El presidente, Gustavo Petro, ordenó al ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, ejecutar de manera inmediata la extradición de alias “Pipe Tuluá” hacia Estados Unidos.
La instrucción fue dada luego de que el jefe de Estado señalara que el presunto cabecilla criminal estaría intentando sobornar funcionarios públicos para frenar o dilatar su entrega a la justicia estadounidense.
A través de su cuenta en X, Petro aseguró que alias “Pipe Tuluá”, señalado líder de la banda criminal La Inmaculada, estaría usando recursos públicos para intentar quedarse en el país.
En su mensaje, el mandatario fue directo: “La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”, al reprochar cualquier intento de manipular procesos judiciales bajo el argumento de la política de paz.
Recurso resuelto y decisión en firme del Ministerio de Justicia
El pasado 28 de enero, el Ministerio de Justicia confirmó que alias “Pipe Tuluá” estaba más cerca de ser extraditado a Estados Unidos, luego de resolverse el recurso de reposición que había presentado su defensa.
Con la firma del acto administrativo, el Gobierno dejó en firme la resolución que autoriza su entrega a las autoridades estadounidenses.
Desde la cartera de Justicia se dejó claro que el recurso fue rechazado y que no procede ningún mecanismo adicional dentro de esa vía, por lo que la decisión quedó plenamente ejecutoriada.
El ministro (e) Idárraga aseguró que la orden presidencial se cumplirá de manera eficaz.
Los cargos en Estados Unidos contra alias Pipe Tuluá
De acuerdo con la acusación emitida el 11 de septiembre de 2024, dentro del caso identificado como 4:24-CR-195, alias “Pipe Tuluá”, cuyo nombre real es Andrés Marín Silva, es señalado de integrar una organización dedicada al narcotráfico con destino a Estados Unidos.
El primer cargo lo acusa de concierto para distribuir y poseer cocaína con intención de distribución. El segundo lo señala de conspirar para traficar y distribuir cocaína, con conocimiento o motivos razonables para creer que la droga sería importada ilegalmente a territorio estadounidense.
El tercer cargo corresponde a la fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con pleno conocimiento de que el estupefaciente llegaría de manera ilegal a Estados Unidos.
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