla el exembajador.
Esta última cifra es difícil de dimensionar para un colombiano de a pie. Con ese dinero se puede pagar el salario mínimo mensual de 12.931 personas o se le puede asegurar un sustento mensual por un año a 1.077 trabajadores. Y es ese monto el que no está en los folios oficiales que se reportaron al cierre de la campaña. Por eso, aquí salta una conveniente coincidencia: el aplicativo Cuentas Claras de CNE (creado para monitorear los ingresos, gastos y préstamos) no funciona desde la semana pasada, por lo que este lunes fue imposible verificar qué fue lo que Petro y su equipo reportaron.
Desde el CNE alegan tener problemas con los sistemas y sus técnicos dicen que es necesario esperar para que funcione, lo que deja a la ciudadanía sin la fuente oficial para desenredar las cuentas de esa campaña. Pero parte de esos números quedaron documentos por EL COLOMBIANO en medio de revelaciones previas que hizo.
Presidencia de $50.000 millones
Entre las consultas intertpartidisitas, y la primera y la segunda vuelta, el entonces candidato gastó $50.323 millones. El rubro que menos le requirió plata fue la promoción de la consulta interpartidista para la que pidió un crédito de $11.000 millones, de los que gastó $8.738 millones en propaganda, administración y transporte.
Una vez ganó esa consulta y quedó como el candidato oficial de la izquierda, solicitó otros créditos bancarios por $18.900 millones que usó casi en su totalidad para propaganda, y lo que acreditó como un “crédito particular” de $450 millones, además de otros rubros menores. En ninguno de esos montos aparecen las cifras que da Benedetti en sus audios sobre los ingresos.
La propaganda de Petro fue tan costosa que ese monto le resultó insuficiente para mover su nombre en el ámbito nacional y terminó gastando $28.384 millones. Pero, para entonces –antes del 29 de mayo–, faltaba el tarjetazo final para enfrentar la segunda vuelta con un Rodolfo Hernández, que resultó ser el palo de la contienda y en las tres semanas que se contaron desde esa fecha al 19 de junio (segunda vuelta) pidió otro crédito por $11.606 millones, tuvo una donación de $30 millones y terminó gastando $13.199 millones. En contraste, el ingeniero Hernández solo gastó $3.000 millones para el final de la campaña.
Todos esos números están guardados en la plataforma Monitor Ciudadano, que documentó los informes que salían en el aplicativo Cuentas Claras del CNE.
Las estadísticas hablan por sí solas y Petro fue el candidato que más gastó en la campaña. Detrás de él quedó el proyecto político de Creemos Colombia de Federico Gutiérrez, que usó $31.365 millones entre la recolección de firmas, la consulta de Equipo por Colombia y la contienda que le dio el tercer puesto en la primera vuelta. Fondos que salieron de créditos bancarios y que luego pagó, al igual que Petro, con el dinero que le llegó de la reposición de votos.
En estos documentos que tenía que firmar Roa tampoco aparece el monto que Benedetti dice. En todo caso, a estas cuentas le pusieron la lupa por una irregularidad con el pago a una empresa de seguridad: una factura desapareció de los pagos depositados.
La factura que se le perdió a Roa
Los problemas para Roa Barragán comenzaron antes de que se conocieran los audios de Benedetti en los que él lanzó una amenaza: “Nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga”.
Una auditoría que hizo la firma contable Nexia Montes & Asociados a las cuentas reportadas encontró que la dirección general de la campaña habría modificado una factura para evitar sobrepasar los topes de la financiación permitida por la ley.
La irregularidad habría ocurrido antes de primera vuelta mediante la anulación de un pago con la empresa Seguridad Privada y Vigilancia Olimpo Seguridad por $77 millones. La compañía fue contactada para prestar el servicio de escolta al candidato y la colilla de pago se invalidó argumentando un supuesto reembolso de la firma contratada por $38,6 millones.
