La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) anuló el archivo preliminar del caso y dispuso retomar las averiguaciones disciplinarias contra funcionarios de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema ,por la presunta filtración a medios de un borrador de fallo reservado formulado contra el ministro del Interior, Armando Benedetti. La resolución llega tras la apelación presentada por el mismo Benedetti frente a la decisión de archivo de la Comisión Seccional de Bogotá.
Según la nueva decisión del 7 de octubre, se debe “analizar con mayor exhaustividad la presunta filtración a los medios de comunicación” para establecer si servidores judiciales estuvieron involucrados en la divulgación de documentos reservados.
El caso nació a partir de una queja formal presentada por Benedetti el 24 de enero de 2024, en el que el ministro sostuvo que el despacho de la magistrada Cristina Lombana Velásquez habría suministrado clandestinamente el proyecto de fallo que proponía una medida de aseguramiento contra él.
Según los antecedentes, ese proyecto fue retirado por la Sala de Decisión el 2 de junio de 2022. No obstante,la versión del denunciante asegura que el texto reservado apareció en medios en noviembre de 2023, contrariando el carácter confidencial del proceso penal en curso.
Aunque es algo que, de acuerdo con publicaciones de Benedetti en la red social X, viene desde años anteriores.
Volviendo con el proceso, la Comisión Seccional que archivó originalmente la indagación consideró que no existían pruebas suficientes para acusar directa o indirectamente a los funcionarios señalados. En su fallo, argumentó que, durante 2023, el despacho de Lombana no habría tenido acceso al expediente y que el documento en cuestión circuló por múltiples oficinas del poder judicial, lo que dificultaba precisar origen.
La CNDJ estimó que esas conclusiones no agotaban las posibilidades de investigación y que corresponde explorar con mayor profundidad rutas de trazabilidad, funcionarios implicados y mecanismos internos que posibilitaron la filtración.
Panorama del proceso contra Benedetti
El expediente penal que involucra a Armando Benedetti analiza un presunto incremento patrimonial de $2.971 millones de pesos sin respaldo contable o financiero, detectado durante los años en que ejerció como congresista. De acuerdo con los informes citados en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, ese monto forma parte de la investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.
Entre los hechos examinados figura un préstamo registrado a nombre de una persona fallecida, operación que no cuenta con trazabilidad bancaria ni registro tributario.
También se incluyen negocios con su excuñado, Carlos Alberto Dada hijo, quien aparece en los reportes como prestamista y socio en varias transacciones. Según el expediente, el préstamo atribuido a Dada no figura ante la Dian y el propio Dada no tenía fondos en sus cuentas para respaldar esa operación.
Dada también aparece en los informes judiciales como prestamista y partícipe en varios movimientos financieros analizados dentro del proceso. Su nombre también trascendió públicamente cuando se conoció que viajó en el mismo jet privado en el que Benedetti trasladó a la niñera Marelbys Meza a Venezuela, hecho que antecedió al escándalo por la pérdida de dinero en la residencia de Laura Sarabia.
En la documentación se menciona además movimientos de dinero en efectivo que habrían sido utilizados para cubrir pagos de tarjetas de crédito y consumos personales junto con transferencias internacionales por 465.000 dólares efectuadas por Elsy Pinzón, quien fue asesora en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Benedetti entre 2010 y 2017. Estas transferencias fueron incluidas dentro del conjunto de pruebas analizadas por el despacho de la magistrada Cristina Lombana Velásquez.
La defensa de Benedetti ha negado que existe delito alguno y sostiene que los recursos tienen origen lícito. Afirma que las operaciones financieras mencionadas se encuentran respaldadas por su actividad profesional y por movimientos personales justificados.
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