La confrontación arancelaria que inició esta semana el gobierno del presidente Daniel Noboa en Ecuador escaló tan rápido que en menos de dos días, ambos países, muy a las maneras de Donald Trump, se impusieron aranceles recíprocos del 30 %, se cortó el suministro de energía de un lado de inmediato, y se anunció una tarifa para el paso del crudo por oleoductos por el otro.
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Y es que Noboa, desde Davos, donde se llevó a cabo el Foro Económico Mundial, señaló al gobierno Petro de hacer poco por la seguridad de la frontera, en la que grupos armados ilegales manejan las rutas del narcotráfico. Por esa razón, anunció la imposición de aranceles del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, a partir del 1 de febrero.
La respuesta del Gobierno colombiano, que no dudó en imponer el mismo arancel, fue más allá, pues suspendió el suministro de energía al vecino país desde el jueves, 22 de enero, a las 6:00 de la tarde. Un golpe fuerte, si se quiere, pues Colombia cubre cerca del 12 % de la demanda energética de Ecuador.
Pero Ecuador atacó de nuevo y anunció “reciprocidad” en las tarifas de transporte del crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), una infraestructura clave que ha permitido a Colombia exportar su petróleo de manera más eficiente desde 2013.
Tras el fin de las agresivas medidas de parte y parte, la diplomacia colombiana citó a una reunión este domingo en Ipiales, Nariño, para evitar una escalada en el conflicto arancelario; sin embargo, la Cancillería del país vecino anunció que no asistiría por temas de agenda.
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La Comunidad Andina de Naciones (CAN) pidió la postergación de los aranceles entre Ecuador y Colombia y se ofreció como mediador para un “diálogo estrecho” entre las partes y este sábado, el mandatario colombiano, abrió la puerta a una conversación con su homólogo para evitar que la situación avance, pero con condiciones y recordando acciones que el Gobierno ha realizado para combatir el negocio del narcotráfico que en los últimos años ha originado una espiral de violencia en suelo ecuatoriano.
“Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos”, escribió Petro en su cuenta de X explicando su condición. “Creemos que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo”, agregó.
Petro sostuvo que las bandas que “crecen en Ecuador”, cuyos líderes, dijo, “hemos capturado en Colombia (...) se están especializando en el transporte de sustancias en los dos sentidos, cocaína hacia afuera e insumos de fentanilo hacia adentro. Los insumos de fentanilo solo pueden entrar por buque mercante y a puertos sobre los que hay que establecer un férreo control”.
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“El desplazamiento de rutas de la cocaína, que antes usaban puertos marítimos de Colombia en el Pacífico hacia el Ecuador, trae como contrapartida la entrada y transporte al norte de América de contrabandos mucho más peligrosos que la cocaína”, insistió.
Fue entonces cuando defendió que los esfuerzos de su Gobierno, en coordinación con las autoridades de Ecuador, dieron como resultado la apertura del Centro de Coordinación de Inteligencias que se inauguró en Manaos, y, recordó que “aceptaron del lado ecuatoriano esta política de mayor acción antimafiosa”. También destacó que más de 22.000 familias colombianas erradican la mata de coca en la zona de frontera. “Estamos visualmente cambiando el territorio”, concluyó.
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