Con la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quedarse con entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, el vecino país pasaría a cederle a Washington cerca del 12,7% de su producción anual de crudo, o lo que es lo mismo, alrededor de 50 días de extracción, según cálculos propios con base en datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).
Aunque el volumen no es suficiente para mover el mercado petrolero global, sí representa una porción significativa para Venezuela, que pese a tener las reservas más grandes de crudo a nivel mundial (alrededor de 303.000 millones de barriles) su producción ronda los 1,08 millones de barriles diarios. Además, su capacidad de generación de ingresos sigue siendo extremadamente limitada.
Además, los 50 millones de barriles anunciados equivalen a casi una octava parte de todo el crudo que Venezuela produce en un año (que son unos 394 millones de barriles). Si ese petróleo se vende a precios internacionales, con el Brent cotizando alrededor de US$60,18, Estados Unidos se haría con un botín de más de US$3.000 millones. No obstante, el punto central no es solo el precio, sino quién controla esos recursos.
Lo que busca realmente Trump
Uno de los puntos que siguen sin aclararse es si Estados Unidos pagará efectivamente por ese petróleo o si, en la práctica, se tratará de una forma de embargo controlado con monetización directa.
El DOE fue explícito al señalar que todas las ganancias se administrarán “a discreción del gobierno estadounidense”. Además, confirmó que las ventas de crudo comienzan de inmediato con un primer bloque de 30 a 50 millones de barriles y que continuarán indefinidamente, lo que sugiere un esquema permanente de control sobre ese activo venezolano.
Lo anterior implicaría que el territorio vecino pierda el control directo sobre la venta, los clientes y el flujo de caja de su principal motor económico, mientras Estados Unidos asume el rol de intermediario, administrador y supervisor de los ingresos.
Pero, ¿qué busca Trump con el petróleo venezolano? Según el pronunciamiento del DOE, más allá del volumen puntual, la estrategia apunta a reordenar por completo el negocio petrolero venezolano. El plan contempla varios frentes. El primero es asumir el control total de la comercialización, puesto que solo el petróleo que se transporte por canales “legítimos y autorizados” por Estados Unidos podrá salir del país. Además, se busca una reducción selectiva de sanciones, únicamente para permitir el transporte y la venta del crudo bajo la lupa gringa. Una medida que desplaza a China, principal comprador del petróleo venezolano en los últimos años.
También se busca incentivar el ingreso de comercializadores internacionales y bancos globales, que ejecutarán las ventas y darán respaldo financiero. Por último, el uso de diluyente estadounidense (crudo ligero) para mezclar y transportar el crudo extra pesado venezolano, además de la autorización para importar equipos, piezas y servicios petroleros, con el fin de impulsar la producción a corto plazo. Es decir que, en el fondo, la estrategia apunta a reintegrar a Venezuela al circuito petrolero occidental, pero bajo una lógica de tutela y control político, financiero y operativo por parte de Estados Unidos.
El talón de Aquiles de Venezuela es que, pese a poseer las mayores reservas de petróleo del mundo –alrededor del 17% del total–, esa enorme riqueza contrasta con su realidad operativa. La producción cayó desde 3,45 millones de barriles diarios en 1998, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, a menos de un millón en 2020, tras años de sanciones, falta de inversión, corrupción y deterioro de la infraestructura.
Aunque en 2024 y 2025 se ha observado una leve recuperación, el país sigue produciendo menos del 1% del suministro petrolero mundial, lo que limita su capacidad de influir en los precios internacionales.
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Reacciones del mercado
Según Noah Barrett, analista financiero certificado de la firma internacional Janus Henderson, esto se debe a que el peso de Venezuela en el mercado global es hoy muy reducido: “A pesar de los titulares, es probable que los acontecimientos en Venezuela tengan un impacto limitado en los precios del petróleo a corto plazo. El país representa menos del 1% del suministro mundial y el mercado enfrenta un excedente creciente”.
Barrett añadió que, aunque hay crudo venezolano “atrapado” por las sanciones que podría llegar al mercado, no se espera un impacto significativo en el equilibrio entre oferta y demanda, especialmente en un contexto en el que la Opep+ y otros productores siguen aumentando la producción.
De acuerdo con el análisis de la firma Janus Henderson, si Estados Unidos avanza con una inversión significativa en Venezuela, el aumento de la oferta sería bajista para los precios del petróleo a largo plazo. Sin embargo, se beneficiarían refinerías de la Costa del Golfo, diseñadas para procesar crudo pesado como el venezolano; también lo harían las empresas estadounidenses de servicios petroleros, que podrían participar en la reconstrucción de la infraestructura. Pero la otra cara de la moneda sería por el lado de los productores como Canadá, los cuales podrían verse afectados, ya que parte de su crudo pesado podría ser desplazado por el petróleo venezolano en el mercado estadounidense.
