Después de tres años en los que una de las empresas más importantes y que más plata maneja de Colombia, Nueva EPS, estuviera a ciegas con sus finanzas, este jueves la ciudadanía pudo conocer un primer abrebocas de esas cifras. Aunque no están con el visto bueno de la revisoría fiscal —familiar del excongresista petrista Inti Asprilla—, la aseguradora presentó ante la Superintendencia de Salud, la Contraloría y el ministerio del ramo los estados financieros correspondientes a 2023 y 2024.
Las cifras consignadas en ese informe —que están disponibles para consulta pública en la página de la entidad— muestran dos grandes hechos graves: el primero, que la EPS presenta pérdidas de $4,8 billones y deudas por $22,5 billones; el segundo, que una de las tesis del presidente Gustavo Petro sobre el sistema de salud se cayó en perjuicio de los pacientes.
Una consigna que ha repetido como un mantra el actual Gobierno es que los recursos para la salud son suficientes y que si no alcanza es porque hay “corrupción” o “robo” por parte de privados. La plata a la que hace referencia es a la unidad de pago por capitación (UPC), que el Estado le entrega a las entidades promotoras de salud (EPS) para la atención de sus afiliados; mientras que los que “se la roban”, según él, son los dueños de esas empresas. Sin embargo, esa tesis ha sido rebatida por académicos, por la Corte Constitucional y ahora por los estados financieros de la Nueva EPS: la aseguradora con más usuarios del país.
Hay que recordar que la presentación de esos datos se hizo por orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues desde septiembre de 2023 no los presentaban. Para entonces, los resultados integrales (ingresos versus gastos) fueron de $54.127 millones, mientras que sus pasivos (deudas y obligaciones pendientes de pago) fueron de $6,6 billones.
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Así las cosas, el agente interventor de esa EPS, Jorge Iván Ospina, radicó los de 2023 y 2024, pero todavía no los de 2025. “Agradezco a todos quienes hicieron posible esta reconstrucción financiera con los debidos soportes y las notas técnicas; llegué a pensar que no lo lograríamos durante este Gobierno. Creo que si seguimos por el camino de la reorganización empresarial que adelantamos, la Nueva EPS no tendría que ser liquidada”, aseguró.
Cifras demoledoras
Los balances de la aseguradora muestran que una parte significativa de los recursos que espera recibir aún no ha ingresado a sus cuentas. En total, reporta $9,51 billones en cuentas por cobrar, de los cuales la mayor proporción corresponde a obligaciones del Estado, principalmente de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres).
Los números son demoledores: la utilidad bruta pasó de $0,58 billones en 2022 y de $0,39 billones en 2023 (antes de la intervención) a -$4,23 billones en 2024. Mientras que los pasivos totales (deudas) pasaron subieron de $5,42 billones en 2022 y de $6,17 billones en 2023 a $22,55 billones en 2024. Esto quiere decir que sus deudas subieron en un 265,4% en apenas un año.
Esto significa que buena parte de los activos registrados por la entidad no está disponible para atender pagos a clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios de salud. Entre las cuentas pendientes figura una deuda de $5,49 billones asociada a los llamados “Deudores del Sistema”.
A ello se suman $1,14 billones que la ADRES adeuda por recobros de tecnologías y servicios de salud no financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según el informe, parte de esos recursos lleva entre dos y tres años pendiente de giro e, incluso, existen saldos que superan los cinco años de antigüedad.
Además, permanecen en trámite otras cuentas por cobrar por $1,28 billones. La situación financiera también refleja un incremento en otras obligaciones. Los pagos derivados de fallos de tutela pasaron de $15.004 millones en 2023 a $107.950 millones en 2024, mientras siguen pendientes recursos asociados a presupuestos máximos por cerca de $150.000 millones.
Las dificultades de liquidez se evidencian en las obligaciones con la red prestadora. Nueva EPS informó que mantiene facturas pendientes de pago por $4,21 billones correspondientes a servicios ya prestados por hospitales y clínicas, un monto que representa un aumento del 266% frente al año anterior. A esto se agregan reservas técnicas por $11,5 billones y recursos por $254.427 millones que permanecen inmovilizados debido a embargos judiciales.
Los estados financieros también reflejan el desequilibrio entre los ingresos y el costo de la atención en salud. Durante 2024, la EPS recibió $22,2 billones, principalmente por concepto de la UPC, pero destinó $26,4 billones únicamente a cubrir la prestación de servicios médicos. Como resultado, cerró el año con pérdidas por $4,8 billones, un patrimonio negativo de $11,9 billones y pasivos que ascendieron a $22,5 billones, cifra que supera ampliamente el valor de sus activos, calculados en $10,6 billones.
Pese a ese panorama, la administración destacó algunos avances en el proceso de reorganización. Entre ellos figura un aumento del 30% en el efectivo disponible, que alcanzó los $642.991 millones, producto de una redistribución de recursos hacia equivalentes de efectivo.
Así mismo, reportó un saneamiento contable de reservas por $277.064 millones y la incorporación de obligaciones acumuladas de años anteriores que no habían sido registradas de manera completa en los balances.
El modelo de Petro fracasó
Un aparte del Estado de Resultados, compartido en un comunicado de prensa por Nueva EPS, señala que este mostró “cuánto recurso recibió la EPS y cuánto costó atender a sus afiliados durante el año” y que para 2024 esa entidad “registró ingresos ordinarios por $22,2 billones, mientras que el costo de prestación de servicios de salud fue de $26,4 billones”.
