En una accidentada jornada en el Senado, Carlos Camargo con 62 votos contra 41 fue elegido magistrado de la Corte Constitucional.
“Claro, fue una paliza”. En estos términos, visiblemente desconcertada y sin ambage alguno, la senadora oficialista Martha Peralta describió el revés mayúsculo que sufrió ayer el Gobierno de Gustavo Petro en la plenaria del Senado de la República.
Si bien durante la última semana se habló de un cabeza a cabeza y una reñidísima competencia entre Carlos Camargo y María Patricia Balanta en carrera por llegar a la Corte Constitucional, al final los pronósticos en los mentideros políticos fallaron.
El exdefensor del Pueblo se impuso con el respaldo de independientes y oposición, pero con amplía mayoría: 62 votos. Por su parte, la jurista valluna –que llegaba con el guiño del petrismo– se hizo a 41 apoyos, mientras que el abogado Jaime Humberto Tobar obtuvo cero votos.
Semejante diferencia en los cálculos de lado y lado llevó al propio jefe de Estado a tomar decisiones. EL COLOMBIANO informó ayer en primicia que, tras lo ocurrido, en Palacio se pidieron las renuncias de los ministros Diana Marcela Morales (Comercio, Industria y Turismo), Antonio Sanguino (Trabajo) y Julián Molina (Tecnologías de la Información y de la Comunicación-TIC).
Ese hecho, que en la práctica implica dinamitar la coalición de gobierno, desnuda quiénes serían los responsables, según el Ejecutivo, de la estrepitosa derrota. Se trata de congresistas del Partido Liberal –quienes tenían como cuota en el Gobierno a la ministra de Comercio–, del Partido de La U –que nominó al ministro de las TIC–, y de la Alianza Verde –cuya cuota era el ministro de Trabajo que, dicho sea de paso, intentó entrar ayer al recinto, pero por orden de la mesa directiva no pudo participar en la plenaria–.
Las cuentas señalaban que, además de los 25 votos del Pacto Histórico y Comunes, Balanta sumaría al menos siete apoyos de los verdes, cuatro de La U y seis votos del Liberal. Sin embargo, los cálculos no dieron y el petrismo perdió en su propósito de sumar mayorías en la Corte Constitucional, considerado el tribunal de mayor prestigio y envergadura en el ordenamiento jurídico. Justo allí llegarían iniciativas que siguen oxigenando adeptos petristas, como la reelección y una eventual constituyente.
“Tenemos que revisar nuestra estrategia. Estas no eran las expectativas en la elección, pero se respeta la democracia. Aquí algo en la estrategia política está fallando. Tenemos que revisar. Pensábamos que la diferencia iba a ser reñida y que incluso habría empate, pero algo falló y alguien no está diciendo la verdad al interior de la bancada”, lamentó la senadora Peralta.
Otra es la realidad en las toldas independientes y opositoras. En cabeza de Cambio Radical y Centro Democrático, las bancadas lograron moverse para asegurar los votos necesarios para la elección de Camargo, que con este sumó tres triunfos en línea en el Congreso: cuando fue elegido magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2014 y 2016, luego cuando fue escogido defensor del Pueblo en una terna presentada por el expresidente Iván Duque (2020) y ahora como magistrado de la Corte.
Sin embargo, su elección no estuvo exenta de controversia. Desde su misma nominación en la terna de la Corte Suprema de Justicia hubo cuestionamientos por supuestos nombramientos y favores políticos que habría cobrado para asegurar un puesto en la puja. De hecho, fuentes le comentaron a este diario que en los últimos días incluso ofreció puestos en la Universidad Sergio Arboleda, de donde era vicerrector.
Tras su demoledora victoria, el nuevo magistrado se refirió a esos señalamientos. “Yo a través de mis dos décadas de trayectoria en lo público, en lo privado, he demostrado mi ejercicio en cada una de mis responsabilidades con total independencia y apegado a la Constitución y a las leyes”, dijo.
Camargo destacó que la elección fue “ejemplar y transparente”, y se comprometió a defender la Constitución en pro de “las garantías y de las libertades fundamentales”.
La jornada de este miércoles en el Senado no estuvo exenta de controversia e incluso, por momentos hubo más discusiones jurídicas que políticas. De fondo se discutía si algunos congresistas podían ejercer su derecho al voto a la luz de sanciones internas de sus partidos, donde fueron objeto de castigos e inhabilidades. Cada voto inclinaba la balanza y de allí la polémica.
Si bien la sesión estaba citada para las 9:00 de la mañana, hasta las 11:00 arrancó en ciernes. Previamente, desfilaron por el salón social del Senado los aspirantes, quienes hasta último momento trataban de pescar en río revuelto en búsqueda de votos.
