La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta recuperó su libertad luego de permanecer detenida desde el 18 de junio por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la investigación que adelanta por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
La magistrada Cristina Lombana había ordenado la captura de Martha Peralta para asegurar su comparecencia ante la Corte Suprema durante la indagatoria. Sin embargo, tras cumplir con la diligencia judicial, la congresista quedó en libertad de nuevo.
Inicialmente, se ordenó su conducción a la Corte, aunque Peralta ya se encontraba en las instalaciones del alto tribunal cuando se emitió la medida.
Durante su permanencia bajo custodia, la senadora Peralta fue trasladada a instalaciones de la Dijín en Bogotá.
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Su defensa presentó un recurso de hábeas corpus al considerar que la captura era desproporcionada, pero este fue rechazado por un juez que consideró legal la actuación judicial.
Aunque recuperó la libertad, Martha Peralta suscribió un acta de compromiso mediante la cual se obliga a atender todos los requerimientos de la Corte Suprema de Justicia durante el desarrollo de la investigación.
La congresista del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.
Las pesquisas buscan establecer si participó en un esquema de ofrecimiento de beneficios a cambio de respaldar las reformas de salud y pensional impulsadas por el gobierno de Petro.
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La congresista ha rechazado las acusaciones y sostiene que siempre ha atendido los llamados de la justicia. Antes de rendir indagatoria, afirmó que ha actuado con transparencia y que compareció para aclarar cualquier inquietud de la Corte.
¿De qué señalan a Martha Peralta?
La audiencia de imputación de cargos contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, dejó al descubierto la presunta participación de la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) en la repartija de contratos en el Congreso para la aprobación de reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
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La fiscal del caso explicó que los exfuncionarios definieron las bases del modus operandi, que consistía en garantizar apoyos parlamentarios, entre ellos presuntamente Peralta, mediante la entrega de contratos.
A cambio, los congresistas comprometían su voto, su presencia en el quórum o su participación en debates clave, especialmente en iniciativas relacionadas con el endeudamiento de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público.
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En la audiencia, la Fiscalía se refirió a cuatro proyectos radicados en el Invías por más de $571.000 millones y cinco proyectos en la UNGRD por más de $40.000 millones que hicieron parte del esquema de “cupos indicativos” entregados a congresistas a cambio de votos, quórum y apoyo en debates clave. Siete de estos contratos habrían sido asignados directamente para “comprar” el trámite de las reformas sociales.
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El ente investigador señaló que el exministro Velasco ordenó al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, asistir al debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado el 13 de junio de 2023 y ofrecer contratos a congresistas para ampliar las mayorías que tenían para aprobar ese proyecto.
La imputación sostuvo que ese día López se reunió con la senadora Marta Peralta, quien coordinaba la estrategia del Gobierno, y acordó gestionar proyectos dentro de la Unidad para beneficiar a congresistas.
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