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En Convención la guerra se alimenta de miedo y extorsión

  • Campo alegre es donde residía el excombatiente Dimar Torres. La coca (fondo) es la principal economía. FOTO Julio César Herrera
    Campo alegre es donde residía el excombatiente Dimar Torres. La coca (fondo) es la principal economía. FOTO Julio César Herrera
Por Ricardo Monsalve GaviriaEnviado especial a Catatumbo* | Publicado el 24 de julio de 2019
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El municipio de El Carmen y sus principales problemáticas serán el eje central de la próxima entrega sobre la visita de EL COLOMBIANO al Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

Convención es una de esas poblaciones incrustada en la mitad de una cadena montañosa en Catatumbo. Sus calles estrechas albergan las trincheras de la Policía y Ejército, cubiertas con telas negras y con pequeños hoyos por donde los uniformados vigilan.

Es un signo de que la guerra sigue activa en la región. Al mirar las paredes de la principal calle comercial del municipio, se ven las marcas. Los muros se convierten en notarios, documentan como cicatrices del conflicto, están rayados con las siglas de los grupos armados, otros están tachados por sus contrincantes, que tratan de borrar de un plumazo la existencia de su rival, así como ocurre en el teatro de la guerra. Se entiende que la zona está en disputa.

En Catatumbo, Norte de Santander, cada vez es más difícil saber de dónde vienen las balas. En la mayoría de los 11 municipios que comprenden esta región fronteriza con Venezuela, los fusiles no son de uso exclusivo de la Fuerza Pública. Las guerrillas del Eln, Epl y unas disidencias del frente 33 de las Farc, en crecimiento constante, también se hacen oír con el sonido del plomo.

Para los cerca de 23.000 habitantes de este territorio, uno de los más afectados por la confrontación, escapar de esta realidad es casi imposible. Sufren de un fenómeno criminal que trasladó el conflicto de la zona rural a la urbana y ha puesto en jaque a su comercio: la extorsión.

Esta confrontación ha sido aprovechada por otros grupos de delincuencia común para extorsionar a los comerciantes. “Yo salí desplazado hace algunos años, volví porque mi conciencia me lo pedía. Ahora, cuando estábamos bien, las llamadas comenzaron, las amenazas volvieron, mi familia está en peligro”, afirma un comerciante de Convención.

Hermes García Quintero, alcalde de la población, añade que los cobros van desde 5 millones de pesos en adelante y que esta situación desplazó el conflicto de la zona rural a la urbana. “Este año van 17 homicidios, dos de ellos de comerciantes muy reconocidos y hay que decir que el 70 % de esos crímenes ocurrieron en la cabecera municipal”, dice el mandatario, quien agrega que detrás de las extorsiones “estarían las Autodefensas Gaitanistas, pero la Policía afirma que es delincuencia común”.

El defensor del pueblo, Carlos Negret, recorrió, en compañía de EL COLOMBIANO, esta zona en la que los cultivos de uso ilícito son la economía de los grupos ilegales y la población civil está sometida al accionar violento.

Tras reunirse con la comunidad y autoridades civiles, el defensor del Pueblo afirmó estar preocupado por lo que está ocurriendo.

“Toda esta información nos sirve a nosotros para sustentar nuestros documentos que hacen parte de las alertas tempranas y próximamente estaremos verificando la situación y así emitir una nueva alerta en esas poblaciones porque la ilusión que se tenía con la paz de las Farc, acá no llegó”, dijo Negret.

Desconfianza en zona rural

Campo Alegre es una de las 86 veredas que tiene Convención. Para llegar allí hay que viajar por hora y media entre montañas y por una polvorienta vía rodeada de cultivos de mata de coca que, según afirman los habitantes de esa zona, fue construida y mantenida por la misma comunidad gracias a recursos en su mayoría obtenidos por el producido de esos cultivos de uso ilícito.

“Acá la coca es el presidente de la República, es el Congreso, es la educación, es Invías. Mejor dicho, lo que el Estado no hace para nosotros lo hace la coca, y todo esto es de esta manera porque nos tienen abandonados, es la única alternativa”, dice José Abril, uno de los líderes sociales del Catatumbo.

Campo Alegre se hizo noticia y apareció en el mapa de Colombia por la muerte del excombatiente de las Farc, Dimar Torres, quien fue asesinado por un cabo del Ejército hace tres meses. En ese poblado de ocho casas, un billar, dos tiendas y una pequeña escuela, permanecen los padres de Dimar aguardando una respuesta estatal por lo ocurrido.

“Ni toda la plata del mundo me puede pagar a mi hijo, pero necesito el dinero. Yo soy un viejo que no tiene las mismas capacidades para trabajar y la vieja está enferma. Mi hijo velaba por nosotros”, dice José Torres entre sollozos.

Esta situación desencadenó una desconfianza de casi toda la comunidad contra el Ejército Nacional, que por estos días no es muy bienvenido a la vereda. “Ya tenemos muchos problemas con las confrontaciones entre el Epl y el Eln sumado a la presencia de las disidencias, como para que el Ejército cometa atropellos contra nosotros. Lo que le pedimos al Ejército es que hagan su trabajo bien y no la agarren contra el campesino”, afirmó un representante de dicha población.

Para el defensor Negret, es una obligación del Estado recuperar todo el tejido social que se perdió con el crimen de Dimar Torres.

“Fue una acción de un solo miembro del Ejército, pero la comunidad lógicamente sigue estando preocupada y angustiada. Hay que seguir viniendo para darles tranquilidad”, enfatizó el defensor .

Contexto de la Noticia

PARA SABER MÁS Operatividad del Ejército en Convención

En la zona de Convención se encuentra el Batallón de Operaciones Terrestres N.30 de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército. Según esa institución, en lo que va corrido del año, se ha logrado la captura de cinco supuestos integrantes del Eln y un miembro de la delincuencia común. Así mismo fueron detectadas y destruidas 14 minas antipersonales y se han destruido 11 laboratorios de pasta base de coca. En esta región sus habitantes han realizado varias denuncias en contra de los militares entre los que se cuentan ocupación de bienes indígenas, amenazas, registros ilegales a los habitantes. Por esta razón, comunidades piden retirar las bases militares de cascos urbanos.

Ricardo Monsalve Gaviria

Periodista. Magíster en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados de la Universidad Complutense de Madrid

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