La defensa de Nicolás Petro pidió apartar a la fiscal Lucy Laborde del caso, mientras la funcionaria denuncia presiones internas de la Dirección de Lavado de Activos. La disputa expone tensiones en la Fiscalía justo cuando el hijo del presidente enfrenta un juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El abogado Alejandro Carranza, apoderado de Nicolás Petro, envió una carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que solicita que se replantee la permanencia de la fiscal Lucy Laborde en los procesos penales que adelanta contra su cliente.
En un oficio de cinco páginas, Carranza cuestiona la actitud de Laborde, quien recientemente dirigió a Camargo una comunicación en la que manifestó sentirse afectada en su independencia y autonomía, luego de que se le asignara una fiscal de apoyo (Liliana Mesa Agudelo) sin que ella lo hubiera solicitado.
Además, Laborde aseguró haber sido convocada de forma repentina a reuniones con la dirección de Lavado de Activos y la Corrupción (dirigida por Mesa), donde, según su relato, le exigieron revelar pormenores reservados de la investigación.
En su misiva, la fiscal Laborde señala a Mesa de recibir solicitudes de la defensa de Petro, así como requerimientos formales (derechos de petición) relacionados con aplazamientos de audiencias que, según Laborde, no le fueron informados previamente. Cuestiona que esas intervenciones se presenten como actos administrativos normales cuando, a su juicio, invaden el rol exclusivo del fiscal titular del proceso.
Para la defensa de Petro, la funcionaria incurre en contradicciones y estaría intentando “cubrir errores ya consumados”.
“Aquella carta constituye una estrategia discursiva y política que busca erigir una cortina de humo tan espesa que ahogue a quienes deben ejercer control institucional”, afirmó Carranza en su escrito.
El abogado recordó que en marzo pasado la fiscal Laborde también recibió apoyo técnico en medio de audiencias fallidas y que, en ese momento, lo presentó como un “alivio”, mientras que ahora lo considera una intromisión.
Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, está próximo a enfrentar juicio oral en Barranquilla por el presunto ingreso irregular de 1.053 millones de pesos a sus cuentas bancarias.
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La Fiscalía sostiene que esos recursos habrían sido entregados por empresarios del Caribe con la intención de financiar la campaña presidencial de 2022, pero que en lugar de destinarse a ese fin se usaron para la compra de bienes junto con su entonces pareja, Day Vásquez.
El proceso contra Petro se adelanta por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos y otros cargos. La defensa insiste en que la permanencia de Laborde podría afectar la transparencia de las decisiones que tome la Fiscalía en este caso.
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