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Martha Lucía Zamora será la nueva directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica

La designación de la abogada fue confirmada por el equipo de Gustavo Petro.

  • Zamora se venía desempeñando como secretaria ejecutiva de la JEP. FOTO: COLPRENSA/Álvaro Tavera
    Zamora se venía desempeñando como secretaria ejecutiva de la JEP. FOTO: COLPRENSA/Álvaro Tavera
REDACCIÓN Y COLPRENSA | Publicado el 16 de agosto de 2022

La abogada y exfiscal Martha Lucía Zamora será la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el Gobierno de Gustavo Petro.

Aunque el primer mandatario no se ha referido a la designación, como particularmente lo hace por medio de su cuenta de Twitter, su equipo oficializó el nombramiento de quien llegará a liderar esta unidad administrativa, creada para liderar la defensa jurídica del Estado con el fin de proteger los intereses litigiosos de la Nación, como es el caso de la disputa por las aguas de San Andrés y Providencia entre Colombia y Nicaragua.

Zamora llega a reemplazar a César Augusto Méndez, quien pasó a liderar la agencia a comienzos de agosto, luego de la renuncia de Camilo Gómez, quien estuvo encabezando esta unidad administrativa durante el gobierno de Iván Duque.

En el año 2012, Zamora fue nombrada como vicefiscal de la Fiscalía General de la Nación y luego como fiscal encargada. Durante su paso por la entidad trabajó en diferentes casos de suma relevancia, uno de ellos fue el Caso Colmenares.

En el 2014, en la Alcaldía de Bogotá del hoy presidente Petro, fue nombrada secretaria general. En el mismo año también trabajó en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y además de estos cargos, Zamora también fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional.

En los últimos años, esta abogada ha trabajado como investigadora Legal Internacional de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y como directora jurídica de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En este último cargo fue acusada de haber incurrido en los delitos de falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública, perturbación de actos oficiales, entre otros, pero el proceso fue archivado.

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