Así mismo, indicó que “los gastos administrativos fueron de $0,5 billones”, los cuales fueron “cerca del 2,5 % de los ingresos ordinarios”. Por esa razón, los números advierten que “el resultado del año fue una pérdida de $4,8 billones”.
Incluso, esos datos los traduce en palabras sencillas en estos términos: “la pérdida no se explica principalmente por la administración de la entidad, sino por el desbalance entre los recursos que entran al sistema y el costo real de atender a los afiliados, entendiendo que los recursos de 2024 estaban asumiendo compromisos de vigencias anteriores”.
En ese sentido, hay que mencionar que desde que subió al poder, el presidente Gustavo Petro —y quienes ha tenido en los altos cargos del sector salud de sus Gobierno— ha mantenido una narrativa mentirosa contra el sistema de salud colombiano, al que acusa de ser “mercantilista”, “neoliberal”, “privatizador” y hasta de “negociar con la muerte”.
En ese discurso infundado hay una que ha sostenido con especial ahínco: que la UPC es y ha sido suficiente, por eso los ajustes que el Minsalud le hizo por decreto entre diciembre de 2022 y de 2025 siempre estuvieron por debajo de lo que se necesitaba, que no era solo lo que pedían las EPS y gremios económicos, sino lo que economistas de la salud e investigadores sostenían para que en el sector no hubiera un colapso financiero y humanitario.
Los ajustes que hizo el Gobierno en esos años fueron insuficientes, como lo aseguró la Corte Constitucional con el Auto 007 de 2025. De hecho, allí declaró la insuficiencia de la UPC de 2024 y que el rezago venía desde 2021 y se extendió por 2022 y 2023.
Así las cosas, el hecho de que los estados financieros de Nueva EPS —que aún no tienen certificación de la revisora fiscal, Gladys Asprilla— dejen consignado literalmente que el gasto para la atención de sus pacientes fue más caro que lo que les ingresó deja pintado de cuerpo completo que la UPC es insuficiente. Esta es una verdad y un hecho que el Gobierno Petro ha intentado negar argumentando que aumentarla es darle más plata a los privados que “se la han robado”: una acusación que ha repetido en cuatro años, por ejemplo, contra el exintegrante de la Junta Directiva de Nueva EPS, Enrique Vargas Lleras. Dos fallos de tutela le han ordenado retractarse por eso.
Y si bien el caso puntual es de Nueva EPS, la insuficiencia también aplica para las demás: cálculos del observatorio Así Vamos en Salud advierten que la siniestralidad alcanzó el 105,6 %. Esa palabra significa la diferencia entre ingresos y gastos, es decir que por cada $100 que le ingresan a una aseguradora por UPC, se gasta $105,6.
Lo preocupante de esto es que aún falta por conocerse los números de 2025, que puede seguir marcando números en rojo, si conserva la tendencia de entre 2022 y 2024. Y también faltan los del primer semestre de 2026.
Aunque el interventor Ospina asegura que por ahora se aleja el fantasma de la liquidación, el hecho de que de 2023 a 2024 los pasivos (o sea, las deudas) pasaran de $6,17 billones a $22,55 billones plantean la pregunta sobre qué pasará con esta EPS en el Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.
Su plan es, en principio, inyectarle a todo el sistema de salud $10 billones. ¿Cómo hará entonces el equipo que ponga al frente de las entidades de salud (ministerio, superintendencia y Adres) para abordar un problema que afecta la vida de 11 millones de personas?
Hablan los que pusieron la tutela y lucharon para que se conociera esta “caja negra”
Aunque publicar los estados financieros no es un favor, sino una obligación para las empresas en Colombia, la Nueva EPS no los presentaba desde septiembre de 2023 y el país los empezó a conocer este jueves gracias a una acción de tutela que interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe).
Tras estudiar el caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Nueva EPS publicar los estados financieros de 2023, 2024 y 2025. De hecho, concluyó que la entidad incumplió obligaciones legales de divulgación de la información.
En ese sentido, Andrés Caro, director de FEDe. Colombia, explicó que la publicación de los estados financieros de Nueva EPS —anunciada esta semana por el interventor Jorge Iván Ospina— está directamente relacionada con la acción de cumplimiento que la organización interpuso contra la EPS.
“La entidad no lo hacía desde 2023, algo especialmente grave tratándose de una EPS bajo intervención forzosa por irregularidades en su información financiera, y de cuyas cifras depende el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación para el mayor número de afiliados del país”, dijo a este diario.
Caro recordó que el Tribunal fue claro en que “se trata de obligaciones de resultado, y desestimó los argumentos de la EPS sobre procesos internos de saneamiento como justificación para la demora, advirtiendo que ya habían transcurrido más de 37 meses desde el vencimiento del plazo original”.
No obstante, el vocero advirtió que la publicación reciente no cumple cabalmente con el fallo. “Encontramos que la publicación no está completa. Lo de 2023 corresponde a estados financieros preliminares de marzo, junio y septiembre, sin notas ni el detalle exigido; lo de 2024 sí se publicó en debida forma.
Vale recordar que, a finales de abril, la intervención del Gobierno a la Nueva EPS entró en revisión disciplinaria de la Procuraduría por posibles irregularidades en el proceso que llevó a la toma de posesión y a la prórroga de la medida administrativa sobre la entidad.
El caso se centra en actuaciones ocurridas a partir del 10 de abril, cuando se expidió la resolución que formalizó la intervención forzosa de la Nueva EPS.
Entre las presuntas fallas se menciona la ausencia de un informe técnico de la Dirección de Inspección y Vigilancia, la falta de solicitud de conceptos especializados para sustentar la medida y la omisión de información clave que debía acompañar la decisión.
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