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Paz Total dejó 1,16 billones en riesgo sin frenar la violencia

Un documento de la Contraloría, de más de 800 páginas, identificó 344 hallazgos y cuestionó la ejecución de los recursos destinados a la política bandera de Petro.

  • Una de las políticas en las que el expresidente Gustavo Petro más insistió fue la de la Paz Total. Al final de su mandato, los resultados no fueron positivos. Foto: Colprensa
    Una de las políticas en las que el expresidente Gustavo Petro más insistió fue la de la Paz Total. Al final de su mandato, los resultados no fueron positivos. Foto: Colprensa
hace 2 horas
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Un informe de más de 800 páginas, que aún no ha sido presentado públicamente, identificó 344 hallazgos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz y la política de Paz Total durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. El documento también puso en cuestión el manejo de recursos que superan los $64 billones.

La Paz Total, una de las principales apuestas de la administración Petro y una estrategia que diversos expertos han calificado como fallida, quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República por la forma en que se asignaron y ejecutaron recursos destinados a las negociaciones con grupos armados y a proyectos en territorios afectados por el conflicto.

El documento, revelado por Noticias RCN, constituye la primera revisión integral de las cuentas asociadas a estas políticas por parte del organismo de control.

Entre las conclusiones del ente de control, aparecen descubrimientos sobre recursos que no se materializaron, proyectos con niveles mínimos de ejecución y situaciones que podrían haber ocasionado un detrimento patrimonial.

Uno de los aspectos examinados en la investigación corresponde al dinero destinado directamente al funcionamiento de la política y a las negociaciones. Durante cuatro años fueron asignados $668.454 millones para ese propósito.

De ese monto, $443.000 millones contaban con una ejecución definida, mientras que la diferencia frente a los recursos inicialmente previstos superaba los $368.000 millones. La situación, según el informe, se hizo más evidente durante 2026. De los $306.000 millones que habían sido asignados para esa vigencia, únicamente $46.000 millones habían alcanzado la etapa de obligación.

En términos porcentuales, esto significa que por cada $100 destinados a este componente de la política, solo $15 habían llegado a esa fase del gasto.

¿Cuál programa está en la mira?

La Contraloría también puso la lupa sobre los programas de intervención territorial vinculados a la Paz Total.

Uno de ellos es Caminos Comunitarios, iniciativa concebida para mejorar vías rurales en regiones afectadas por la violencia. La auditoría encontró que, al momento de la revisión, de cada 100 kilómetros que estaban previstos para intervención, ni siquiera uno había sido intervenido.

La ejecución registrada para este componente era, por tanto, del 0 %. El programa fue sometido a una revisión de $48.000 millones y allí se identificaron 71 hallazgos. Dentro de ese conjunto, la Contraloría estableció un posible detrimento patrimonial de $1.513 millones, relacionado con las obras viales que no fueron ejecutadas en la proporción contemplada.

¿Qué pasará con la Paz Total?

El balance fiscal general de la revisión también plantea una alerta de mayor alcance. Al analizar conjuntamente los recursos destinados a la implementación del acuerdo de paz y a la política de Paz Total, el organismo de control calculó cerca de $1,16 billones asociados a posibles detrimentos patrimoniales.

Estos hallazgos llegan justo al inicio del gobierno de Abelardo de La Espriella, quien en menos de tres días ya ha confirmado la captura o muerte de varios cabecillas de las disidencias de las Farc.

De hecho, horas antes de su acto de posesión, el nuevo presidente confirmó, oficialmente, el traslado de 117 personas privadas de la libertad consideradas de “alto perfil” y vinculadas a “procesos de negociación de paz”.

Además, durante su discurso de posesión anunció: “En las próximas horas, mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas, con el propósito de dotar a nuestra gloriosa fuerza pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen. La opción del diálogo está completamente agotada. El Estado históricamente fue suficientemente noble. El Estado, bajo el régimen que ha terminado, fue suficientemente cómplice. En la era del tigre será contundente y certero contra el crimen”.

Esa misma línea siguió tras enterarse de un ataque terrorista en el peaje de Mondomo, en la vía Panamericana que conecta Cali con Popayán: “Colombia no se arrodillará”, aseguró.

El otro costo de esta política

Hace unas semanas, una investigación de la Universidad de los Andes encontró que, aunque los combates disminuyeron, en varios territorios se dispararon otras formas de violencia contra la población civil, como la extorsión, las amenazas y el reclutamiento de menores.

El estudio, elaborado por los economistas Daniel Mejía, Juan Fernando Vargas y Andrés Rivera, reveló que en las zonas cobijadas por los ceses al fuego la extorsión aumentó 337 %, las amenazas crecieron 70 % y el reclutamiento forzado de menores se incrementó 168 %. Al mismo tiempo, los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados cayeron 73 % y las bajas en combate de integrantes de esas organizaciones disminuyeron 46 %.

Para los investigadores, la menor presión militar habría facilitado que estructuras como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo reforzaran su control sobre las comunidades y las economías ilegales.

Es más, la investigación concluyó que los ceses al fuego tuvieron un efecto contraproducente en territorios donde operan organizaciones cuyo principal objetivo es obtener rentas criminales.

Lea también: Colombia se ahoga en cultivos ilícitos: el mapa que muestra cómo el auge de la cocaína alimenta la expansión de los grupos armados

¿Qué hallazgos realizó la Contraloría sobre la Paz Total y el Acuerdo de Paz?
El organismo de control identificó 344 hallazgos en un informe de más de 800 páginas que auditó el manejo de recursos superiores a los $64 billones durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
¿A cuánto asciende el posible detrimento patrimonial detectado en las políticas de paz?
La Contraloría calculó en cerca de $1,16 billones el monto asociado a posibles detrimentos patrimoniales al analizar conjuntamente la implementación del Acuerdo de Paz y la estrategia de Paz Total.
¿Qué irregularidades se registraron en los recursos asignados para la negociación con grupos armados?
De $668.454 millones asignados para el funcionamiento y negociaciones de la política de paz en cuatro años, solo $443.000 millones tenían una ejecución definida. En la vigencia de 2026, de $306.000 millones destinados, únicamente $46.000 millones llegaron a la etapa de obligación (solo $15 de cada $100).

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