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La reforma a la justicia, contagiada por el virus

Hasta la llegada del covid-19, todo parecía listo para debatir una nueva legislación para la Rama Judicial. El tiempo corre en contra para la agenda.

  • El Congreso esperaba iniciar sesiones ordinarias hace una semana, pero las medidas para evitar la propagación del covid-19 lo impidió. Sesiones virtuales son una alternativa. FOTO Colprensa
    El Congreso esperaba iniciar sesiones ordinarias hace una semana, pero las medidas para evitar la propagación del covid-19 lo impidió. Sesiones virtuales son una alternativa. FOTO Colprensa
Publicado el 23 de marzo de 2020

Después de mucho, el Gobierno consiguió –al menos en teoría– el apoyo de varias bancadas para iniciar el trámite de algunos de sus proyectos. Sin embargo, las cosas no parecen que vayan a fluir como lo espera el presidente Iván Duque: el tiempo es ahora el factor en contra de la agenda gubernamental.

En camino viene una reforma a la justicia, que consta de 15 puntos y que contempla un abanico de cambios. Pero el coronavirus se interpuso. Ante la pandemia, el inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias se retrasó un mes.

El lunes, cuando debían instalarse las sesiones, el presidente del Senado, el liberal Lidio García, emitió un comunicado con varias determinaciones. La primera, que la sesión del 17 de marzo quedaba aplazada hasta el 13 de abril a las 3 de la tarde. Una decisión acorde con las medidas decretadas por Duque, que incluyen que no se congreguen más de 50 personas al tiempo.

Sin embargo, con el anuncio de este fin de semana del mandatario, que autorizó al Congreso, concejos, asambleas y cortes a sesionar virtualmente, el nuevo pendiente es reprogramar la agenda.

Ese retraso de casi un mes es un revés para el Gobierno. Hablando solo de la reforma a la Justicia, de la que EL COLOMBIANO conoció su borrador, se pueden agotar los tiempos para que haga su tránsito por el Legislativo, según la Constitución.

Y es que una reforma constitucional empieza cuando es radicada, bien sea en la Cámara o en el Senado. Si, por ejemplo, se presenta en el Senado, es la Comisión Primera la que lo debate. Un punto que se toma alrededor de 15 días. Luego, pasa a la plenaria del Senado, un trámite que tarda otros 15 días, lo que suma un mes. Y después, debe pasar por el mismo procedimiento en la Cámara de Representantes.

Y ahí está el asunto. Este periodo va, como lo define la ley, hasta el 20 de junio. Con este mes que se perdería por las medidas del coronavirus –dado que aún no está claro cuándo inicia la agenda virtual– solo quedarían dos meses y una semana para su aprobación. Si no, se hundiría, puesto que la Constitución es clara en eso: las reformas y los actos legislativos deben surtirse en sesiones ordinarias.

Una fuente del Gobierno, que pidió no ser citada, explicó que esta situación les llevaría a no presentar en esta legislatura las esperadas reformas. No hablando solo de la judicial, sino de otras que desde la Casa de Nariño se tienen pendientes como la política, la laboral o la pensional (de las que todavía no se ha hablado formalmente, pero que se están pensando).

El Legislativo espera sesiona virtualmente. “En ninguna democracia ninguno de sus poderes puede dejar de operar, por eso es necesario buscar alternativas para mantener en funcionamiento el Congreso de la República, mantener el sistema de pesos y contrapesos y legislar para enfrentar la crisis”, señaló la representante a la Cámara Juanita Goebertus, del Partido Verde, una de las voceras de la oposición.

Una reforma variopinta

Esta nueva propuesta de reforma a la justicia recoge una amplia variedad de iniciativas, muchas de las cuales ya se han intentando tramitar sin éxito en el Legislativo, en muchos casos por la polémica que han generado.

Quizá el cambio que más revuelo puede generar está relacionado con los nombramientos.

La reforma supedita la elección de magistrados de las cortes (Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional), de los miembros del Consejo de la Judicatura y del procurador, al artículo 126 de la Constitución, que, en pocas palabras, señala que debe haber una convocatoria pública para la selección de las hojas de vida.

En el caso del Consejo Superior de la Judicatura, la reforma plantea que sus miembros no se llamen magistrados sino consejeros, que se reduzca el número de 6 a 5 integrantes, con períodos de cuatro años y solo dos reelecciones de periodos. Dicho sea de paso, en casi todas las iniciativas anteriores, se ha planteado la desaparición de este organismo.

Pero a las Cortes también las toca, lo que podría ser problemático. Como requisito, señala que los magistrados deben tener más de 50 años y 25 ejerciendo el Derecho, sumándole 10 más de los que se exigen hoy. Además, dice que la mitad de los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema serán de la Rama Judicial y la otra mitad “se distribuirá en equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional y la academia”.

Y otro punto es que el procurador, el contralor y el fiscal quedarían inhabilitados por cuatro años para cargos de elección popular. El día de su posesión como fiscal, Francisco Barbosa hizo un llamado al procurador Fernando Carrillo y al contralor Felipe Córdoba para que apoyaran esta iniciativa. Carrillo, el único de los tres que tendría un impedimento para 2022, respondió que él no ha utilizado su cargo como un trampolín político.

Adicionalmente, el primer artículo está encaminado a la descongestión judicial en un país donde la justicia tarda en promedio, según el Consejo Privado de Competitividad, 1.288 días para tomar una decisión. Le daría facultades jurisdiccionales a notarios y a centros de arbitraje o de conciliación.

Hay propuestas que son ambiciosas en la reforma y que dejan ver, desde ya, un debate acalorado. La discusión, en todo caso, no dependerá solo de las fuerzas políticas sino también de la efectividad de un Legislativo que sesionará de forma virtual para cerrarle el paso a un invitado no grato: el covid-19

13
de abril es la fecha en la que está programado reanudar las sesiones ordinarias.
en definitiva

El covid-19 en el país puso en riesgo la segunda reforma a la justicia que el Gobierno de Iván Duque busca presentar en el Congreso. Detalles de los
cambios que traería.

Contexto de la Noticia

Paréntesis otros proyectos con riesgo

Que el Congreso deje de sesionar durante un mes, además de la reforma a la justicia, también pone en riesgo otras propuestas que iban a ser radicadas en el parlamento. Una de ellas, que promete un fuerte debate, es la de la prisión perpetua para asesinos y violadores de niños. Como esta también es una reforma constitucional, debe pasar el octavo debate antes del 20 de junio. “Hay prohibición para que las reformas a la Constitución se tramiten en esos recesos, llamando a sesiones extraordinarias. Pero en ellas, solo se podría trabajar en leyes, no en reformas constitucionales”, explicó el secretario del Senado, Gregorio Eljach.

Leonardo Botero Fernández

Periodista de la UPB y especialista en Creación Narrativa de la Universidad Central (Bogotá). Escribo.


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