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La juez primera penal municipal de Santa Marta, con función de control de garantías, Olmis Cotes, cobijó con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Enrique Vives Caballero, señalado de haber arrollado a siete personas en el sector de Gaira. Seis de ellos fallecieron y uno más se encuentra en estado crítico.
Con esta medida la togada respaldó la solicitud realizada por la Fiscalía de enviar a la cárcel al empresario tras haber sido imputado por el delito de homicidio en concurso homogéneo y sucesivo en la modalidad de dolo eventual a título de autor material, cargos que el procesado no aceptó porque, a su juicio, “no corresponden a la realidad”.
“El despacho considera que, con todos los elementos materiales probatorios con que contamos, se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 308 para concluir que sí se da la inferencia razonable de autoría o participación en contra del señor Enrique Rafael Vives Caballero. (...) La medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía cumple con los requisitos legales y constitucionales”, dijo la jueza.
Así mismo, la funcionaria determinó que el empresario, en el momento del accidente, manejaba en exceso de velocidad y bajo los efectos de alcohol.
Explicó que Vives Caballero tenía la capacidad de comprender que si consumía alcohol y manejaba, “podría ocasionar una lesión en la integridad física de las personas o podría cometer un accidente como efectivamente sucedió”, dijo, y agregó que el empresario si representa un peligro para la comunidad.
Antes de la decisión, la togada hizo una lectura detallada de las evidencias que involucran al empresario como posible responsable del accidente en la madrugada del pasado 13 de septiembre.
Por su parte, la defensa del empresario expuso que fueron los peatones quienes invadieron el carril por el que iba el vehículo, causando el accidente. Así mismo, indicó que Vives reaccionó correctamente y frenó el vehículo, pero le fue imposible realizar una maniobra distinta para esquivar a los jóvenes.
La jueza desestimó los argumentos de la defensa y se inclinó por lo expuesto por el ente de control y los abogados de las víctimas.
“Este despacho considera que la conducta no se llevó a cabo porque en el lugar no había luces o porque todas estas personas se les fueron al vehículo para que las arrollaran, o invadieron el carril para que las atropellaran. En el lugar se tomaron fotografías que demuestran que si había iluminación y si no la había, la persona debió ser más cuidadosa”, expresó la funcionaria.
Vives fue sido capturado en flagrancia en el lugar de los hechos por miembros de la Policía. Posteriormente, se le practicó una prueba de alcoholemia que arrojó como resultado que conducía en estado de embriaguez.
El fiscal general Francisco Barbosa destacó el trabajo que adelantó la entidad con la judicatura para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, reconoció el compromiso de la juez Cotes y recalcó que “el ejercicio que realizó es muy importante para que la gente siga creyendo en la tarea que hacemos como Fiscalía y como judicatura”.
Vives se enfrenta a una pena que oscila entre 208 y 450 meses, es decir, entre 17 y 37 años de prisión. La Fiscalía pidió que le sea puesta la pena más alta.