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Disidencias de Farc tenían más terreno que Medellín

  • Según la Fiscalía, la mayoría de los bienes que fueron congelados con fines de extinción del dominio, fueron adquiridos con dineros del narcotráfico, extorsión o minería ilegal. FOTO eSTEBAN vANEGAS
    Según la Fiscalía, la mayoría de los bienes que fueron congelados con fines de extinción del dominio, fueron adquiridos con dineros del narcotráfico, extorsión o minería ilegal. FOTO eSTEBAN vANEGAS
Publicado el 24 de febrero de 2017
282

mil millones de pesos es el valor de las tierras que estaban poder de disidencias

Un operativo conjunto entre la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Superintendencia de Notariado, permitió ubicar algunos de los bienes que pertenecen a cinco frentes de las Farc declarados como disidentes y que eran usados para actividades ilícitas.

En total fueron 277 mil hectáreas, que equivalen a dos veces el tamaño de Medellín, ubicadas en los departamentos de Vichada, Bolívar, Meta y Arauca, avaluadas en 282 mil millones de pesos que fueron congeladas con fines de extinción del dominio.

Según la Fiscalía, en Vichada se ubicaron seis inmuebles rurales y cuatro sociedades valorados en 6 mil millones de pesos y en los que había explotación ilegal de tungsteno y coltán, actividades que eran dominadas por el frente disidente Acacio Medina liderado por alias “Jhon 40”.

“Esta actividad ilegal era legalizada a través de un título minero ubicado en Cumaribo (Vichada), cuando en realidad el tungsteno y el coltán eran extraídos desde una mina llamada Cerro Tigre ubicada en el parque natural de Puinawai, zona de reserva natural en Guainía. A través de este mecanismo exportaron más de 350 toneladas de los minerales, avaluadas en 5 mil millones de pesos”, explicó el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Las otras extensiones de tierra, controladas por los frentes Primero, Séptimo, Décimo y Cuarenta, fueron ubicadas en los municipios de Simití, Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo (Sur de Bolívar); Uribe y Mesetas (Meta); Tame y Arauquita (Arauca).

“Frente a quienes han sostenido que a través del proceso de paz se pueden legalizar activos ilícitos de la insurgencia armada que se experimentó en Colombia, hay que decirles que eso no es cierto, por el contrario, la ley de amnistía e indulto en su articulo 41, establece que los beneficios de naturaleza penal para los desmovilizados, no se extienden a sus activos y continuarán vigentes las acciones de extinción de dominio, como las que acaban de formalizarse”, aclaró el fiscal general.

Estudio del fenómeno

Por su parte, el general Alberto José Mejía, comandante del Ejército, afirmó que por orden del Ministerio de Defensa, la inteligencia del Ejército mantiene un monitoreo constante para establecer si hay posibilidad de nuevas disidencias.

“Esto nos permite conocer de manera anticipada el surgimiento de una disidencia más. Ese proceso se mantiene y estamos convirtiendo esa información, que se recibe por diferentes fuentes, en inteligencia militar. Los procesos que puedan surgir posconcentración de las Farc, algunos de ellos en otras áreas, podrían convertirse directamente no en disidencia sino pasar directamente a grupos armados organizados, es decir una trasferencia a banda criminal, ahí no se llamaría disidencia”, explicó.

En la Fundación Ideas para la Paz se ha realizado un seguimiento sobre las disidencias de las Farc desde la firma del acuerdo entre esa guerrilla y el Gobierno. Hasta el momento una de las conclusiones a las que se llega, es que gran parte de los frentes que no pactaron con el Gobierno aún tienen control de las economías ilegales que antes manejaban desde la estructura central del grupo insurgente y ahora, tras el acuerdo, ya se siente el impacto humanitario en algunas zonas.

Eduardo Álvarez, de esa fundación, afirma que en términos económicos, los frentes disidentes seguirán con el control que siempre tuvieron, “sobre todo porque varios de esos grupos tienen presencia en zonas de frontera y pueden darse el lujo de controlar la economía criminal que siempre va a estar relacionada con la coca y la minería”.

Para este analista la pregunta que queda para el Gobierno es sobre la recuperación de bienes y tierras de estos grupos: ¿cómo va a ser el Estado o qué medidas va a tomar para evitar que se reinventen, se adapten y continúen buscando nuevas rentas, en especial, por la fragilidad territorial de ciertas zonas como las fronterizas?.

Contexto de la Noticia

radiografía Gobierno decide la extradición

La Corte Suprema de Justicia aclaró que es el Presidente de la República, y no esa Corte, la que tiene la competencia de valorar la conveniencia de extraditar o no a miembros de las Farc, de cara a su sometimiento a la justicia transicional. Así lo precisó la Sala de Penal de La Corte al conceptuar favorablemente la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Osías Riascos Ocampo formulada por el Gobierno de los Estados Unidos. La Corte Suprema explicó que en el trámite de extradición no le corresponde a ella hacer la verificación de si Riascos Ocampo pertenece o no a las Farc.

Ricardo Monsalve Gaviria

Periodista. Magíster en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados de la Universidad Complutense de Madrid

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