La Superintendencia de Salud anunció este lunes que activó un “plan de choque nacional” en ocasión del incremento sostenido de peticiones, quejas y reclamos (PQR) relacionados con barreras de acceso y demoras en la entrega de medicamentos y tecnologías en salud. Con esto, la entidad expuso que pondrá la lupa en el uso de los recursos del sistema, por medio de la unidad de pago por capitación (UPC).
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Según explicó la Supersalud, el plan tendrá una duración inicial de nueve meses y tendrá un alcance nacional progresivo para articular obligatoriamente a las entidades promotoras de salud (EPS) intervenidas y no intervenidas, instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), gestores farmacéuticos, secretarías de salud territoriales y otros actores del aseguramiento y prestación.
Este plan tendrá como objetivo identificar y corregir las causas raíz que generan barreras administrativas, logísticas y financieras en la entrega de fármacos; garantizar la oportunidad, continuidad y calidad en el acceso a las tecnologías prescritas; fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre el flujo y destinación de los recursos de la UPC y otros fondos públicos para evitar su desviación o uso inadecuado; así como reducir drásticamente los tiempos de respuesta y el cierre definitivo de las PQR de medicamentos.
Para esto, la superintendencia anunció que hará visitas integrales sorpresa de auditoría y verificación a EPS, IPS y gestores farmacéuticos; requerimientos con plazos perentorios y seguimiento diario; mesas técnicas obligatorias de concertación y solución; revisión exhaustiva del flujo de recursos entre actores para identificar retardos en pagos o cualquier práctica que comprometa la liquidez necesaria para la adquisición y dispensación de medicamentos; al igual que la activación prioritaria de mecanismos de conciliación para evitar que la falta de pago entre actores se traduzca en afectación directa al usuario.
“La superintendencia mantendrá un monitoreo continuo y en tiempo real de los indicadores de desempeño, con aplicación inmediata de medidas cautelares, sanciones, órdenes administrativas y, de ser necesario, extensión o prórroga de intervenciones cuando se evidencie riesgo sistémico para el derecho a la salud o manejo irregular de recursos”, explicó la entidad en un comunicado de prensa.
La estrategia, aseguró la Supersalud, terminará con una evaluación de resultados, la verificación independiente del impacto en los usuarios y el cierre definitivo de las PQR priorizadas, con lo cual se espera dejar consolidadas las mejoras estructurales y las responsabilidades individuales e institucionales en los incumplimientos.
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Vale recordar que el pasado 5 de noviembre la Defensoría del Pueblo reveló un reciente informe que los usuarios y pacientes están asumiendo con su propio dinero el costo de medicamentos esenciales que las entidades prestadoras de salud (EPS) no entregan a tiempo, llegando en algunos casos a gastar hasta el 90 % de sus ingresos mensuales.
El estudio determinó el impacto económico de la falta de entrega oportuna de seis medicamentos clave: Metformina, Valsartán e Insulina Glargina —usados en tratamientos para la diabetes y la hipertensión—; además de fármacos esenciales en salud mental y neurológica, como la Quetiapina y el Ácido Valproico, y en salud materna, como el Ácido Fólico.
Según los cálculos de la Defensoría, basados en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane, el costo del tratamiento mensual de estos medicamentos puede representar entre un 7% y un 90% de los ingresos de una persona, dependiendo de su nivel económico. Este gasto, advierte el informe, “afecta el goce de otros derechos como a la alimentación, educación y vivienda digna”.
El informe llamado “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”detalló las barreras y dificultades que los pacientes están teniendo para acceder a sus tratamientos o medicinas sin demoras.
Desde enero de 2020 hasta agosto de 2025 se instauraron 1’003.147 acciones de ese recurso legal. En 2020 se presentaron 81.736; en 2021 pasaron a 92.372; en 2022 el número alcanzó las 156.357; en 2023 llegaron a 197.737; en 2024 subió a 265.173 y en 2025 se tiene proyectado que alcancen a ser 314.658.
Lo anterior quiere decir que en 2024 el número de tutelas se incrementó en un 34,1 %, con respecto a 2023; así mismo, que en 2025 el porcentaje podría ser del 18,6 %, con respecto a 2024.
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