Los sargentos Edison Steven Rodríguez Lancheros y Jorge Alberto Angulo Lozano fueron enviados a prisión porque se les señala de manipular el inventario militar para extraer y comercializar armas, uniformes y municiones. Los hechos habrían ocurrido en los departamentos de Antioquia, Tolima y Choco.
“Son los posibles responsables de extraer armas, municiones, uniformes y otros elementos de los batallones y fuertes militares con multas de tráfico ilícito”, detalló Carlos Roberto Izquierdo, director especializado contra las organizaciones criminales.
Los uniformados tienen acceso directo al almacén y al inventario militar. Bajo esto, se habrían aprovechado de su situación para realizar los hurtos.
El sargento Rodríguez Lancheros era bodeguero en una sede militar de Medellín, pues allí habría robado, de manera sistemática, las armas y municiones. Para evitar que lo descubrieran, alteró los documentos de inventario y adulteró las cantidades del material de guerra que era despachado a las diferentes unidades.
El ente acusador conoció que el militar Rodríguez extrajo una ametralladora M249 y que, para despistar, la reemplazó por una réplica inservible. El suboficial fue trasladado al finalizar el 2022 al Chocó y allí habría continuado con su accionar criminal.
“En las diligencias los investigadores del CTI y del Gaula Militar encontraron 300 cartuchos para fusil, vainillas de proyectiles percutidos, uniformes y un casco del Ejército Nacional ”, detalló la Fiscalía.
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Las autoridades también reportaron la captura del sargento Jorge Alberto Angulo Lozano. El hombre trabajaba como almacenista del Ejército en Medellín y se le señala de modificar el inventario para ocultar la salida de los elementos robados.
Durante una inspección, se constató que el militar Angulo tenía un desfalco en su almacén de 28.000 cartuchos calibre 5.56. Por esta situación, Angulo fue trasladado al Tolima y allí continuó con sus presuntas actividades ilegales.
Ambos deben responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Los capturados militares negaron los hechos de los que se les acusa y, de momento, deben permanecer en un centro carcelario.