La primera controversia ocurrió en un asunto que parecía de mero trámite, pero que pareció ser un presagio para lo que pasaría horas después. Los senadores votaron impedimentos y presuntos conflictos de intereses por cercanías, relaciones y afinidades con los ternados. El tema hace parte de la tramitología parlamentaria. Sin embargo, hubo sorpresas.
Cuando se llegó el momento de votar el impedimento de la senadora Isabel Zuleta, oposición e independientes se movieron con sagacidad para aceptarlo, un asunto inusual que sorprendió a los mismos petristas. Sin embargo, la congresista aclaró que el impedimento era para conformar la Comisión de Acreditación que verificaría la votación, mas no para participar en la elección. Al final, se ratificó la decisión y no pudo votar. Primer revés para el Gobierno.
Sin embargo, minutos después hubo vía libre para otro hecho que reconfiguró las fuerzas: la plenaria –por solicitud del propio senador– aceptó el impedimento de Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, quien, aunque seguro votaría a favor de Camargo, pidió apartarse del proceso debido a su cercanía familiar con el exdefensor del Pueblo, quien es esposo de su hermana. Hasta aquí parecían equilibrarse las cargas. No obstante, aún faltaban polémicas.
Justo en momentos en los que el Congreso escuchaba a los ternados y esperaba tomar una decisión, en el CNE también se libraba una estratégica votación. El organismo electoral tumbó una medida cautelar que le permitía votar a la senadora Ana María Castañeda, sancionada por Cambio Radical.
Si bien el mandamás de la colectividad, Germán Vargas Lleras, fue de los primeros en prender las alertas e insistió en que un eventual triunfo de María Patricia Balanta le aseguraría mayorías a Petro en la Corte, esta elección ratificó que dentro de su bancada hay quienes le copian al Gobierno. Se trata no solo de Castañeda, sino del senador Temístocles Ortega, que otrora sonó para ser embajador.
Por cuenta de ese conato de indisciplina y negarse a participar en la votación contra la célebre consulta popular del presidente, tanto Ortega como Castañeda fueron castigados a no tener voz ni voto en el último año de sesiones. Sin embargo, impugnaron ante el CNE que, en una serie de ires y venires entre martes y miércoles, cobijó y luego negó su eventual participación. Al final, en medio del galimatías jurídico, la mesa directiva del Senado zanjó y permitió su derecho al voto.
“Hemos asistido a un manoseo absolutamente inaceptable (...) yo no represento un partido aquí (...) han intentado, sobre la base de marrullas jurídicas, callarnos la voz. Mientras no haya decisión definitiva tenemos el pleno derecho a votar y debatir”, reclamó el senador Temístocles Ortega. “La política se dignifica cuando se ejerce con libertad, no con sometimiento. Estoy habilitada, a pesar de la violación reiterativa que ha hecho el partido en contra mía”, sostuvo por su parte Castañeda.
El senador Richard Fuelantala, del movimiento de Autoridades Indígenas (AICO), presentaba una situación similar. También fue sancionado internamente por su colectividad asegurando no seguir las directrices en favor del Ejecutivo dado que son partido de gobierno. El congresista reivindicó que el asunto no se ha resuelto y al final también pudo participar.
Sin embargo, las decisiones del CNE y sus dimensiones justo en medio del proceso levantaron ampolla en la mesa directiva. “Me parece una falta de respeto que estando en plena votación –y quiero decirlo de manera categórica– el CNE nos mandé una decisión. No es de muy buen recibo; sin embargo cumplimos con lo que determinaron al último momento, es decir, a quemarropa”.
Por cuenta de lo anterior, hoy ya hay dudas jurídicas sobre la validez de la sesión y cuestionamientos alrededor de si se cumplió o no lo dispuesto por el CNE frente a si ciertos congresistas tenían derecho al voto. En un país de abogados no faltará quién demande el proceso.
Actualmente, en el alto tribunal, en teoría, hay dos magistrados cercanos al Gobierno. Se trata de quien fuera secretario Jurídico de Petro, el magistrado Vladimir Fernández, así como de Héctor Carvajal, que llevó la defensa del Presidente ante el CNE por presunta violación de topes de financiación. A ellos se sumaría el magistrado Miguel Efraín Polo, que aunque fue ternado por el Consejo de Estado, obtuvo el guiño del petrismo en la elección. Por ahora, no han mostrado gran distancia del Gobierno.
En medio quedan los magistrados Natalia Ángel y Juan Carlos Cortés, quienes han votado decisiones clave a favor del Gobierno, aunque también otras en detrimento de sus intereses. Por ello, son considerados independientes, –eso sí– con matices. Finalmente, de lado crítico al Ejecutivo se encuentran los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Paola Andrea Meneses, Lina Marcela Escobar, y ahora el entrante Carlos Camargo.
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