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La Comisión de la Verdad reveló el capítulo Hasta la guerra tiene límites de su Informe Final, en el que aparecen declaraciones graves en contra del exfiscal Luis Camilo Osorio, por haber sido, supuestamente, cercano al paramilitarismo. Él siempre ha negado cualquier vínculo de ese tipo.
Osorio fue fiscal general entre 2001 y 2005, los años en los que el paramilitarismo vivió su auge, pero también su proceso de desmovilización entre 2003 y 2006. Durante su Fiscalía precluyó la investigación contra el general (r) Rito Alejo del Río por la supuesta colaboración en la creación de grupos paramilitares en Antioquia y le concedió el auto inhibitorio a Salvador Arana, exgobernador de Sucre, por el asesinato de un alcalde, entre otras actuaciones polémicas.
Por eso, su mención en el informe no es sorpresiva, pero no por eso menos grave de ser verdad. Como dice la Comisión, que pudo establecer con sus investigaciones, la Fiscalía de Osorio presuntamente habría tenido nexos con grupos paramilitares para favorecer a personas implicadas en crímenes de lesa humanidad y también emitir sanciones en contra y destituir a quienes le pusieran la lupa al fenómeno paramilitar. Esto fue constatado por personas consultadas por la Comisión.
“La Fiscalía de Luis Camilo Osorio era una Fiscalía nuestra, se lo puedo garantizar y se lo puedo demostrar con hechos y nombres. Chucho Monroy, el asesor del fiscal, era una persona que permanentemente mantenía contacto con nosotros. Yo esto lo conté en el 2005 y le informé en el 2005 a la Fiscalía 20, que después pasó a la Fiscalía 26 de la Unidad de Derechos Humanos, sobre 300.000 dólares que yo personalmente había sido testigo que le había entregado a Chucho Monroy. Por eso la sorpresa mía cuando a mí me captura la Fiscalía de Osorio”, le dijo un exparamilitar a la Comisión de la Verdad.
Así mismo, una exinvestigadora del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía contó también que antes de la llegada de Osorio, por información de inteligencia y contactos, “varias personas nos habían ya dicho que él venía con una misión directa de Carlos Castaño y la misión era torpedear todas las investigaciones que hubiera en contra de los paramilitares”.
Por otro lado, una exfiscal que hizo parte de la Unidad de Derechos Humanos hasta 2002 señaló que Osorio habría llevado a cabo una estrategia para desmantelar ese equipo, por considerarla “aliada de la insurgencia”.
No es la primera vez que se lo menciona en relación con el paramilitarismo y él siempre ha negado haber tenido algo que ver con grupos al margen de la ley. De hecho, Justicia y Paz ordenó investigar a Luis Camilo Osorio por designar a Ana María Flórez en la Fiscalía de Cúcuta, ella era considerada aliada de las AUC en Norte de Santander.
Esto quedó señalado en el fallo condenatorio del Tribunal de Justicia y Paz contra Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde alias el Iguano, quienes declararon en contra de Magally Moreno, asistente de Flórez, y de Flórez misma, asegurando que era parte de las estructuras paramilitares en el departamento fronterizo.
De hecho, la Comisión resalta que también hubo colaboración de integrantes del Ejército, la Policía y el DAS, a través de algunos de sus miembros, con los paramilitares de la zona, protegiéndolos y facilitando su accionar.
Debido a lo anterior, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá solicitaron a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrir una investigación contra el exfiscal general en 2012.
EL COLOMBIANO se comunicó con Jaime Granados, abogado de Osorio, quien dijo que todo lo señalado en el informe de la Comisión es falso.
Osorio emitió un comunicado asegurando que fue un “servidor pulcro en el manejo de lo público” y pidió respeto por su honor y dignidad. Dio a conocer que entregará información a la Comisión y pedirá, este 10 de agosto, “insertar en los análisis del documento a la verdad, la única verdad contra lo afirmado por criminales encapuchados”.
Ahora, cabe recordar que esta lo consignado en el Informe Final no tiene carácter vinculante y que solo pone nombre propio a las personas que ya tienen procesos judiciales por los temas en cuestión.