Los accionistas de esa empresa son los hermanos Eduardo y Polo Ávila. El primero es el actual embajador de Colombia en España y el segundo fue gerente del Fondo de Vigilancia durante su Alcaldía en Bogotá. Esa auditoría encontró que se habrían hecho pagos sin factura electrónica y sin discriminar IVA con otros proveedores, pese a que la ley exige esas condiciones.
Para la carrera de 2022, el CNE fijó los topes de campaña para la primera y segunda vuelta, mediante la Resolución 0694 de enero de 2022, en $28.536’520.492 y $13.347’457.427, respectivamente.
La campaña del entonces candidato Gustavo Petro reportó que, para la segunda vuelta, su campaña gastó $12.843’769.922, de los cuales $12.813’106.086 eran “obligaciones pendientes de pago”.
Ante estos reportes, varias preguntas saltan a la vista además de la más obvia (¿de dónde salió esa cantidad?) y son, de ser cierto y comprobable lo dicho por el exsenador, ¿se volaron los topes establecidos?, ¿qué consecuencias le traería?
La Ley 996 de 2005, que reglamenta la elección del presidente de la República, establece que si el ganador viola los topes de campaña “el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política”.
Aunque esta parte puede poner a frotarse las manos a la oposición, hay un “pero” en el parágrafo continuo: “la denuncia por violación de los topes de campaña deberá ser presentada dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la elección”.
No obstante, el ahora exembajador se vanagloria de haber conseguido todos los votos de la Costa. Esta cifra, que el exsenador se adjudica, fue vital para la elección de Gustavo Petro, pues en los siete departamentos que integran esa región del país y en las que ganó, le sacó 1’065.121 votos de diferencia a su rival Rodolfo Hernández, quien fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por el caso Vitalogic. Una diferencia superior a la que le sacó en Bogotá, donde lo aventajó por 773.799 votos. De hecho, el 22,8 % (2’580.811) de los votos de Petro para su elección provinieron de esta zona.
La costa norte ha sido una zona cuestionada, pero decisiva para elecciones presidenciales apretadas, como la de Juan Manuel Santos en 2014 después de perder en primera vuelta con Óscar Iván Zuluaga. En ese entonces, si bien el expresidente ganó en las dos vueltas en esos departamentos, allí sus resultados aumentaron entre 43,2 % (en Sucre) y 63,9 % (en Atlántico).
Incluso, el gerente de esa campaña de Santos, Roberto Prieto, este lunes fue inhabilitado por la Procuraduría por 12 años para ejercer cargos públicos, pues se comprobó que consignó datos falsos en el informe de ingresos y gastos de campaña entregado al CNE.
También ha sido cuestionada porque apoyos provenientes de allá a los últimos cuatro presidentes los han metido en problemas. Desde Álvaro Uribe con el apoyo de parapolíticos condenados, como Eleonora Pineda y Miguel De la Espriella; Juan Manuel Santos con sus senadores estrella Bernardo “Ñoño” Elías (condenado por Odebrecht) y Musa Besaile (condenado por el Cartel de la Toga); así como Iván Duque, con el ganadero y narcotraficante José Guillermo “Ñeñe” Hernández.
Las platas siguen sin cuadrar
EL COLOMBIANO revisó las declaraciones de renta de los implicados en esta escándalo, que comenzó con un polígrafo a la exniñera y extrajadora doméstica de Laura Sarabia y de Armando Benedetti, que mutó a un señalamiento de chuzadas ilegales y que va en un sacudón político que tiene los ojos puestos encima del Gobierno del presidente Gustavo Petro y de la financiación de su campaña, que estaban empañados por la investigación contra Nicolás Petro por el presunto manejo de dineros de la mafia.
El cruce de estos datos permite ver el patrimonio de todos y cruzarlos con la cantidad de dinero que, según Benedetti, ingresó a esa campaña. Como se puede establecer por las cifras reportadas y por los lares del capital propio del presidente, aparece la cifra de $15.000 millones.
El presidente Gustavo Petro ha presentado dos declaraciones de renta y registros de bienes y conflictos de intereses ante el Departamento Administrativo de la Función Pública. El primero el 31 de diciembre de 2020 y el segundo el 26 de enero de 2023.
