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Los puntos por los que chocan el Gobierno colombiano y la CIDH
El presidente Iván Duque y la Cancillería le respondieron al organismo internacional, que publicó un informe con hallazgos y recomendaciones por lo ocurrido en el paro.
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La CIDH recomendó separar a la Policía y el Esmad del Ministerio de Defensa para garantizar un enfoque ciudadano y de derechos humanos y evitar una perspectiva militar. FOTO EDWIN BUSTAMANTE
08 de julio de 2021
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El Gobierno Nacional se pronunció tras conocer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las protestas en Colombia, y dejó claro que aunque respeta el mandato internacional que se le ha otorgado, no aceptará una eventual incidencia de este organismo en la Nación.
Este pronunciamiento fue hecho como respuesta al informe de 48 páginas, en el que la CIDH entregó consideraciones sobre la situación de Derechos Humanos en el contexto del Paro Nacional, tras su visita a Bogotá, Popayán (Cauca), Cali, Tuluá y Buga (Valle) entre el pasado 8 y el 10 de junio.
El primero en pronunciarse fue el presidente Iván Duque, quien aseguró que “nadie puede recomendarle a un país que sea tolerante frente a actos de criminalidad”, refiriéndose a la postura de la CIDH sobre los bloqueos de vías y su reconocimiento como mecanismo de protesta.
“Como se lo expresamos a la CIDH, nosotros hemos sido un Gobierno respetuoso de la protesta pacífica como una expresión de la ciudadanía, pero rechazamos los actos de vandalismo, terrorismo urbano de baja intensidad y los bloqueos”, aseguró Duque.
Puntos en desacuerdo
El pasado 7 de julio el organismo internacional publicó el documento, hecho tras dialogar con 500 personas a través de 302 testimonios individuales y colectivos, y en él entregó 40 recomendaciones al Estado colombiano para prevenir violaciones a los Derechos Humanos en las protestas.
Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, expuso que de esas recomendaciones se destaca el respeto por el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y la participación política, así como a los ‘cortes de ruta’ (más conocidos como bloqueos), como una modalidad válida de protesta, que requiere respuestas adecuadas en materia de respeto y garantía de los derechos humanos.
“Una cosa es el derecho a la reunión pacífica y esto que se plantea como ‘cortes de ruta’ por la CIDH, en la legislación colombiana se denominan bloqueos y están definidos en Código Penal como una conducta típica, antijurídica, es un delito”, aseguró la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez.
Además, la presidenta del organismo internacional señaló que se pidió separar a la Policía y el Esmad del Ministerio de Defensa “con el fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad, con un enfoque ciudadano y de Derechos Humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”.
Ese punto también representó un “choque” con el Gobierno colombiano y al respecto Duque aseguró que la Constitución Política de 1991, en su artículo 218 definió que la institución en su naturaleza civil, y resaltó que estar en esa cartera “permite tener coordinación armónica de las fuerzas, y las labores de carácter humanitario y de protección”.
Puntos claves del informe
La presidenta del organismo internacional resaltó que entre las cifras recopiladas de las jornadas de movilizaciones el Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos reportó 54 personas fallecidas a corte del 24 de junio, mientras que los reportes recibidos de la sociedad civil dan cuenta de 84 muertos.
“El Estado reportó 1.106 civiles y 1.253 policías lesionados en Bogotá, Cali, Yumbo, Neiva, Medellín, Pasto y Popayán, mientras que las organizaciones que conforman la campaña ‘Defender la Libertad’ registraron 1.690 heridos, de los cuales 84 son víctimas de lesiones oculares”, dijo Urrejola.
También se manifestó preocupación por el registro de la Defensoría del Pueblo sobre la recepción de 783 reportes de personas no ubicadas en el marco de las protestas (84 todavía sin ubicar, según informes del Estado), sumado a las 7.020 detenciones de personas reportadas por el Gobierno, hechas a través de la figura jurídica denominada traslado por protección.
Además, se resaltó que en la mayoría de las manifestaciones realizadas desde el 28 de abril no se registraron hechos de violencia y se precisó que de las 12.242 jornadas de protestas reportadas por el Estado en el marco del paro, el 89 % fueron pacíficas. “Hay que destacar que hubo buena fe de parte del Estado colombiano, precisamente desde que se permitió el ingreso de la CIDH a su territorio”, apuntó Urrejola.
Por su parte, el Gobierno cuestionó el contraste de fuentes de información de algunas de las cifras presentadas en el informe, pero se destacó que la Comisión “valore que el Estado colombiano tiene una institucionalidad democrática sólida y participativa”, y agradeció que se reconozca que la mayoría de las protestas fueron pacíficas.
Sumado a sus recomendaciones y hallazgos, el organismo anunció que creará un mecanismo de seguimiento en materia de Derechos Humanos, pero el Gobierno rechazó públicamente la propuesta
500
personas de diferentes sectores escuchó la CIDH para realizar su informe.
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