Juliana Guerrero y Ricardo Roa fueron dos fichas claves del Gobierno de Gustavo Petro. Tanto que, a hoy, con procesos penales iniciados y avanzando con celeridad, el expresidente sigue tirando dardos en su defensa. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación no ha desistido de las acusaciones formales. Hoy, jueves 20 de agosto, presentará los escritos contra ambos.
La audiencia de Guerrero está programada para las 10:00 a. m. ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá. La de Roa está programada a las 12 del mediodía ante el Juzgado Sexto de Conocimiento de Bogotá. Pero, ¿cuáles son sus procesos judiciales?
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Juliana Guerrero y los títulos de la Universidad San José
El pasado 26 de marzo, la Fiscalía imputó cargos contra Juliana Guerrero dentro del proceso que se sigue en su contra por la presunta presentación de títulos académicos falsos.
Según la investigación, dichos documentos habrían sido utilizados para cumplir con los requisitos exigidos y así intentar acceder al cargo de viceministra de Juventudes.
Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que Guerrero habría utilizado documentos con apariencia legítima, incluyendo firmas y formatos institucionales, para respaldar su hoja de vida. “Con el propósito de inducir en error a los servidores públicos (...) y obtener la expedición del acto administrativo de nombramiento como viceministra de juventudes”, señaló la delegada.
El ente investigador explicó que los títulos académicos tienen carácter de documento público, en la medida en que son expedidos por instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional.
En ese sentido, advirtió que su uso indebido no solo compromete la fe pública, sino que afecta directamente la confianza en la administración. “Los documentos anteriores ostentaban forma y firma institucional con capacidad para generar confianza y producir efectos jurídicos”, precisó la Fiscalía.
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Según la imputación, Guerrero Jiménez habría presentado certificaciones como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria sin haber cumplido los requisitos exigidos por la ley.
A pesar de ello, decidió incluirlos en su hoja de vida para cumplir con las exigencias del cargo. “Tenía pleno conocimiento de la falsedad (...) y aun así decidió de manera libre y voluntaria anexarlos (...) con el propósito de engañar al servidor público nominador”, indicó la fiscal del caso.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza había dado a conocer unas facturas de la DIAN que, según su denuncia, evidenciarían que Guerrero habría pagado cerca de $8 millones por dos títulos en la Fundación Universitaria San José.
Los documentos corresponden al pago de matrícula en Gestión Contable, matrícula en Contaduría y derechos de grado. Sin embargo, las facturas fueron expedidas después de que los títulos fueran otorgados, el 1 de julio de 2025, un hecho que, según lo señalado, podría apuntar a una presunta regularización académica realizada de manera ficticia.
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En este caso, los registros confirman que el pago realizado por Guerrero fue dirigido directamente a la Fundación de Educación Superior San José, tal como consta en una de las facturas, en la que la institución aparece como vendedora.
Además, se estableció que Guerrero no presentó las pruebas Saber Pro, exigidas por ley como requisito para la obtención del título, y testimonios de la propia universidad señalan que tampoco habría asistido a clases.
Ante estas irregularidades, en noviembre de 2025 la institución dejó sin efecto los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable que le habían sido otorgados.
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Ricardo Roa: ¿y ese apartamento?
En el caso de Roa, deberá enfrentar un juicio por la compra de un apartamento que adquirió cuando ya había sido nombrado director de Ecopetrol.
Y es que, según el ente acusador, Roa compró aquel inmueble en una zona exclusiva de Bogotá (Chicó, al norte) por 34% menos de lo que vale. De hecho, la diferencia con el precio real fue de aproximadamente $927 millones.
Pero no solo el precio habría sido favorable. La Fiscalía aseguró que también hubo condiciones de pago ventajosas, lo que representó un beneficio para Roa dentro de esa negociación privada con Mancera.
Además, mientras el valor comercial del inmueble estaba calculado en $2.727 millones, Roa terminó comprándolo por $1.800 millones. Pero, ¿por qué eso levantó sospechas?
Según el ente acusador, todo gira alrededor de la relación entre Roa y el empresario Juan Mancera, a quien la Fiscalía describe como una persona cercana al entonces presidente de Ecopetrol (Roa).
