El ministro del Interior designado criticó el proyecto que radicó la administración saliente que busca cambiar los cambios hechos al Sistema General de Participaciones.
El ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara, anunció que una de las primeras tareas a partir del 7 de agosto será retirar el proyecto de Ley de Competencias radicado por el gobierno saliente de Gustavo Petro.
El funcionario que hará parte de la siguiente administración acusó a la propuesta del gobierno saliente como “antitécnica” y señaló en conversación con la revista Semana que esta carece de la concertación necesaria con los mandatarios regionales.
“Les preocupa a los gobernadores, es una ley antitécnica, es una ley que debió concertarse más, se retira inmediatamente. Se retira para construir un texto que corresponda al espíritu de la Constitución, que corresponda a un traslado cierto, concreto, gradual de competencias en un proceso de valoración”, afirmó ante el medio mencionado Lara, agregando que el gobierno de De la Espriella tiene un “compromiso de descentralización”.
El próximo ministro del Interior se refirió al proyecto de ley que radicó la administración que termina el 7 de agosto y que pretende hacerle varios cambios a la reforma aprobada en el 2024 por iniciativa del Congreso al Sistema General de Participaciones (SGP).
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La iniciativa pretende redefinir funciones y establecer qué responsabilidades le corresponden a la Nación y cuáles a los departamentos, distritos y municipios.
El proyecto define un plazo de 12 años para que las transferencias de la Nación a las regiones pasen del 29,5% al 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), pero estipula que los entes territoriales solo recibirán los recursos adicionales una vez que estén listos para asumir nuevas tareas delegadas por el Gobierno nacional.
La radicación del proyecto de Ley de Competencias ya había generado cuestionamientos. Desde la Federación Nacional de Departamentos (FND) señalaron el temor de que dicha normativa se use para asignar múltiples responsabilidades a las regiones sin que el dinero transferido alcance para cubrirlas, generando una “asfixia fiscal”.
También se criticó que el proyecto se limite a una transferencia sectorial de porcentajes sin considerar una visión regional diferencial que atienda las necesidades específicas de zonas como la Amazonía o la Orinoquía. Sobre la iniciativa, se alertó que más de 400 municipios en el país no tienen la infraestructura ni el personal para asumir las competencias que el proyecto pretendía transferirles.
El SGP es el mecanismo financiero mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere recursos del Presupuesto General de la Nación a departamentos, municipios y distritos, garantizando la financiación de sectores como educación, salud y otras necesidades como agua potable y saneamiento básico.
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