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Un préstamo enreda a Fajardo con la justicia
Se firmó, en 2013, por 77 millones de dólares cuando era gobernador de Antioquia. La Fiscalía advierte de posibles irregularidades, por las que le imputará cargos. ¿Se afecta su candidatura?
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La Fiscalía imputará a Sergio Fajardo por presunto peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. FOTO ESTEBAN VANEGAS.
01 de abril de 2021
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La Fiscalía General de la Nación reveló ayer que le imputará cargos ante la Corte Suprema de Justicia al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama, por presuntas irregularidades en la celebración, hace ya ocho años, de un contrato de empréstito o préstamo para la sustitución de deuda.
Según el ente investigador, Fajardo será imputado por peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ya que los elementos materiales probatorios recaudados demostrarían fallas en el contrato, suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre la Gobernación y el Banco CorpBanca Colombia S.A.
Entre los argumentos contra el exgobernador, la Fiscalía expuso que para firmar dicho contrato de empréstito, que ascendió a 77 millones de dólares de la época, no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribirlo en moneda extranjera. Tampoco existió, agregó, “una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”.
En esa línea, se señaló que esta situación se reflejó en el aumento de la deuda general del departamento que, en su momento, pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1,2 billones de pesos.
“Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015, su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos”, expuso la Fiscalía.
Decisión generó debate
Tras conocerse la decisión de la Fiscalía sobre la imputación a Fajardo, aparecieron diversas reacciones (ver recuadros) y un debate en torno a las causas de la imputación contra el exmandatario antioqueño.
Uno de los primeros en pronunciarse fue Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien consideró que es grave que la Fiscalía pretenda volver un delito los movimientos no anticipados del precio del dólar, porque “bajo esa teoría deberían ser imputados todos los servidores públicos que contrataron créditos en dólares antes del 2014”.
En ese sentido, el investigador económico de la Universidad Sergio Arboleda, Luis Fernando Ramírez, planteó que el riesgo cambiario siempre existe y explicó que es algo que las empresas y gobiernos tienen que calcular en sus proyecciones financieras.
“No se puede exigir a un funcionario que sepa con exactitud cuál será la cotización de una divisa o el valor final de un contrato que se hace en moneda extranjera, ya que para eso existen las coberturas cambiarias”, apuntó. No obstante, este último mecanismo, según la Fiscalía, fue el que la Gobernación de Fajardo no utilizó en la contratación.
Ante este panorama, uno de los conceptos jurídicos que apareció en medio del debate fue el del penalista Francisco Bernate, quien cuestionó que la Fiscalía vaya a imputar a Fajardo por peculado por apropiación en favor de terceros debido a la presunta inadecuada planeacion de un contrato, y discutió que esto se haga porque el crédito se contrató en dólares y, pasados los años, con la devaluación se aumentó el monto de la deuda.
“De manera que Sergio Fajardo tenía que ser adivino, imaginarse cómo iba a fluctuar el dólar, y se señala expresamente que todo lo que pase dentro de su mandato es su responsabilidad”, expuso Bernate en sus redes sociales.
En conversación con EL COLOMBIANO, el abogado Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, apuntó que se debe considerar que al exgobernador la Fiscalía también lo imputará por presunta celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
“Ningún funcionario público puede celebrar los contratos que quiera sin antes haber agotado el trámite legal; hay un estatuto de contratación que si no se cumple, puede dar lugar a investigaciones. Fajardo tiene derecho a defender su inocencia y ya veremos sus argumentos”, dijo.
Este diario trató de contactarse con Sergio Fajardo para conocer su reacción, pero él decidió hacer un único pronunciamiento en Twitter: “Como siempre, listo para responder por mis actuaciones, pero pediré formalmente al fiscal Francisco Barbosa que presida un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación”.
Impacto político
Este proceso contra el exgobernador antioqueño se destapó 22 días antes de que la ‘Coalición de la Esperanza’, de la que hace parte Fajardo, presentara su plan para llegar al Congreso y definir la forma de elegir a quien los representará en las presidenciales de 2022.
En ese contexto, Bernate añadió que jurídicamente este proceso no es viable, por lo que planteó que la única lectura de la imputación de cargos anunciada por la Fiscalía sería una política. “El solo hecho de llamarlo a una imputación es determinante en una campaña electoral”, apuntó.
Arrubla planteó que no considera que el ente investigador, al mando de Barbosa, “esté pretendiendo sacar del plano político al exgobernador, pues solo investiga el caso, que es lo que le compete hacer”.
Por otra parte, dejó en claro que el político antioqueño en este momento no está impedido para aspirar a la Presidencia porque no está privado de la libertad y no ha sido suspendido, pero consideró que “el efecto político sí es aplanador, ya que con un proceso de estos le quedará muy difícil hacer campaña”.
Ya son dos políticos que han ocupado el cargo de gobernador de Antioquia que son objeto de decisión penal por la Fiscalía de Barbosa; el otro es Aníbal Gaviria, quien fue recapturado el pasado 3 de marzo, señalado de presuntas irregularidades entre 2005 y 2007 derivadas de las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz, en el Bajo Cauca.
A diferencia del caso del gobernador electo actual -cobijado por la figura de casa por cárcel-, en el proceso contra Fajardo la Fiscalía decidió no solicitar medida de aseguramiento.
Según explicó Arrubla, como este proceso se enmarca en la Ley 600 del 2000, “habrá una audiencia para imputar cargos, la Fiscalía mandará su opinión a la Corte y esta decidirá si lo llama o no a indagatoria. Esto, para mí, apenas comienza”, concluyó
El expresidente de la Corte dijo que después de que la Fiscalía comunique al alto tribunal lo encontrado y este decida si llama o no a indagatoria, vendrá la etapa de investigación de la Corte, la calificación de la investigación y la decisión de si llama o no a juicio
77
millones de dólares fue el valor del préstamo hecho por la Gobernación de Fajardo.
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