De acuerdo con la Fiscalía, Roa y Mancera hicieron un negocio para la compra del apartamento 901 del edificio Entre Parques, en Bogotá.
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Para la Fiscalía, ese negocio inmobiliario no estaría aislado. Según la imputación, Roa habría ejercido presión indebida sobre el presidente de la petrolera estatal Hocol, filial de Ecopetrol, en decisiones relacionadas con un proyecto de regasificación.
La hipótesis del ente investigador es que esa intervención buscaba favorecer los intereses del empresario Mancera, la misma persona que posteriormente le vendió el apartamento a Roa con ese descuento. La negociación habría ocurrido previo a la llegada de Ricardo Roa a la presidencia de Ecopetrol.
Con base en esos hechos, la Fiscalía imputó el delito de tráfico de influencias a Roa.
Los otros procesos judiciales de Roa y Guerrero
Roa tiene otro proceso en la Fiscalía relacionado con la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022 (que dirigió).
De acuerdo con la Fiscalía, la campaña Petro Presidente 2022, de la que Ricardo Roa era gerente, habría incurrido en varias irregularidades relacionadas con el manejo y reporte de sus gastos. Según el ente acusador, se habrían modificado u ocultado facturas.
Roa no aceptó el delito de violación de topes electorales que le imputó la Fiscalía en mayo de este año. La acusación se sustentó, entre otros elementos, en dos informes presentados por la propia campaña ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en los que el organismo encontró presuntas irregularidades.
En el caso de Guerrero, el 27 de julio de este año, la Fiscalía puso la lupa sobre la presunta red de gestión de contratos que tejió Juliana Guerrero en el gobierno de Gustavo Petro. La investigación busca establecer si ella y su hermana, Verónica Guerrero, incurrieron en irregularidades al, presuntamente, cobrar comisiones a “empresarios” a cambio de gestionar contratos con entidades del Estado.
Fuentes le confirmaron a EL COLOMBIANO que, como parte de las diligencias, la Policía Judicial del ente investigador adelanta actuaciones que serían asumidas por la Dirección Especializada contra la Corrupción.
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Todo esto después de que la revista Semana revelara lo que sería el “modus operandi” de la red, que contemplaba el cobro de $1 millón por una reunión inicial, un anticipo de $200 millones para comenzar las gestiones y una comisión del 10 % sobre el valor de los contratos que supuestamente iban a ser adjudicados a favor de esos “empresarios” en Norte de Santander, Cesar y Santander.
Las hermanas Guerrero habrían ejercido influencia ante entidades como los ministerios de Vivienda, Interior, Igualdad, Ambiente y Defensa, además de Fiduagraria y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Si bien Juliana Guerrero aseguró que supuestamente “nunca” se había “reunido con supuestos empresarios para gestionar contratos” y que desde hace más de un año “no tiene vínculo contractual ni nombramiento con el Gobierno Nacional”, lo cierto es que su última aparición pública registrada en la Universidad Popular del Cesar ocurrió el 21 de abril de 2026, durante el acto de posesión del rector Guillermo Echavarría Gil.
De hecho, para el momento del inicio del proceso judicial, aún figuraba como representante del Gobierno ante el consejo directivo de esa institución educativa. Su renuncia llegó el mismo día en el que la Fiscalía puso la lupa sobre ella y su hermana.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Qué pasará con Juliana Guerrero y Ricardo Roa este jueves 20 de agosto?
- La Fiscalía General de la Nación presentará este jueves los escritos de acusación contra Juliana Guerrero y Ricardo Roa, en procesos penales que avanzan por diferentes hechos.
- ¿De qué acusan a Juliana Guerrero?
- La Fiscalía acusa a Juliana Guerrero dentro de una investigación por la presunta presentación de títulos académicos falsos que habría utilizado para cumplir los requisitos y buscar acceder al cargo de viceministra de Juventudes.
- ¿De qué delito acusa la Fiscalía a Ricardo Roa?
- La Fiscalía imputó a Ricardo Roa por el delito de tráfico de influencias, al considerar que habría ejercido una presión indebida en decisiones relacionadas con un proyecto de regasificación de Hocol, filial de Ecopetrol.
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