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La Procuraduría investigará a algunos funcionarios por su posible omisión a la hora de tomar medidas que protegieran la vida de Érika Aponte, la mujer que fue asesinada por su expareja sentimental en un centro comercial de Bogotá. La víctima de este feminicidio había alertado a las autoridades del riesgo que representaba su expareja.
“La Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios por determinar del Distrito de Bogotá D. C., por la presunta omisión a las medidas de seguridad y protección solicitadas por Érika Aponte, ante las amenazas que sufría por parte de su pareja en reiteradas ocasiones”, detalló el Ministerio Público en un comunicado.
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El feminicidio de Aponte ocurrió en la tarde del pasado 14 de mayo. Christian Camilo Rincón Díaz, expareja de la mujer, llegó hasta el local donde ella trabajaba y, después de una discusión, le disparó. El hombre luego se propinó un disparo suicida.
La víctima había acudido el 11 de mayo a la casa de justicia de Usme en busca de protección. Allí se determinó que Rincón Díaz debía cesar los actos de violencia e intimidación contra Érika y su hijo, además, se le prohibió el acercamiento a la vivienda y lugar de trabajo de la mujer.
La propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que la Policía de Soacha se puso en contacto con la mujer el 13 de mayo para hacer efectiva las medidas de protección. Sin embargo, el asesino actuó un día después.
Ahora la misión de la Procuraduría será determinar si los funcionarios cometieron alguna irregularidad al momento de atender a la mujer de 26 años.
“Se verifica si los servidores públicos atendieron el llamado de Aponte adecuadamente y si activaron las medidas apropiadas para el cuidado de la solicitante”, puntualizó la Procuraduría.