No han sido buenas semanas para los fiscales que investigan la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Recientes decisiones judiciales han puesto en entredicho su actuación, en medio de errores y acuerdos cuestionados que han terminado favoreciendo a varios de los principales implicados.
Uno de los hechos más recientes fue la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de confirmar la libertad del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien había sido cobijado con medida de aseguramiento en diciembre de 2025. El alto tribunal avaló su excarcelación por vencimiento de términos, luego de que la Fiscalía no presentara a tiempo el escrito de acusación.
Según el expediente, Bonilla fue vinculado formalmente al proceso el 1 de diciembre de 2025, lo que activó un plazo legal de 120 días, hasta el 31 de marzo de 2026, para que la Fiscalía radicara la acusación. Sin embargo, el documento fue presentado el 7 de abril, es decir, seis días después de vencido el término. Esa demora obligó a la justicia a ordenar su libertad inmediata.
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A este panorama se sumó una denuncia radicada por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, contra los fiscales delegados ante la Corte Suprema que llevaban el caso.
La denuncia señala a los fiscales María Cristina Patiño (Fiscal 9) y Gabriel Sandoval Vargas (Fiscal 11) como presuntos responsables de permitir la libertad del exministro por un “vencimiento deliberado” de términos. Según el documento, no existía ninguna justificación técnica para la demora en la radicación de la acusación, pues el material probatorio ya estaba disponible con anterioridad.
“El escrito se presentó seis días después del vencimiento legal, pese a que no hubo nuevas pruebas ni diligencias que lo justificaran”, sostiene la denuncia.
Por estos hechos, se pide investigar a los fiscales por los delitos de prevaricato, fraude a resolución judicial, abuso de autoridad, concierto para delinquir y favorecimiento.
Además, Bustos, en representación de víctimas como la comunidad indígena Pororú en La Guajira, advirtió sobre el riesgo que implica la libertad de Bonilla. Dice que el exministro haría parte de una estructura con capacidad de interferir en la justicia, lo que convierte su excarcelación en un asunto de “grave impacto institucional”.
Otras decisiones claves
Pero este no ha sido el único revés para la Fiscalía en el caso. En otra decisión reciente, el Tribunal Superior tumbó el preacuerdo al que había llegado el ente acusador con Olmedo López, exdirector de la entidad, al considerar que los beneficios pactados no guardaban proporcionalidad con la gravedad de los delitos investigados.
Ese fallo puso en duda la estrategia de negociación de los delegados en uno de los escándalos de corrupción más graves del actual gobierno, al advertir que los términos del acuerdo podrían resultar excesivamente favorables para uno de los protagonistas del entramado.
A propósito de Olmedo López, esta misma semana, la defensa de Sandra Ortiz, otra exfuncionaria de Petro implicada en el escándalo, radicó una carta ante el procurador general, Gregorio Eljach, solicitando formalmente que el Ministerio Público se oponga a cualquier principio de oportunidad para los “testigos estrella” del caso, Sneyder Pinilla y Olmedo López.
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El documento, firmado por el abogado Mauricio Camacho Fernández, denuncia lo que califica como una “exagerada protección y credibilidad otorgada por la Fiscalía a López y Pinilla”, a quienes acusa de inducir al error incluso a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
“Es abiertamente exagerada la protección y credibilidad que la Fiscalía le ha otorgado a estos señores, donde, a pesar de haber reconocido ser los autores de gravísimos delitos, sin asomo de respeto por la dignidad de la justicia, al parecer han llegado a inducir en error a magistrados de la propia Corte Suprema de Justicia, como paso a explicarle”, dice el jurista en el documento de cinco páginas.
El abogado Camacho, en diálogo con EL COLOMBIANO, manifestó que “resulta deleznable la manera como la Fiscalía ante la Corte elaboró y sometió a control de la judicatura un acta de preacuerdo con el señor Olmedo López”.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Por qué quedó libre Ricardo Bonilla?
- Por vencimiento de términos: la Fiscalía presentó la acusación fuera del plazo legal de 120 días.
- ¿Qué es el caso UNGRD?
- Es un escándalo de corrupción que involucra desvío de recursos públicos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
- ¿Cuáles delitos enfrentarían los fiscales del caso Ungrd?
- Los fiscales delegados ante la Corte son denunciados por presunto prevaricato, fraude a resolución judicial, abuso de autoridad y concierto para delinquir, tras permitir el vencimiento de términos que favoreció a los implicados en el escándalo.
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