El reto de las autoridades electorales y de todo el aparato estatal en general, para proteger y darle seguridad a la contienda democrática que está por comenzar en las localidades, es enorme.
Trashumancia, compra de votos, falta de claridad en la financiación de campañas, amenazas a los precandidatos y en algunos casos hasta asesinatos, hacen parte de la antesala de unos sufragios que vaticinan como suele pasar en el país, jornadas permeadas por la violencia y la corrupción.
Para evitarlo, el Gobierno presentó el Plan Ágora, mediante el cual buscará la transparencia y la seguridad para el proceso electoral.
En la explicación del plan, a cargo del Ministerio del Interior, el presidente Iván Duque sostuvo que son pocas las condenas existentes en el país por delitos contra el sufragio.
“Hay grupos ilegales al servicio del narcotráfico y minería ilegal, que se quieren hacer al poder para proteger sus intereses criminales. Hay que identificar a esos candidatos que desde ya buscan alianzas con esos grupos”, denunció el primer mandatario.
Las acciones del plan
Según Mininterior, 130 municipios representan el mayor riesgo de captura del Estado, y pueden arriesgar cerca de 15 billones de pesos del presupuesto público.
Antioquia fue catalogado como un departamento prioritario por alerta de trashumancia. Además, las regiones de Urabá y Magdalena Medio, también fueron incluidas por la compleja situación del orden público e influencia de grupos al margen de la ley.
Entre las medidas anunciadas por el ejecutivo está la creación del Grupo de Reacción Inmediata Electoral, Grie, encargado de diseñar una estrategia de articulación estatal y garantizar el desarrollo de los comicios. También habrá una ruta especial de protección para candidatos, acompañamiento de instituciones de seguridad y protección para el partido Farc y se activará una ruta especial de la Comisión lntersectorial para la Respuesta Rápida a las alertas tempranas, Ciprat.
El presidente Duque pidió revisar el código nacional electoral para introducirle reformas que se puedan aplicar desde estas elecciones.
El papel de otras entidades
No basta con las intenciones del Gobierno Nacional, para mitigar los delitos electorales y lograr que los comicios sean más transparentes y seguros, la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral (CNE), Misión de Observación Electoral (MOE) y la Registraduría, serán parte activa del Plan Ágora.
Pedro Felipe Gutiérrez, magistrado del CNE, informó que esa dependencia sigue alertando sobre trasteo de votos y vigilando sobre propaganda electoral extemporánea.
El fiscal general encargado, Fabio Espitia, dijo que el ente acusador tiene a 243 funcionarios dedicados a los cinco tipos penales en el proceso electoral: tráfico de votos, elección ilícita de candidatos, fuentes de financiación prohibida, violación de topes de campaña y omisión de información del aportante. Y agregó que la Fiscalía tiene dispuestos más de 6.000 investigadores en las 35 direcciones seccionales para la jornada del 27 de octubre.
Juan Carlos Galindo, registrador nacional, destacó que a diferencia de 2015, cuando el país tuvo cerca de 8.000 estaciones de biometría, este año la cifra asciende a 14.500, ubicadas donde se da la suplantación de electores. “Las autoridades pueden revisar el preconteo en tiempo real. Las actas de los jurados de votación se van a digitalizar, una petición reiterativa de los partidos políticos”, indicó Galindo.
Violencia y poco control
Desde el 27 de octubre hasta el 27 de junio, 80 dirigentes políticos fueron amenazados y 17 fueron asesinados en Colombia. (Ver infografía).
Los departamentos en los que más amenazan a políticos son: Arauca (16) y La Guajira (14). Antioquia está en séptimo lugar con tres casos.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, advirtió que el 59 % de las denuncias recibidas tienen que ver con propaganda extemporánea. “Se han desvirtuado los grupos significativos de ciudadanos, no hay reportes de su financiación.
El 27 de este mes vence el plazo de inscripción de candidatos e inicia la publicidad en el espacio público. Un punto de partida para calibrar qué tan preparadas están las autoridades, en una campaña que hasta ahora, apenas se asoma.
470
quejas ha recibido la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral desde el 11 de octubre.
