Las denuncias sobre irregularidades y problemas con el suministro de alimentos a los niños y adolescentes en colegios públicos de Colombia han sido una constante en distintas ciudades y departamentos.
Por ello, con el fin de anticiparse a incumplimientos y prevenir hechos que afecten las garantías de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la Procuraduría General requirió a 32 gobernadores y a 64 alcaldes de distritos y municipios certificados para que den un informe detallado sobre la forma en que se está desarrollando el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en sus territorios.
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“Durante el año 2022 hemos advertido retrasos e interrupciones en el inicio en la prestación del servicio y hallazgos en la calidad e inocuidad de las raciones entregadas”, explicó la Procuradora delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Viviana Mora Verbel, detallando que se han presentado “varias alertas en las que se han identificado riesgos de enfermedad transmitidas por los alimentos”, así como “otras situaciones que han incidido en la calidad del servicio”.
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