En la primera, cuando era senador, reportó ingresos por $448’815.000, distribuidos en $434 millones de salarios y demás ingresos laborales y $14 millones de cesantías; una cuenta de ahorros con un saldo de $5’315.037; una casa en Chía avaluada en $440 millones y enseres por un valor de $839 millones; así como deudas por $1.215 millones, de los cuales $21 millones correspondían a tarjetas de crédito, $397 millones a un crédito hipotecario y $795 millones a “embargo paso sanciones”.
En la segunda, con cinco meses en la Casa de Nariño, reportó ingresos por $582.181.381 (que refleja un aumento de $133 millones), distribuidos en $487 millones de ingresos laborales, $38 millones de cesantías y $56 millones de otros ingresos y rentas; una cuenta de ahorros con saldo de $108.736.867; bienes patrimoniales por valor de $1.358 millones por “inmuebles”; finalmente, deudas por $917 millones, de los cuales $498 mil correspondían a dos tarjetas de crédito, $275 millones a un crédito hipotecario y $641 millones al embargo.
Así mismo, el jefe de Estado presentó dos declaraciones de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): una de 2019 y otra de 2021, antes de ser presidente. En la primera declaración, consignó un patrimonio líquido total de $91’696.000; mientras que en la segunda reportó que fue de $381’025.000.
Por los lados de la exjefa de despacho presidencial, Laura Sarabia, en su declaración juramentada de bienes y rentas reportó que sus ingresos eran de $96 millones por concepto de “salarios” y que sus deudas eran de $4’511.000 por cuenta de tres tarjetas de crédito que tenía a su nombre. Su declaración de renta fue de 2018 y reportó que los ingresos por rentas era de $18’635.000 y que sus deudas ascendían a $8’395.000.
Por su parte, el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, reportó ingresos por $435.738.000, un bien inmueble de $2.227 millones y deudas que ascienden a $857 millones por concepto de préstamos, leasings (arrendamientos financieros) y tarjetas de crédito; así mismo, declaró ante la DIAN un patrimonio líquido por $1.370 millones.
Finalmente, el exministro del Interior y ahora embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada –quien denunció penalmente a Benedetti por calumnia tras decir que se “robaron” el Ministerio del Interior– ha reportado cuatro declaraciones desde que empezó el gobierno Petro. La última la presentó el 26 de mayo de este año, como embajador en París.
Sus ingresos fueron de $125’286.000, de los cuales $66 millones son de salarios, $10 millones de cesantías y $49 millones de gastos de representación; tres cuentas de ahorros con $114’297.311 de saldo; cinco bienes inmuebles en Bogotá por valor de $404’170.000; así como $29’337.932 de deudas, distribuidas en $231 millones de un leasing y $35 millones de un crédito de vivienda.
Entre tanto, el mandatario escribió en su cuenta de Twitter que “en gerencia se rechazaron muchas donaciones y de acuerdo a los criterios de ley, se aceptaron otros. La mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial”.
Un antecedente de 2019
Por no haber administrado correctamente la cuenta bancario de su campaña a la Gobernación del Atlántico en 2019, el CNE multó al diputado de ese departamento, Nicolás Petro Burgos, por $14’963.603.
Esto significa que la ley obliga a los candidatos a ingresar y administrar todos los ingresos reportados a sus campañas por medio de una cuenta única bancaria. Cosa que no hizo, según el CNE, el hijo mayor del presidente.
En ese sentido, el órgano electoral acreditó que se evidenció que “los recursos económicos dispuestos para el desarrollo de la campaña política no fueron manejados en su totalidad a través de la cuenta única bancaria”.
En ese sentido, en la cuenta que abrió para manejar esos dineros “solo se manejaron recursos por valor de un millón de pesos ($1.000.000), quiere decir lo anterior que se dejó de manejar el valor de $174.879.110”.
Todos esos números hacen parte del expediente que tendrán que analizar al menos tres instituciones para determinar quién responde por los $15.000 millones fantasma que, según Benedetti, entraron a la campaña Petro.
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