La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) informó que a la fecha hay 773 casos confirmados de la covid-19 en las comunidades indígenas del país, 26 fallecimientos, 32 pueblos afectados y 83 personas más en observación.
Las alarmas están encendidas en departamentos como Amazonas, Nariño, La Guajira, Chocó, Cauca, Meta, Arauca y Vaupés, y en los pueblos embera dóbida, yanacona, wayuu, cubeo, zenu, u’wa, betoye e hitnu-macaguán.
Los pueblos con casos son tikuna (218), pastos (56), huitoto (30), cocama (29), misak (29), mokaná (23), yukuna (9), bora (7), embera (7), wayuu (7), matapí (7), yagua (7), cubeo (5), embera chamí (5), nasa (4), inga (5), jiw (3), yukpa (3) y zenú (4).
Con dos casos o menos se encuentran andoque (2), curripaco (2), sikuani (2), yanacona (2), arhuaco (1), karapaná (1), makaguan (1), miraña (1), muinane (1), muinave (1), manimuca (1), u’wa (1) y wounaan (1), mientras que en 298 está pendiente establecer el pueblo indígena al que pertenecen.
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Desde la organización pidieron al Gobierno Nacional una búsqueda activa de casos sintomáticos y asintomáticos, pruebas territorializadas, agilizar la entrega de resultados, brindar garantías efectivas de aislamiento y dotación masiva con elementos de bioseguridad.
Además, pidieron mirar la realidad de la capacidad del sistema de salud con un enfoque territorial, un manejo psicosocial del miedo, fortaleciendo efectivamente la capacidad comunitaria para el tratamiento de la crisis sanitaria y el impulso al encuentro y diálogo entre el enfoque de la medicina tradicional y la intercultural.
La Onic recomendó a las autoridades y organizaciones indígenas prepararse en términos de fortalecer la pedagogía del autocuidado y todas las medidas de bioseguridad colectivas y familiares, gestionar la dotación de tapabocas para todos los comuneros e implementos mínimos de autoprotección, y reforzar los procesos de monitoreo, que permitan realizar microcontención en las comunidades.
También hicieron un llamado a organizaciones defensoras de derechos humanos, a las instituciones y garantes nacionales e internacionales, a incidir y presionar al Gobierno a cumplir con su responsabilidad de proteger la vida de los líderes indígenas y sociales del país.
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