El centro de pensamiento Así Vamos en Salud publicó un informe sobre la gestión de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) entre 2019 y 2025. Las conclusiones son alarmantes. Según el documento, en 2024 esa entidad llegó a un déficit de $2,1 billones.
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Vale recordar que el Fomag es la entidad —adscrita al Ministerio de Educación— que administra y paga las prestaciones sociales (salud, pensión y riesgos laborales) de los profesores.
Ese déficit, dice la organización, fue histórico, pues equivale al 184 % más de lo que ese fondo tuvo de ingresos en ese año. Y, además, alertó que para este 2025 se proyecta un déficit de $568.000 millones sobre la apropiación inicial, incluso sin tener en cuenta los ajustes por inflación ni por el incremento del costo médico.
Ante lo anterior, el informe asegura que ese escenario expone serios riesgos para la sostenibilidad financiera del sistema de salud de los maestros del sector público.
Los hallazgos del sistema de salud de los profesores
Así Vamos en Salud señaló que no hay reporte consistente de gastos e ingresos y de balances financieros fiables del Fomag que permita un seguimiento transparente de su ejecución presupuestal por parte de la Superintendencia de Salud y de los ciudadanos.
Por otro lado, el informe del centro de pensamiento advirtió que 2024 fue un año crítico para las finanzas del Fondo del Magisterio, pues los recursos que ejecutó alcanzaron los $4,8 billones. Esta cifra superó en un 184 % los ingresos que tuvo, los cuales se ubicaron en $2,6 billones.
Esta anomalía estuvo marcada por el crecimiento del costo médico, que se reflejó en el aumento sostenido de tratamientos de alto costo; los contratos de servicios asistenciales, que aumentaron la carga creciente para el presupuesto; así como los fallos judiciales y conciliaciones, que hicieron que la entidad tuviera que destinar recursos adicionales que no estaban planeados.
De igual manera, el análisis encontró que la red de prestadores de servicios de salud del Magisterio depende fuertemente del sector privado, puesto que el 76 % de los hospitales y clínicas que atienden a esta población son privadas. Además, cuenta con 2.561 IPS y 6.032 sedes.
En ese sentido, señala que 13 de esas sedes no están habilitadas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps), lo cual muestra una posible ausencia de mecanismos de vigilancia y control de esas entidades.
Así se comportaron las quejas en salud de los profesores
En cuanto al comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) se observó un incremento progresivo entre 2017 y 2025, aunque en este año hubo una caída importante de las cifras llegando a 19.440, después de haber alcanzado 25.366 quejas en 2024.
“El descenso presentado puede ser una señal de avance en la gestión del modelo o una alerta de opacidad en el acceso a mecanismos de participación o subregistro”, dijo el informe al respecto.
Al respecto, se encontró que las reclamaciones se concentraron en tratamientos críticos de enfermedades como quimioterapia, radioterapia, procedimientos cardíacos y hemodiálisis.
El análisis comparó las tasas de PQRS por cada 10.000 afiliados y encontró que el Magisterio se ubica dentro de las diez primeras entidades con mayor proporción de quejas, que es donde coinciden varias de las EPS actualmente intervenidas. Esto sugiere que a pesar de ratarse de un régimen especial, este modelo enfrenta desafíos similares a los del régimen contributivo y subsidiado en cuanto a oportunidad, acceso y calidad de la atención.
Finalmente, se hizo una caracterización de la población afiliada a este régimen especial, en la que la mayoría son mujeres y en la que predominan los profesores que tienen entre 45 y 65 años. También muestra que el 50 % de los afiliados se concentra en siete departamentos y que tiene una carga de beneficiarios menores de edad y adultos mayores.
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