A poco más de un mes de finalizar el mandato de Gustavo Petro, distintos procesos de contratación, vigencias futuras y nombramientos en entidades como la Superintendencia de Notariado y Registro, los ministerios de Educación, Defensa, Transporte, Salud y Relaciones Exteriores, están en el centro de la discusión del empalme con el gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella.
Las decisiones, adoptadas en la recta final de la administración, comprometerían recursos públicos por más de 57 billones de pesos para los próximos años.
Las alertas se conocieron tras revelaciones de varios medios en los que se advierte sobre contratos de gran magnitud financiados mediante vigencias futuras que se extenderían incluso hasta 2035 y 2036.
Uno de los puntos más sensibles está en el sector Defensa, donde las Fuerzas Militares y la Policía adelantan procesos contractuales por 13 billones de pesos, amparados en un CONPES aprobado el 27 de marzo de 2026.
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El informe advierte que los procesos ya están en curso y podrían ser adjudicados antes del 7 de agosto, lo que dejaría comprometidos recursos estratégicos para la nueva administración.
La distribución sería la siguiente: Ejército, $5,8 billones para aeronaves, blindados, antidrones e inteligencia; Armada, $3,4 billones para embarcaciones fluviales, fragatas y vigilancia costera; Policía Nacional, $2,3 billones para equipos tácticos. Fuerza Aeroespacial, $1,3 billones para tecnología de control aéreo y el programa de los aviones Gripen.
El documento revelado también cuestiona el contrato del Escudo Nacional Antidrones, estimado en $6,3 billones, por posibles sobrecostos, exclusión de oferentes y dudas sobre el proceso de contratación, lo que podría generar controversias jurídicas posteriores.
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Hay que recordar que con la finalización del periodo electoral y el levantamiento de las restricciones de la Ley de Garantías, las entidades del Estado recuperaron la posibilidad de adelantar procesos de contratación, suscribir convenios y reactivar proyectos que permanecían suspendidos durante los meses previos a las elecciones.
¿Esto qué significa en la práctica? Que se permite contratar en distintos sectores, como infraestructura, educación, salud, conectividad y desarrollo regional que habían sido aplazadas, aunque también marca el inicio de una intensa actividad contractual en el cierre del actual gobierno y el comienzo del proceso de empalme con la administración entrante de De la Espriella, proceso que está liderando el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.
Sin embargo, expertos en contratación estatal consultados por EL COLOMBIANO recuerdan que el fin de la Ley de Garantías no elimina los controles sobre el manejo de los recursos públicos.
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Modalidades como la contratación directa o los convenios interadministrativos continúan siendo mecanismos legales cuando cumplen los requisitos establecidos, mientras que las alertas emitidas por los organismos de control tienen un carácter preventivo y no constituyen, por sí solas, una irregularidad o una sanción.
Educación: $13 billones
El Ministerio de Educación también concentra otra de las alertas. La cartera adelanta procesos de infraestructura educativa por más de $13 billones, con ejecución proyectada hasta 2036, en el marco del Plan Nacional de Espacios Educativos.
Entre los procesos figuran una licitación por $6,2 billones y tres contratos de asistencia técnica que superarían los $6,8 billones, destinados a construcción, adecuación y mejoramiento de colegios en distintas regiones del país el representante electo David Cote expresó reparos sobre algunos de estos procesos, en especial un contrato directo con la Universidad de Antioquia por más de $3,2 billones, al considerar que existen dudas sobre la capacidad técnica para su ejecución.
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También se conoció la participación de un consorcio entre la Universidad de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid en otro proceso superior a $3,8 billones.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, defendió la continuidad de los proyectos y afirmó que el Gobierno debe avanzar hasta el último día en la ejecución de la política de infraestructura educativa.
Transporte y salud
Las advertencias también alcanzan al sector infraestructura, donde se señala que el Gobierno comprometió $15,05 billones para el programa ‘Vías para la Paz’, con vigencias futuras entre 2026 y 2035.
El proyecto, estructurado bajo el CONPES y con aval del CONFIS, contempla 20 intervenciones viales en regiones como el Pacífico, Catatumbo, La Guajira, La Mojana, Antioquia, Arauca, Cundinamarca, Huila y Putumayo.