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Control geopolítico, ¿razón oculta?
Según analistas, más allá del “oro negro”, a la potencia norteamericana le resulta especialmente atractivo controlar un territorio que tiene convergencia operativa de tres potencias adversarias en un mismo territorio, como lo son China, Irán y Rusia. En su caso, China ha desarrollado una presencia significativa en Venezuela más allá del petróleo: ha participado en la explotación de minerales estratégicos en el Arco Minero del Orinoco, como tantalio, cobalto y tierras raras, recursos esenciales para industrias tecnológicas y militares. Esta influencia ha sido documentada por medios internacionales como The Diplomat y Reuters.
Adicional, según informes periodísticos internacionales de The Wall Street Journal y medios globales, en Venezuela se habrían instalado plantas de fabricación de drones con capacidad ofensiva vinculadas a Irán, junto con asesores militares, sistemas antiaéreos y capacidades de guerra electrónica con presencia rusa, señalados en reportes de BBC, Al Jazeera y agencias de inteligencia.
Desde esta óptica, la narrativa dominante en Washington, que presenta al petróleo como el principal motor, se queda corta. Incluso hay quienes apuntan a que la motivación real es la evaluación de riesgo del Pentágono, según la cual el establecimiento conjunto de potencias adversarias en Venezuela representa una amenaza superior al umbral tolerable para la seguridad estadounidense.
Ese riesgo percibido incluye no solo el control de recursos naturales sino la configuración de un espacio geopolítico hostil en un punto clave para operaciones militares y de vigilancia estadounidenses en el Caribe, así como la reconfiguración de las cadenas de suministro globales de minerales críticos, donde China tiene una posición dominante en procesamiento y refinación, especialmente de tierras raras esenciales para sistemas de defensa avanzados.
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Pulso con Rusia
No hay que ignorar tampoco que hay una fuerte tensión entre Estados Unidos y Rusia por controles estrictos por el crudo, el más reciente en los últimos días, cuando Washington confirmó la incautación de dos buques petroleros sancionados, uno interceptado en el Caribe y otro en el Atlántico Norte, ambos relacionados con el golpe al crudo venezolano.
“El bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en pleno vigor, en cualquier parte del mundo”, advirtió el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dejando claro que la vigilancia se extiende a rutas marítimas globales.
En paralelo a estas incautaciones, Chevron, la única gran petrolera estadounidense que sigue operando en Venezuela, no solo continúa produciendo junto a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), sino que ha incrementado el uso de buques autorizados adicionales para asegurar el transporte de crudo bajo supervisión. Este esquema permite que ciertos volúmenes fluyan por canales considerados “legítimos”, mientras se bloquea el resto del comercio no autorizado.
Este doble estándar de mano dura contra buques sancionados y flexibilidad para empresas estadounidenses refuerza la tesis de que Washington busca centralizar el control de la cadena petrolera venezolana, desde la extracción hasta la venta internacional, en un momento en el que el propio Donald Trump ha declarado que EE. UU. gobernará las ventas del “oro negro” venezolano “indefinidamente”.
En el entre tanto, Pdvsa confirmó que mantiene negociaciones en curso con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, bajo esquemas similares a los que ya opera con empresas internacionales como Chevron. En un comunicado, la estatal aseguró que las conversaciones responden a dinámicas estrictamente comerciales, se desarrollan dentro de los marcos legales vigentes y están sustentadas en criterios de legalidad, transparencia y beneficio mutuo, sin implicaciones distintas a las propias del intercambio energético internacional. Según Pdvsa, este tipo de acuerdos busca garantizar la estabilidad operativa del sector y se ajusta a mecanismos ya establecidos con otros socios estratégicos.
Desde Washington, el mensaje es más explícito. El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, afirmó que la administración Trump planea controlar las exportaciones de petróleo venezolano y el flujo de caja derivado de esas ventas, con el objetivo de utilizar ese control como herramienta de presión y negociación política. “Si controlamos el flujo de petróleo y el flujo de efectivo proveniente de esas ventas, tenemos un gran poder de negociación”, dijo Wright, al subrayar que esa dominancia es clave para “impulsar los cambios que deben ocurrir en Venezuela”.
En síntesis, el crudo que Trump busca controlar no mueve el mercado, pero sí reordena el poder sobre el principal activo económico de Venezuela. Para Washington, el petróleo del vecino país es una herramienta de presión geopolítica, control financiero y reposicionamiento energético. Para Caracas, representa oxígeno financiero a corto plazo, pero también una pérdida sustancial de soberanía sobre su recurso más estratégico.
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