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Procuraduría investiga a 10 gobernadores por problemas con el PAE
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Las investigaciones son de tipo disciplinario. FOTO COLPRENSA
La Procuraduría General de la Nación abrió diez investigaciones disciplinarias a gobernadores de Arauca, Atlántico, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Santander, Sucre y Vaupés, por presunta demora en adelantar la contratación para seleccionar el operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE), para la vigencia 2018, que pudo afectar a más de 653.300 niños, niñas y adolescentes beneficiarios.
Se trata de Ricardo Alvarado Bestene (Arauca), Eduardo Verano de la Rosa (Atlántico), Álvaro Pacheco Álvarez (Caquetá), Oscar Rodrigo Campo Hurtado (Cauca), Jorge Emilio Rey Ángel (Cundinamarca), Carlos Eduardo Osorio Buriticá (Quindío), Oscar Barreto Quiroga (Tolima), Didier Alberto Tavera Amado (Santander), Édgar Enrique Martínez Romero (Sucre) y Jesús María Vásquez Caicedo (Vaupés).
Para el caso de Arauca, el órgano de control investiga también a la secretaria de Educación, Nelcy Orely Rojas Mojica, por una presunta mora por parte de la administración departamental en adelantar el proceso contractual para seleccionar el operador del PAE, lo que generó la no prestación del servicio desde el 29 de enero de 2018, fecha en que inició el calendario escolar, hasta el 20 de marzo, cuando empezó el suministro del complemento alimentario a los 14.793 estudiantes.
Por los mismos hechos el ente de control abrió investigación al gobernador de Atlántico y su secretario de Educación, Dagoberto Barraza San Juan. Al parecer, en el departamento no se prestó el servicio desde el primer día del calendario escolar y se empezó a suministrar hasta el 21 de marzo a 48.226 beneficiarios.
En Caquetá se investiga a la secretaria de Educación, Amita Cedeño Ospina, debido a que el servicio se empezó a prestar hasta el 20 de marzo a 30.723 estudiantes; así como en el Cauca, donde Yolanda Meneses Meneses, secretaria de Educación y Cultura, es investigada porque el servicio empezó a prestarse hasta el 5 de marzo a 159.737 estudiantes.
La Procuraduría decretó la práctica de pruebas con el objetivo de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, y el perjuicio causado a la administración pública por los particulares investigados.
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