En paralelo, se asignó $3,02 billones para la modernización de la red hospitalaria, con ejecución entre 2026 y 2031.
Los recursos permitirán intervenir 102 sedes hospitalarias y dotar 13 hospitales públicos. En conjunto, estos dos programas comprometen más de $18 billones en infraestructura vial y hospitalaria para la próxima década.
Supernotariado y Cancillería
En la Superintendencia de Notariado y Registro también se registran movimientos contractuales.
La entidad adelanta la estructuración de un proceso por aproximadamente $19.439 millones para la renovación e integración de infraestructura tecnológica y consultoría especializada en datos y centros de cómputo.
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Aunque el proceso aún no ha sido publicado en el Secop II, la Superintendencia confirmó que se encuentra en fase de estudio de mercado con el fin de definir condiciones técnicas y proveedores, en medio de reportes de fallas de conectividad en el sistema registral.
En paralelo a los procesos contractuales, se expidieron una serie de decretos con nombramientos de notarios en distintas regiones del país.
Entre ellos figuran designaciones en Bogotá, Medellín, Cartagena, Pasto, Cúcuta, Bucaramanga y Barrancabermeja, además de la creación de la Notaría 82 de Bogotá, ubicada en San Victorino.
Algunas de las personas nombradas son Sandra Lucía Hincapié Galindo, exfuncionaria de Colpensiones e hija del presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, cercano al presidente Petro; Yeny Paola Garzón Reyes, designada en la Notaría 37 de Bogotá, quien es cercana al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
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Por otro lado aparecen nombres como Adriana María Mejía Aguado, cercana a la primera dama Verónica Alcocer. José Ritter López Peña, exsenador, nombrado en la Notaría Quinta de Cali y Davet Patiño Sánchez, designado en la Notaría Cuarta de Cúcuta, anteriormente fue director territorial del Ministerio de Trabajo en Norte de Santander.
La Superintendencia de Notariado defendió las decisiones al señalar que obedecen a vacancias existentes y al cumplimiento de la Ley 588 de 2000, mientras que el proceso tecnológico corresponde únicamente a un estudio preliminar.
La Cancillería quedó igualmente bajo observación tras el nombramiento de Elvira Sanabria como primera secretaria de Relaciones Exteriores en el consulado de Nueva Loja, Ecuador, mediante decreto firmado el 26 de junio de 2026.
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La designación fue cuestionada por el equipo de empalme, que había solicitado suspender nombramientos en la recta final del Gobierno.
Sin embargo, el presidente Petro respondió que su administración mantiene todas sus facultades constitucionales hasta el 6 de agosto.
Un empalme con lupa
La primera reunión formal entre el Gobierno saliente y el equipo del presidente electo Abelardo De la Espriella se realizó en la Casa de Nariño en medio de un ambiente de tensión política y administrativa.
Fuentes del proceso señalan que todos los contratos, vigencias futuras y nombramientos realizados en la recta final del mandato serán revisados por el nuevo gobierno, que evaluará su legalidad, conveniencia y sostenibilidad fiscal.
Mientras el Gobierno Petro sostiene que las decisiones buscan garantizar la continuidad de proyectos estratégicos hasta el final de su mandato, el equipo entrante ha advertido que examinará cada compromiso adquirido en las últimas semanas debido a su impacto en las finanzas públicas y la planeación del próximo cuatrienio.
El vicepresidente José Manuel Restrepo dijo que en el empalme, en cuanto a la información que más le preocupa y la institución donde deben prenderse alertas, son principalmente el Ministerio de Defensa y la Cancillería, aunque tienen identificados otros movimientos.
“Decisiones con relación a equipamiento militar. No son decisiones millonarias, sino billonarias, entre 8 y 13 billones de pesos. Detrás de esas grandes compras hay dudas. Son hechas a última hora y son compromisos gigantescos que dejan al gobierno entrante, sobre la base de negociaciones donde existen inquietudes sobre cómo ha sido el proceso”, dijo a La FM.
También habló de los “abusos en nombramientos en provisionalidad de varios cargos en la Cancillería. Preocupa porque son funcionarios del Estado, amigos del gobierno (actual), que se nombran así en la carrera, de tal manera que hay ‘atornillamiento durante un periodo de tiempo’”.
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