La Comisión Nacional de Disciplina Judicial llamó a juicio disciplinario a la jueza primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, por las decisiones que adoptó en los procesos que llevaron a conceder la libertad condicional al contratista condenado Emilio Tapia.
De acuerdo con la decisión del alto tribunal disciplinario, existen elementos suficientes para considerar que la funcionaria judicial pudo haber incurrido en faltas gravísimas al momento de autorizar la salida de prisión del contratista, conocido por su papel central en el carrusel de la contratación en Bogotá y por el escándalo de Centros Poblados.
El primer cargo formulado es prevaricato por acción. Según la Comisión, Fernández Castellón habría emitido el auto del 11 de abril de 2025, dentro del proceso 19953, mediante el cual concedió la libertad condicional a Tapia, presuntamente en contravía de lo establecido en el Código Penal, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y otras decisiones judiciales vigentes. En ese momento la decisión de la jueza generó controversia en distintos sectores judiciales debido a los antecedentes del condenado y la magnitud de los delitos por los que fue hallado culpable.
El segundo cargo disciplinario apunta a una posible falta gravísima cometida también a título de dolo, esta vez por prevaricato por omisión. La Comisión señaló que, en este caso, la jueza habría dejado de cumplir deberes propios de su función judicial, incurriendo presuntamente en la conducta descrita en el artículo 242 del Código General Disciplinario.
Relacionado: ¿Qué dice de la justicia que el condenado Emilio Tapia haya quedado libre otra vez?
Como tercer cargo, el organismo disciplinario evaluará si Fernández Castellón incurrió nuevamente en prevaricato por acción al expedir, dentro del proceso 28007, el auto del 28 de marzo de 2025, mediante el cual volvió a conceder la libertad condicional a Emilio Tapia, aparentemente sin ajustarse a las exigencias legales previstas en el Código Penal.
A estos señalamientos se suma un cuarto cuestionamiento disciplinario. La Comisión también la llamó a juicio para que responda por el presunto prevaricato por acción relacionado con el auto del 30 de julio de 2025, a través del cual dejó sin efectos la libertad condicional que había otorgado meses antes. Según el expediente, esta decisión también sería objeto de análisis por posibles inconsistencias jurídicas.
Emilio Tapia acumula tres condenas penales por delitos como cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. En conjunto, las sentencias en su contra suman una pena de 12 años y un mes de prisión.
Entérese: Extinción de dominio en caso Centros Poblados alcanza cinco propiedades de la congresista Saray Robayo
Además, fue señalado como uno de los responsables del desvío de aproximadamente 70.000 millones de pesos en el contrato firmado entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el consorcio Centros Poblados, un proyecto destinado a llevar conectividad a zonas rurales del país que terminó envuelto en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.
La libertad condicional de Tapia fue inicialmente ordenada el 16 de diciembre de 2025 por la jueza Fernández Castellón, quien certificó que el contratista había cumplido 90 meses y 10 días de prisión. En esa decisión, el despacho estableció un periodo de prueba de 27 meses y 11 días y exigió la suscripción de una nueva acta de compromiso, conforme a las disposiciones del Código Penal y tras la modificación del tiempo de prueba.
Regístrate al newsletter