El presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo. Entre ellas, la del máximo cabecilla, “Chiquito Malo”, y la de aquellos que tienen solicitudes de extradición. Esto, para facilitar su traslado a zonas de ubicación temporal el próximo 25 de junio.
Cabe recordar que “Chiquito Malo” asumió el mando de la organización tras la extradición a Estados Unidos de alias “Otoniel”, durante el gobierno de Iván Duque.
Se reitera que, en la resolución, revelada por Blu Radio, se abarcan órdenes con fines de extradición. Es decir, individuos solicitados por la justicia norteamericana que evadirían esta medida para movilizarse hacia puntos específicos de concentración, como la zona de distención del Caguán en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).
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¿Dónde serían las zonas de ubicación?
El objetivo de esta resolución permitiría el reagrupamiento de los integrantes del grupo en las denominadas Zonas de Ubicación Temporal. Estas serían en Tierralta, Córdoba, y Belén de Bajirá, Chocó.
Y, como se enunció, el proceso de traslado está programado para que se inicie el próximo 25 de junio de 2026, de manera gradual y progresiva. Es decir, pocos días después de la segunda vuelta presidencial, si la hay.
La resolución tiene un carácter territorial, restringido y finalista. Es decir, el levantamiento de las órdenes de captura solo es válido para el desplazamiento a estas zonas de ubicación.
El crecimiento del clan del Golfo
En 2025, el vacío general por la inexistencia de un marco jurídico de sometimiento y la desarticulación entre la estrategia de seguridad y la política de paz permitieron al Clan del Golfo y a las disidencias duplicar su control territorial y militar, aprovechando la suspensión de órdenes de captura y las figuras de “gestores de paz” para evadir la acción penal mientras se agudizaba la crisis humanitaria advertida por Human Rights Watch.
Un informe de esa organización, conocido a principios de febrero, calificó el 2025 como el año con “una de las peores situaciones humanitarias de la última década”. Esta conclusión se sustentó en cifras que evidencian el crecimiento exponencial de los grupos armados bajo la política de “Paz Total”.
En ese momento, Gerson Arias, investigador de seguridad y conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), reveló la magnitud de este fortalecimiento: el Clan del Golfo, bajo el mando de alias ‘Chiquito Malo’, pasó de tener incidencia en 208 municipios al inicio del actual Gobierno a controlar 300 territorios en 2025.
El crecimiento no fue solo territorial, sino militar. Arias detalló que el pie de fuerza de esta organización narcoparamilitar saltó de 4.000 integrantes en 2022 a 9.840 en 2025. De igual forma, las disidencias de las Farc duplicaron sus filas, pasando de 5.200 a casi 10.000 combatientes, y expandieron su influencia de 117 a cerca de 300 municipios.
“Los ceses al fuego instaurados durante 2023 permitieron la expansión de los grupos, disminuyeron la eficacia de la Fuerza Pública y, por tanto, permitieron un mayor control”, explicó Arias, quien agregó que el problema de fondo radica en el “grado de gobernanza criminal”, incluyendo el control absoluto sobre la vida cotidiana de las comunidades.
Para Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, el error estructural que facilitó este escenario fue la equiparación jurídica de grupos de delincuencia organizada con organizaciones de origen político. El jurista explicó que, al no existir una distinción clara, se metió a “todos en un mismo saco” —desde el Clan del Golfo hasta bandas como Los Pachenca— para obtener beneficios sin las exigencias propias de un proceso de paz.
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“Se ha fomentado el fortalecimiento de la criminalidad”, afirmó Bernate. El experto señaló que la figura de los “gestores de paz” terminó generando “unos espacios de impunidad muy importantes” y se “desdibujó” por completo. Según su análisis, esta figura permitió que un número importante de criminales, muchos sin representatividad real dentro de los grupos, lograran su libertad, lo cual “terminó favoreciendo mucho su impunidad”.
Bernate advirtió que el levantamiento de órdenes de captura sin una contraprestación verificable de paz envió un “mensaje perverso” y consolidó una “impunidad de facto”. Aunque aclaró que la Fiscalía General no prevaricó al suspender las órdenes —pues actuó bajo el amparo de la ley vigente—, la consecuencia práctica fue una “inacción investigativa” en las zonas de cese.
“Al final, el riesgo es un riesgo de prescripción de las investigaciones o de los juicios que estaban en curso, de manera que ese sí es un escenario muy indeseable”, dijo el penalista.
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