Después de mucho, el Gobierno consiguió –al menos en teoría– el apoyo de varias bancadas para iniciar el trámite de algunos de sus proyectos. Sin embargo, las cosas no parecen que vayan a fluir como lo espera el presidente Iván Duque: el tiempo es ahora el factor en contra de la agenda gubernamental.
En camino viene una reforma a la justicia, que consta de 15 puntos y que contempla un abanico de cambios. Pero el coronavirus se interpuso. Ante la pandemia, el inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias se retrasó un mes.
El lunes, cuando debían instalarse las sesiones, el presidente del Senado, el liberal Lidio García, emitió un comunicado con varias determinaciones. La primera, que la sesión del 17 de marzo quedaba aplazada hasta el 13 de abril a las 3 de la tarde. Una decisión acorde con las medidas decretadas por Duque, que incluyen que no se congreguen más de 50 personas al tiempo.
Sin embargo, con el anuncio de este fin de semana del mandatario, que autorizó al Congreso, concejos, asambleas y cortes a sesionar virtualmente, el nuevo pendiente es reprogramar la agenda.
Ese retraso de casi un mes es un revés para el Gobierno. Hablando solo de la reforma a la Justicia, de la que EL COLOMBIANO conoció su borrador, se pueden agotar los tiempos para que haga su tránsito por el Legislativo, según la Constitución.
Y es que una reforma constitucional empieza cuando es radicada, bien sea en la Cámara o en el Senado. Si, por ejemplo, se presenta en el Senado, es la Comisión Primera la que lo debate. Un punto que se toma alrededor de 15 días. Luego, pasa a la plenaria del Senado, un trámite que tarda otros 15 días, lo que suma un mes. Y después, debe pasar por el mismo procedimiento en la Cámara de Representantes.
Y ahí está el asunto. Este periodo va, como lo define la ley, hasta el 20 de junio. Con este mes que se perdería por las medidas del coronavirus –dado que aún no está claro cuándo inicia la agenda virtual– solo quedarían dos meses y una semana para su aprobación. Si no, se hundiría, puesto que la Constitución es clara en eso: las reformas y los actos legislativos deben surtirse en sesiones ordinarias.
Una fuente del Gobierno, que pidió no ser citada, explicó que esta situación les llevaría a no presentar en esta legislatura las esperadas reformas. No hablando solo de la judicial, sino de otras que desde la Casa de Nariño se tienen pendientes como la política, la laboral o la pensional (de las que todavía no se ha hablado formalmente, pero que se están pensando).
El Legislativo espera sesiona virtualmente. “En ninguna democracia ninguno de sus poderes puede dejar de operar, por eso es necesario buscar alternativas para mantener en funcionamiento el Congreso de la República, mantener el sistema de pesos y contrapesos y legislar para enfrentar la crisis”, señaló la representante a la Cámara Juanita Goebertus, del Partido Verde, una de las voceras de la oposición.
